En la Facultad de Ciencias Agrícola en Tumbaco, al sur oriente de Quito, el pleno del Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador (UCE) revisa el informe elaborado por la Comisión de Auditoría Académica conformada para analizar una denuncia de supuesto “plagio” en la tesis de grado con el cual la fiscal general, Diana Salazar, obtuvo su diploma como abogada en 2005.

La reunión se da un día antes de que se cumpla el plazo que tenían para entregar el informe los comisionados César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho que preside la Comisión Académica; Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho; y Jaime Canseco, docente titular de la carrera de Derecho.

Por presunta violación al derecho de participación investigan a la fiscal del Estado, Diana Salazar

El 1 de junio pasado fueron posesionados los integrantes de esta comisión y el Consejo Universitario de la UCE les dio un plazo de 20 días para resolver y entregar su informe con las conclusiones respectivas.

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La reunión se da a puerta cerrada desde las 10:30 e incluso se ha solicitado a los asistentes que apaguen sus celulares. El rector de la UCE, Fernando Sempértegui, recibió un pedido para que se haga una investigación por el supuesto “plagio” en la tesis de la fiscal general. La solicitud la hizo la organización Acción Jurídica Popular, de la cual es parte Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo sentenciado a tres años de carcel por el delito de abuso sexual.

Los denunciantes creen que se le debe revocar a Salazar el título de doctora en jurisprudencia, pues su tesis aunque fue calificada 9/10, tendría “más del 40 % de plagio”. Salazar, quien fue la funcionaria que llevó la acusación penal contra Carrión y en la que se ha ratificado la condena de cárcel en dos instancias en la Corte Nacional, presentó el título cuestionado en el concurso para fiscal general que ganó en 2018 y por el que fue posesionada en 2019.

Para la Fiscalía, la denuncia proviene de “personas inescrupulosas que intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones y buscan su salida del cargo y tienen el único afán de generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración, durante el cual se han obtenido grandes resultados en contra de la criminalidad, evitando que casos como Sobornos, (Freddy) Carrión o Las Torres queden en la impunidad“.

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En respuesta a todo lo dicho por Schettini y a las denuncias de Acción Jurídica, la fiscal Salazar indicó que no tolerará una infamia más. “Basta de estos ataques cobardes que buscan un poco de notoriedad mencionándome en cada desvarío. El proceso por abuso sexual por el que buscan impunidad no acabará con estas mentiras, entiéndanlo. Responderán por la vía legal”, señaló Salazar en su cuenta de Twitter.

Paralelamente al análisis en la Universidad Central, Schettini anunció que una Veeduría Internacional de “Transparencia Académica” ha designado tres juristas para revisar con “rigurosidad y objetividad” la tesis, un artículo científico y un libro de la fiscal Diana Salazar. Quienes la integran son Fernando Flores Giménez, Juan Carlos Carbonell Mateu y Marco Aparicio Wilhelmi. A partir de julio próximo estos “expertos en derecho” tendrán ocho semanas para entregar un informe con los hallazgos realizados en su análisis.

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Aún no se conoce si el Consejo Universitario de la UCE informará inmediatamente lo que se resuelva o primero notificará de la decisión a los solicitantes y Diana Salazar como aludida. (I)