La denuncia por presunta infracción electoral grave planteada en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) principales y suplentes pasa a una etapa de deliberación del juez electoral, Fernando Muñoz Benítez, quien resolverá si los sanciona o no, con la suspensión de sus derechos de participación y hasta la destitución de sus cargos.
El juez y presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz Benítez, escuchó las pruebas de cargo y descargo dentro de una denuncia por infracción electoral grave en la que son acusados los vocales del CPCCS principales Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas; y los suplentes, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor (este último que no se posesionó como vocal suplente).
La audiencia para sustanciar esta causa se desarrolló este miércoles, 7 de agosto de 2024, por la denuncia de los activistas políticos Pamela Troya, Santiago Becdach y Mónica Jaramillo, quienes los señalan de haber infringido el artículo 279 del Código de la Democracia, numeral 12, respecto de «incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral».
Publicidad
Esto, a raíz de que durante la campaña política de las elecciones seccionales y de los miembros del CPCCS de febrero del 2023, los denunciados fueron promocionados por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) lista 5, liderado por Rafael Correa.
Correa los denominaba los candidatos de ‘la liga azul’ y motivaba a través de las redes sociales y entrevistas en medios digitales, el voto para los cuatro consejeros y también para el exvocal, Alembert Vera Rivera, quien fue sancionado por el TCE con una denuncia similar, a pagar una multa y la suspensión de los derechos de participación.
El correísmo promocionó a los entonces aspirantes, pese a que la Constitución y la ley prohíben a los partidos y movimientos de carácter político, organizaciones sociales y cualquier ciudadano a hacer campaña por uno de los candidatos a ser consejero del CPCCS.
Publicidad
La denuncia de Troya, Becdach y Jaramillo se acumuló en una sola y es tratada por el juez Muñoz, quien realizó la audiencia pública de estrados para escuchar las pruebas de cargo de los denunciantes y de descargo de los denunciados.
Entre estas pruebas, se presentaron documentos notarizados de los mensajes en redes sociales para promocionar los rostros de los ahora consejeros, sus mensajes y los colores de sus ropas que coincidían con los de la RC.
Publicidad
Incluso, presentaron un video de una entrevista a Verduga, Saltos, Vera, Franco y Párraga, en la que aparece Rafael Correa, a quien exaltan lo que fue su administración en la Presidencia de la República y este a su vez, presume de los méritos de los postulantes de la ‘liga azul’.
El reglamento de Trámites del TCE establece que, una vez admitida a trámite la denuncia, el juez tendrá un plazo término de 30 días para emitir su sentencia, que será de primera instancia. Muñoz precisó que no será tratada con plazos, que incluyen fines de semana; sino por términos, ya que no es parte del periodo electoral para las elecciones generales del 2025 que están en curso.
Según el Código, las infracciones electorales muy graves son sancionadas con multa de 21 hasta 70 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
La consejera Yadira Saltos se mostró confiada en que los jueces electorales desecharán esta causa, pues actuarán en derecho.
Publicidad
Troya, Becdach y Mónica Jaramillo, esperan que sean sancionados con la destitución de sus cargos, ya que existe jurisprudencia electoral, con la cual se sancionó a Alembert Vera por una misma causal con la pérdida de sus derechos de participación y una multa.
La sentencia de Muñoz será de primera instancia y los acusados podrán apelar para resolución del pleno del Tribunal en última y definitiva instancia.
En tanto este caso va a deliberación, el próximo 29 de agosto habrá una audiencia pública para escuchar a la defensa y acusadores de los vocales en funciones del Consejo de Participación Ciudadana y otros excandidatos que participaron en los comicios de febrero del 2023.
La acusadora es Ángela Páez Murillo, que denunció el presunto incumplimiento del numeral 12 del artículo 279 de la ley electoral por parte de los consejeros Andrés Fantoni Baldeón, Nicole Bonifaz López; el suplente, Gonzalo Albán Molestina; y otros como, Roberto Gilbert Febres Cordero, Andrés Mendoza Paladines y Mónika Mosquero Romero, que fueron candidatos, pero no fueron posesionados como principales o suplentes.
La audiencia está llamada para el 29 de agosto próximo a las 10:00 y está en sustanciación del juez electoral Ángel Torres. (I)
