Con la publicación en el Registro Oficial de la Ley Reformatoria a las leyes del Seguro Social y del Banco del Seguro Social, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a la elección de dos representantes para integrar el Consejo Directivo del IESS.
El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, envió el 22 de julio de 2024, la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al Registro Oficial para que sus diez artículos y varias disposiciones entren en vigor, sobre todo, sobre la nueva conformación de los consejos directivos de estos dos organismos.
El movimiento sindicalista agrupado en el FUT, incorporó entre sus resoluciones de su XIX convención nacional, solicitar al Consejo Nacional Electoral que arranque con los procedimientos para organizar las elecciones de dos vocales del Consejo Directivo del IESS.
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José Villavicencio, presidente del Frente, cuestionó que la actual conformación del Consejo Directivo es «ilegal», por lo que el CNE debe acelerar el proceso y espera que no se argumente que están trabajando en las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos del 9 de febrero 2025 para no hacerlo.
«Pediremos al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones del nuevo Consejo Directivo del IESS, en vista de que hay uno que actúa de manera ilegal», manifestó a los dirigentes sindicales que asistieron a este cónclave que se hizo en Quito, la mañana de este 25 de julio.
La reciente ley no establece un periodo de tiempo que obligue al CNE a proceder. Aunque el primer paso que dará la institución será elaborar un reglamento que viabilice la elección de un vocal que represente a los afiliados en relación de dependencia públicos y privados y a los afiliados sin relación de dependencia y las personas jubiladas.
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También para elegir al segundo consejero que represente a los empleadores, para lo que el Consejo Electoral hará dos padrones — para los afiliados y jubilados y otro para los empleadores — con base en la información que entregue el IESS, la misma que se contrastará con los datos del Registro Civil, Servicio de Rentas Internas y la Dirección de Registro de Datos Públicos.
La ley contempla que aquellos ciudadanos afiliados, jubilados y empleadores que quieran candidatizarse a ocupar estas vocalías tendrán que presentar un respaldo del 2 % de firmas del registro electoral del Seguro Social.
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El tercer vocal provendrá de una terna que envíe la Presidencia de la República (Función Ejecutiva) que será electo en el seno de la Asamblea Nacional.
El tratamiento de esta reforma la impulsó el sociólogo y político, Henry Llanes Suárez, como una iniciativa ciudadana, que asegura fue «retorcida» en el debate legislativo, se aprobó en la Asamblea Nacional y fue vetada dos veces por el presidente Noboa.
De acuerdo con Llanes, en el sistema de Seguridad Social están registrados más de 3 millones de afiliados; los jubilados son unos 700. 000; y, respecto de los empleadores, sumarían unos 500.000.
Entonces, para inscribir una candidatura, los postulantes requerirán de contar con unas 74.000 firmas del padrón.
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El voto será voluntario y no podrán participar aquellas personas que tengan conflicto de intereses con el sistema financiero y quienes estén impedidos de ejercer cargo público.
Para verificar el cumplimiento de requisitos legales, antes de calificar las candidaturas, el CNE solicitará a la Superintendencia de Bancos que verifique la idoneidad de los participantes en un plazo máximo de 30 días.
El costo operativo de esta elección la elaborará el Consejo Nacional Electoral y lo enviará al Ministerio de Economía y Finanzas para que asigne los recursos con cargo al Presupuesto General del Estado.
Estos vocales serán sujetos de fiscalización por la Asamblea Nacional y deberán atender sus requerimientos y comparecencias de manera personal e indelegable.
No obstante, para remover a uno o varios vocales, al presumirse un incumplimiento de funciones o atribuciones, la Asamblea remitirá el expediente de fiscalización a la Contraloría General del Estado para que se haga un examen especial y, de encontrar elementos destituya a una autoridad.
Mientras tanto, el presidente Noboa no descartó en presentar una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) por la ley aprobada en la Legislatura, pues considera que afectará las arcas fiscales, entre otros aspectos.
Esto, en referencia a que el presupuesto para hacer estas elecciones provendrán del Presupuesto General del Estado. (I)
