Consulta popular 2024: el ‘puerta a puerta’ y las estrategias digitales apuntalarán la campaña de las agrupaciones políticas y sociales

Vocerías en entrevistas, reuniones académicas, recorridos por zonas populares y pauta en medios de comunicación son algunas de las actividades previstas por las organizaciones políticas y sociales que se han registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer campaña a favor del sí o del no en el referéndum y consulta popular que impulsa el gobierno de Daniel Noboa. Aunque también hay otros sectores políticos y ciudadanos que no se han inscrito, pero promoverán alguna de las dos opciones.

La campaña empieza oficialmente este 7 de abril y concluye el 18 del mismo mes, según el calendario electoral aprobado por el CNE. Los comicios serán el 21.

Son diez las agrupaciones legalmente inscritas. Unas apoyan el sí o el no en las once preguntas planteadas, mientras que otras solo lo harán en una o dos puntuales.

Por el sí en todas están:

1. Movimiento Creando Oportunidades (CREO)

2. Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID)

3. Partido Avanza

4. Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (Amaru)

Por el no en todas

5. Movimiento Pachakutik

Por el no en la D y E (contrato por horas y arbitrajes internacionales)

7. Unidad Popular

8. Unión Nacioal de Trabajadores de la Educación (UNTE)-Unión Nacional de Educadores (UNE)

Por el no en la E

9. Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)

En unas sí y en otras no

10. Movimiento Amigo

Mientras que entre las organizaciones políticas y sociales no registradas están, por ejemplo, el movimiento Construye, que apoya el sí; y el movimiento Revolución Ciudadana o el Frente de Lucha por el no en la consulta popular, que están por el no.

Según el Código de la Democracia vigente, el financiamiento de las campañas electorales proviene de dos fuentes: dineros privados y el fondo de promoción electoral. Los primeros provienen de recursos propios de las agrupaciones o de aportantes, y el segundo, del Estado, que canaliza el CNE directamente en las pautas con los medios de comunicación social.

El límite de gasto electoral privado para este proceso electoral es de $ 5′461.716. De este total, $ 2′730.858 se fijó cómo límite para la campaña por el sí y un monto similar para la opción no.

En tanto que el Fondo de Promoción Electoral asciende a alrededor de $ 400.000, que se distribuirá equitativamente, por pregunta, entre las agrupaciones inscritas.

Javier Orti, presidente nacional de Avanza, dice que el fondo de promoción electoral previsto para las agrupaciones inscritas es “mínimo”; en su caso no llegaría ni a los $ 40.000, calcula.

“Tendremos que administrarlos de acuerdo con la ley, que nos permite hacer promoción en espacios de prensa escrita, TV, radio y vallas. En estos días vamos a decidir en qué canales haremos campaña”.

Orti señala que no tienen previsto hacer recorridos o visitas porque no cuentan con recursos al no recibir el Fondo Partidario Permanente. “No estamos en la capacidad de generar una campaña electoral en territorio porque eso requiere movilización, alimentación y otra logística”, explica el dirigente, pero no descartó definir, en cambio, una estrategia digital para las redes sociales.

En tanto que Juan Fernando Flores, dirigente de CREO, relata que en estos días tendrán reuniones para decidir si usarán o no el fondo de promoción estatal.

Ellos prefieren buscar espacios de entrevistas en medios y hacer recorridos puerta a puerta en las provincias, aprovechando su estructura de bases.

De su lado, Geovanny Atarihuana, del partido Unidad Popular, coincide en que la cuota que les correspondería en el fondo de promoción electoral será “insignificante”, de $ 6.000, considerando que ellos solo se inscribieron para hacer campaña por el no en dos preguntas. “Son alrededor de $ 3.000 por cada una, que usaremos en cuñas radiales, principalmente, que es para lo que alcanza”.

A la par se enfocarán en participar en foros académicos, hacer recorridos para tener contacto directo con la gente, tener vocería en medios, y diseñar una estrategia de campaña en todas las plataformas digitales.

Unidad Popular es parte de la Coordinadora por el no, en la que además están otras agrupaciones registradas por el CNE, como Pachakutik y la UNE, y otras que no lo están como el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Este grupo arrancará su campaña este lunes, 8 de abril del 2024, con un acto simbólico: una “consulta ciudadana”, en el parque Rocafuerte, en el centro de Guayaquil, a las 10:00.

