El gobierno de Daniel Noboa y su bancada en la Asamblea Nacional exigen una depuración de la Función Judicial por denuncias de actuaciones irregulares de los jueces y fiscales; sin embargo, el Ejecutivo mantiene paralizado el proceso para elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), que es la institución encargada de administrar la carrera y profesionalización judicial.
El CJ está formado por cinco miembros y desde 2024 está incompleto por renuncias, juicios políticos y procesos judiciales en los que incurrieron varios de sus exmiembros, involucrados en casos de corrupción.
Ahora funciona con Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, quienes a su vez están en funciones prorrogadas, ya que hace cinco meses se acabó el periodo de seis años para el que fueron electos y no hay quién los reemplace.
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Bajo ese escenario, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCS), encargado de elegir a estas autoridades, no ha hecho el proceso para seleccionar a los nuevos vocales.
El 31 de diciembre pasado, el CPCCS dio un término de diez días —que consta en el reglamento de selección que aprobó el mismo organismo— para que las instituciones remitan las ternas de sus candidatos: quince en total.
Pero dos de las fuentes nominadoras no las han enviado.
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Van 176 días (seis meses) sin que el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, envíe su terna con tres nombres, pese a que el CPCCS le insistió por una vez más que “comedidamente” lo haga. No hubo respuesta.
Por su parte, en una inédita decisión, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y asambleístas aliados decidieron el 6 de junio pasado “dejar sin efecto” una resolución tomada por los legisladores del periodo anterior que propusieron su terna.
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Paralelamente, ADN resolvió avanzar en el trámite del juicio político a la consejera Solanda Goyes, acusándola de incumplir sus funciones; por lo que, de confluir en su destitución y censura, la Judicatura pasaría a tener solo dos vocales: Mario Godoy y Yolanda Yupangui. De esta forma, quedaría inmovilizada para cualquier acción, ya que requiere de una mayoría simple para funcionar.
En todo caso, el Consejo de Participación “acogió” la resolución de la Asamblea y el 11 de junio pasado le concedió otros diez días —a partir de la notificación— para que proponga una nueva lista de tres candidatos.
La importancia del Consejo de la Judicatura radica en que, según la carta política, es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y, como parte de sus atribuciones, debe dirigir los procesos de selección de jueces y servidores de la Función Judicial y administrar la carrera y profesionalización de ese sistema.
En los dos últimos años se hicieron dos concursos públicos para escoger a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y de las judicaturas provinciales, pero se anularon debido a hechos irregulares que están en investigación.
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Por ahora, la Judicatura no ha empezado otro proceso para elegir jueces, entre otros motivos, porque su pleno está incompleto.
En este contexto, los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, acusan a la Función Judicial de tener jueces y fiscales que actuarían para liberar a delincuentes detenidos en los operativos en el denominado conflicto armado interno.
Para respaldar esa “cruzada”, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, de mayoría oficialista, citó a los dos ministros a exponer sus preocupaciones y ahí pidieron tomar medidas para purgar el sistema.
No obstante, esto depende del Consejo de la Judicatura, que hace los procesos administrativos para elegir jueces y fiscales.
Al ser consultada sobre el tema, la vocera del Palacio de Gobierno, Carolina Jaramillo, evadió responder cuándo el Ejecutivo enviará su terna.
Aunque aseguró que seguirán actuando con “contundencia y denuncia respecto de los jueces que actúen en contra de la ley”. “Vamos a seguir develando a los jueces que otorguen medidas a favor de delincuentes”, enfatizó la funcionaria en su declaración de prensa de este lunes.
Ese día, el titular (e) de la Fiscalía General, Wilson Toainga, acudió a la mesa de Fiscalización y detalló, por ejemplo, que hacen falta alrededor de 600 fiscales para realizar las investigaciones y que muchos de los operadores del sistema necesitan medidas de protección por amenazas del crimen organizado.
En respuesta, John Reimberg, ministro del Interior, lo exhortó a “dejar atrás el espíritu de cuerpo” y a no salir a “defender lo indefendible”.
En una entrevista para radio Centro, de Guayaquil, de este lunes, 24 de junio, detalló que hay 114 fiscales que cuentan con la seguridad de 183 policías y que 90 jueces tienen 136 uniformados protegiéndolos.
“Eso le faltó al fiscal decir y no decir que no les damos la protección”, regañó el secretario de Estado en el programa de opinión y afirmó que el Ministerio de Gobierno podría decir cuándo se enviará la terna para integrar la Judicatura.
Días atrás, la Corte Nacional de Justicia difundió un pronunciamiento en el que admitió que el sistema “enfrenta importantes desafíos que requieren ser revisados y fortalecidos, pero ello debe darse bajo el respeto de la independencia judicial y autonomía de las funciones del Estado”.
“La utilización o la difusión de información imprecisa o distorsionada para deslegitimar a los operadores de justicia no solo vulnera los derechos individuales, socava las bases más elementales del Estado de derecho y amenaza la estabilidad institucional”, menciona el comunicado en el que se pidió “defender la verdad por encima de cualquier sesgo y al respeto entre las funciones del Estado”.
¿Cómo se elige a los vocales del Consejo de la Judicatura?
La Judicatura se compone de cinco vocales principales y suplentes, cuyas candidaturas provienen de ternas enviadas por la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y la Corte Nacional de Justicia. Es decir, quince nombres.
La Fiscalía, la Defensoría Pública y la Corte Nacional de Justicia enviaron al Consejo a sus nominados y solo falta la Presidencia y el Parlamento.
Cuando el Consejo decida arrancar la designación, los asesores de los siete consejeros revisarán que no estén incursos en prohibiciones y que cumplan con los requisitos para ingresar al servicio público.
No se les califican méritos ni rinden exámenes escritos u orales.
Los admitidos pasan a la fase de impugnación para que la ciudadanía pueda objetarlos de conocer hechos que falten a la probidad y ética.
Un paso más es la exposición de un plan de trabajo para la Judicatura si llegasen a ser electos.
Una vez que se superen estas etapas, el pleno del Consejo de Participación escoge, de los que considere tuvieron una mejor exposición, a las nuevas autoridades por mayoría de votos (cuatro de siete) o por unanimidad.
Se estima que este proceso tome dos meses o hasta tres. (I)
