El concurso de méritos para seleccionar a tres jueces de la Corte Constitucional (CC) avanza con tropiezos. A ellos los designan una Comisión Calificadora que está integrada por personas nombradas por la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social (que la integran nueve entidades del Estado).

De estas mismas tres funciones provienen los candidatos a ser jueces.

Actualmente esta comisión organiza el concurso público para designar a tres jueces, como parte de una renovación parcial. Según la Constitución, los nueve magistrados de la Corte Constitucional ejercerán sus funciones por un periodo de nueve años y serán renovados por tercios cada tres años.

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De esta forma, en febrero del 2022 tres nuevos jueces deberán posesionarse en sus cargos, en remplazo de tres que saldrán mediante un sorteo público previsto a realizarse en enero próximo.

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Pero el concurso enfrenta tropiezos. Uno de ellos es que la terna proveniente de la Legislatura no fue admitida por la Comisión porque no se remitieron los expedientes físicos de los concursantes debidamente certificados. El plazo vencía el 11 de octubre a las 17:00.

Ese lunes en horas de la noche el pleno de la Asamblea recién aprobaba con 89 votos la designación de Milton Velásquez Díaz, Pamela Aguirre Castro y Luis Sarango Macas como los candidatos.

Su resolución fue remitida a la Comisión por correo electrónico a las 22:18 y no de forma física.

La presidenta de la Comisión, Vanessa Aguirre, dijo en declaraciones para Ecuavisa, que aceptar esta terna afectaría la transparencia del proceso, pues el plazo fue planteado para las tres funciones y dos de ellas cumplieron con lo establecido.

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Incluso el reglamento aprobado para ejecutar esta selección señala que las “candidaturas serán presentadas en la Secretaría Técnica de la Función de Transparencia y Control Social, en la dirección y horarios especificados en la petición”.

En respuesta, la Asamblea pidió mediante un comunicado público a los comisionados que revisen su decisión de no admitir sus candidatos “en aras de llevar adelante un proceso transparente”. Aún se desconoce la decisión que tomará la Comisión.

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El segundo hecho que preocupa a los comisionados es que los seis candidatos propuestos por Carondelet y por la Función de Transparencia no cumplieron con los requisitos determinados para ser juez de la más alta magistratura del Ecuador.

Transparencia candidatizó a Jorge Benavides Ordóñez, Mauricio Guim Alfago y María Fernanda Álvarez Alcívar. El Ejecutivo a Andrés Martínez Moscoso, Bárbara Terán y Jhoel Escudero Soliz.

La Comisión dio un plazo de tres días para que adjunten documentación faltante para ser admitidos.

El comisionado Medardo Oleas advirtió que ninguno de los seis candidatos de estas dos funciones cumplió con los requisitos y que pese a que se les haya dado un plazo adicional para adjuntar documentación adicional, no contarían con los certificados que acrediten la experiencia.

“Es lamentable lo que estamos viendo. Las funciones del Estado no están tomando en consideración que se está eligiendo a las autoridades del más alto órgano de justicia constitucional. Mandan como candidatos a gente que no tienen los requisitos mínimos. Son jóvenes que están terminando su carrera, posgrados… que no tienen experiencia. La visión de las dos funciones es lamentable”, señaló en una entrevista en radio Centro.

Detalló que al conocerse el informe de revisión de requisitos se propuso que se declare desierto el concurso, pero finalmente se decidió dar tres días a las funciones para que completen documentos.

El artículo 12 del reglamento para la ejecución del concurso determina que en el caso de que un candidato no cumpla requisitos o no haya subsanado la falta de documentación o se encuentre inhabilitado, será descalificado y se darán tres días y por una sola vez para que se nomine a un nuevo candidato.

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Si la nueva postulación vuelve a incumplir también será descalificada y no se podrá volver a presentar otro candidato.

Entre los requisitos y prohibiciones para ser juez constan estar en ejercicio de los derechos de participación política, tener título de tercer nivel en derecho reconocido en el país, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años. Demostrar probidad y ética.

Se inhabilitará a quienes sean parte o hayan pertenecido a la directiva de una organización política en los diez años inmediatamente anteriores a su postulación; quienes tengan contrato con el Estado; si adeudan pensiones alimenticias; aquellos que estén suspendidos en el ejercicio de la profesión, quienes sean cónyuge o conviviente, o sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de un miembro de la Corte o de la Comisión.

Completada esta fase, se convocará a la impugnación ciudadana, para que la ciudadanía pueda objetar las postulaciones por incumplimiento de requisitos o si incurren en las prohibiciones, o por falta de probidad notoria para ejercer un cargo.

De forma paralela, la Comisión convocará a integrar una veeduría ciudadana nacional o internacional que observe la transparencia de los procedimientos.

Luego, se procederá con la calificación de méritos, la prueba escrita y oral.

El reglamento prevé una evaluación sobre 100 puntos. La formación y experiencia profesional sobre 20 puntos; los conocimientos se dividirán en 40 puntos el examen escrito y 40 la comparecencia oral.

Por ejemplo, el ejercicio de la magistratura tendrá 9 puntos, al igual que el patrocinio profesional y la docencia universitaria. (I)