El movimiento político de la Revolución Ciudadana y sus asambleístas, agrupados en la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), negaron que haya existido un “pacto” con el Gobierno de Guillermo Lasso para que la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19 entre en vigor por ministerio de la ley. Anunciaron que tomarán acciones para derogarla o presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) para que no se ejecute.

El pasado 26 de noviembre, durante la sesión de la Asamblea Nacional en la que se trató en segundo y definitivo debate el proyecto de ley de carácter urgente en materia económica, que contiene reformas tributarias, la bancada de UNES se sumó al voto de abstención del oficialismo CREO y algunos independientes por la negación y archivo del texto, en una moción que planteó la legisladora de Pachakutik (PK) Mireya Pazmiño.

Con ello, el articulado no fue aprobado, modificado o negado, por lo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, resolvió este lunes remitir el texto original enviado el 28 de octubre pasado para su promulgación como decreto-ley en el Registro Oficial.

Esta tarde el texto fue promulgado por el Registro Oficial, con lo que entró oficialmente en vigencia.

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Presidente Guillermo Lasso envió al Registro Oficial la promulgación como decreto-ley de las reformas tributarias

Durante la sesión del 26 de noviembre, se presentaron cuatro mociones para resolver sobre la normativa. La primera la hizo el legislador de CREO Francisco Jiménez para aprobarla: tuvo 30 votos a favor y 88 negativos.

La segunda la hizo el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres para negar el informe de mayoría a la norma, por la que 90 asambleístas se pronunciaron a favor y 28 en contra.

La tercera la planteó el legislador de UNES Carlos Zambrano para aprobar la ley que aparejaba un informe de minoría, por la que 48 asambleístas se pronunciaron a favor y 27 por el No. Y, finalmente, la legisladora de PK Mireya Pazmiño mocionó negar y archivar el proyecto de ley, que tuvo 53 votos a favor y 81 abstenciones.

Estas abstenciones fueron de las bancadas de UNES, CREO y algunos independientes.

UNES aseguró la tarde de este lunes 29 de noviembre, en declaraciones a la prensa, que la “ley estaba muerta”, por lo que rechazaron que se los responsabilice de que esta entre en vigencia por ministerio de la ley.

Su asambleísta y coordinadora de bloque, Paola Cabezas, dijo que están sorprendidos de las interpretaciones jurídicas, y negó un supuesto pacto con el régimen que implicaría adoptar decisiones judiciales a favor de varios dirigentes políticos del correísmo, entre ellos, el exvicepresidente de la República Jorge Glas.

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“La Asamblea negó el proyecto. El artículo 140 de la Constitución es claro: las leyes se aprueban, se mejoran o se niegan. (…) No interpretemos la norma. Lo que va a ser el presidente Guillermo Lasso es inconstitucional y nos reservaremos a tomar todas las acciones correspondientes para que no se afecte al pueblo”, expresó Cabezas.

El doble juego de UNES en la reforma tributaria de Guillermo Lasso

Reiteró que la ley “estaba muerta”, pues ya se habían pronunciado. “No podíamos votar sobre una ley muerta. Era una decisión tomada, la ley estaba muerta, la ley está negada. No entendemos esta nueva lectura de decir que la Asamblea no se pronunció, si la ley está negada”.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, que cobija a los asambleístas de UNES, Marcela Aguiñaga, participó de esta declaración de forma virtual, y aclaró que la propuesta es del Gobierno y no de ellos.

“Si hay alguien que debe responder es el señor Guillermo Lasso. El país debe saber que la presidenta de la Asamblea (Guadalupe Llori) y el secretario (Álvaro Salazar) han actuado en complicidad con el Gobierno para que pase por el ministerio de la ley”, dijo e insistió en que su bancada dio sus votos para que la ley fuera negada.

Cabezas negó que haya habido un acuerdo o pacto con la Administración de Lasso para que uno de sus líderes políticos, Jorge Glas, sea transferido a otro centro de privación de libertad (de momento se encuentra en la cárcel de Latacunga).

“Pedir mejores condiciones es constitucional y legal, pero no le vamos a permitir a nadie que digan que nuestra decisión tiene que ver con pactos”, acotó.

A propósito de esto, el legislador independiente Fernando Villavicencio, afín al oficialismo, aseguró que el correísmo habría pedido, para abstenerse, que Glas sea trasladado a otra cárcel, al igual que Alexis Mera, exsecretario jurídico del gobierno de Rafael Correa; además, que se le dé un salvoconducto a una exministra de Correa, María de los Ángeles Duarte, para que pueda salir de la embajada de Argentina en Ecuador, en donde se encuentra refugiada.

Villavicencio se describió como “sorprendido” de la votación de UNES, y que quiere pensar que en ese voto no hubo un pacto con el régimen.

“¿Qué hubo? Torpeza, una acción torpe, ignorando totalmente la ley. Porque de haber existido un pacto, seré el primero en condenar a los dos lados. De haber canjeado sería impresentable, y si el Gobierno cedió estaría en el mismo carril. Y no cuenten conmigo de ser así”, señaló.

Un periodista preguntó a Cabezas sobre esta declaración de Villavicencio, y ella se enfureció y tildó de “grosera” la interrogante.

“¡Su pregunta es grosera! La fuente que toma es la del legislador que se dedica a injuriar, Villavicencio es un injuriador. Que demuestre (que hubo ese pacto)”, respondió molesta Cabezas.

Finalmente, explicó que esperan que el Legislativo tome una acción conjunta para, por ejemplo, presentar la derogatoria del proyecto; tampoco descartan la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la CC.

El asambleísta de Pachakutik Salvador Quishpe explicó que su bloque preparará un proyecto derogatorio a la ley tributaria, para que no rijan leyes “de manera peligrosa”, afirmó este lunes. (I)