Atarihuana explica que harán campaña por el no en las preguntas sobre contratación por horas y arbitrajes puntualmente. Pero de todas formas, agrega, le dirán a la gente que la consulta es inoficiosa porque no van a resolver los problemas el país y, además, todos los temas relacionados con la seguridad deben pasar por la Asamblea Nacional. Y como mucha gente ni conoce las preguntas más bien impulsarán el no a la gestión de Noboa, “por el aumento del IVA, el desempleo, la inseguridad...”.

Otro colectivo que se conformó para hacer campaña por el no es el Frente de Lucha por el No en la Consulta Popular; en él confluyen agrupaciones sociales y políticas de Guayas como Alfaro Vive Carajo, el colectivo Bolivariano Alfarista, la Fundación Esperanza, el Partido Comunista Ecuatoriano (PCE), el Frente Nacional del Magisterio, el Frente de Jubilados de Celec, el colectivo Maestros por la Revolución, el Frente Unidad para Vencer, Asamblea del Poder Popular, y otras. Ninguna de ellas está registrada en el CNE.

Renzo Troncoso, delegado del Frente Unidad para Vencer, cuenta que ya se han organizado entre todos para salir a hacer campaña de puerta en puerta, hacer plantones y visitar gremios y sindicatos.

“Esas son las formas de lucha que estamos planificando ya que no tenemos plata, pero sí la gente para ir a dialogar con los sectores populares de Guayas”, dice el activista, quien agrega que estos grupos también se están constituyendo en otras provincias.

Este grupo cuenta, además, con el apoyo de asambleístas de Revolución Ciudadana, como Sofía Espín, y dirigentes del movimiento Pachakutik.

El Gobierno puede “difundir las preguntas”, no hacer poselitismo

“El Ejecutivo, al ser el proponente de la consulta, tiene el derecho de difundir las preguntas. Lo que no puede es hacer proselitismo político usando recursos del Estado. Esto está prohibido. Pero no se le prohíbe al presidente hablar de las preguntas a la ciudadanía”, manifestó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, en un conversatorio con medios nacionales e internacionales, el pasado jueves 4 de abril.

Y, de hecho, en las últimas semanas, el presidente Noboa ha intensificado sus actividades oficiales en territorio, las cuales aprovecha para hablar de los beneficios de la consulta popular.

A la par, varios de sus ministros de Estado y los integrantes de la bancada oficialista están dando entrevistas en los medios de comunicación.

Y, aunque no tiene personería jurídica, la agrupación política creada por Noboa, el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), ya realiza campaña a favor del sí tanto con recorridos en provincias como con activación en redes sociales.

Los números de Click Resarch: la gente no conoce las peguntas

Apenas el 14,55 % de la población conoce la totalidad de las preguntas del referéndum y consulta popular, según una encuesta realizada por la empresa Click Research, que es una de las doce personas naturales y jurídicas registradas por el CNE.

El 42,42 % conoce algunas; mientras que el 42,03 no conoce ninguna, señala el sondeo.

Sin embargo, el sí se impondría al no en la votación. El 65,9 % votaría a favor y el 34,09 % en contra.

Francis Romero, director de la empresa, señala que estos datos de desconocimiento contrastados con los de intención de voto mostrarían que este plebiscito podría servir para validar la imagen del presidente de la República. “Pero yo creo que esta consulta debe ir más allá; hoy tenemos la oportunidad de dejar a las futuras generaciones las bases sólidas y las herramientas para combatir los diferentes problemas que tiene el Ecuador. Así que invito a la mayoría de ecuatorianos a leer no solo las preguntas sino los anexos y entenderlos”, señaló Romero en una entrevista televisiva.

Las entrevistas se realizaron a 4.560 personas, del 29 de marzo al 1 de abril, en doce ciudades: Quito (380), Guayaquil (380), Ambato (380), Cuenca (380), Durán (380), Ibarra (380), Loja (380), Machala (380), Manta (380), Portoviejo (380), Riobamba (380) y Santo Domingo (380). (I)