La constitucionalidad de las reformas al reglamento al Código Orgánico del Ambiente o más conocido como Decreto Ejecutivo 754, está en debate de los jueces de la Corte Constitucional (CC) para tomar una resolución.

Constitucionalidad del reglamento al Código de Ambiente pasa a análisis de los jueces de la Corte Constitucional

Este jueves, 9 de noviembre, se instaló una sesión ordinaria para resolver, entre varios puntos, el pedido de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo que presentaron organizaciones sociales en contra de los nueve artículos recogidos en 36 páginas del Decreto Ejecutivo 754 que suscribió el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 2 de junio de 2023.

La causa la tramitó la jueza Alejandra Cárdenas, quien presentaría su proyecto de sentencia para conocimiento y resolución del pleno de nueve jueces.

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La normativa incorpora reformas al reglamento al Código Orgánico del Ambiente, articuladas a la ejecución de la consulta ambiental y la participación ciudadana de los territorios o comunidades en donde se buscaría iniciar un proyecto estratégico.

Uno de los cambios reglamentarios establece que la autoridad ambiental o gobiernos autónomos descentralizados «se encargarán de la ejecución del proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental».

Pero, en el caso de que en este procedimiento «resulte una oposición mayoritaria del sujeto consultado, la decisión de otorgar o no el permiso ambiental será adoptado por resolución debidamente motivada por la autoridad ambiental».

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Así también, que el alcance de la participación ciudadana para la consulta ambiental se realizará para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico.

Y para proyectos de «bajo impacto ambiental del sector hidrocarburífero y minero», antes de otorgar los permisos ambientales.

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La aplicación de este decreto ejecutivo está suspendida desde el 31 de julio, luego que un Tribunal de Admisión de la Corte aceptó el pedido de medidas cautelares de los accionantes, como son la Fundación Pachamama, el Centro de Derechos de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al que se han sumado decenas de voces a favor y en contra a través de amicus curiae.

El Gobierno nacional lamentó que con esa acción de suspensión se obstaculice la construcción de unos 170 proyectos de riego, hospitales, del área eléctrica, de hidrocarburos y minería que se pretendía iniciar.

Sin embargo, los demandantes alegan que el decreto es inconstitucional porque asimila los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados con el derecho a la consulta ambiental. (I)