Consejo de Participación Ciudadana divulgará un texto en el que se ‘compromete’ a respetar el dictamen de la Corte Constitucional

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se comprometió a respetar y observar el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC), que impide revisar las actuaciones del extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición.

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Este viernes, 20 de octubre de 2023, los siete vocales del actual pleno del CPCCS aprobaron una resolución en la que dejaron sin efecto y archivaron «todas» las actuaciones relacionadas con la investigación que se abrió en contra de la autoridad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la formación de una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar la elección de los jueces constitucionales que hizo el Consejo de Transición.

Adicionalmente, se decidió aprobar un «compromiso» con un texto en el que expondrá respetar los resultados del referéndum del 4 de febrero de 2018 y observar de forma obligatoria el dictamen interpretativo de mayo del 2019.

En una plenaria extraordinaria de este viernes se conoció un informe jurídico en el que se detalló un listado de resoluciones que se tomaron en la administración del exconsejero y expresidente Alembert Vera, encaminadas a investigar a Diana Salazar por presunto plagio y tráfico de influencias y la creación de la veeduría ciudadana.

Por estos dos hechos, el pasado 5 de octubre de 2023, la Corte Constitucional dispuso la destitución de su cargo de Vera y de uno de sus cercanos, Ismael Merizalde, que ocupaba el cargo de coordinador jurídico, al observar que se incumplió su dictamen interpretativo.

Como parte de las medidas de reparación, que ordenó la Corte, dispuso al CPCCS dejar sin efecto y archivar todos los actos administrativos emitidos.

Para cumplirlo, los consejeros aprobaron por unanimidad dejar sin efecto la resolución con la que se inició la investigación a la fiscal Diana Salazar y consecuentemente el informe de investigación con indicios penales que aprobaron Vera, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos, en junio pasado.

Se archivaron las actuaciones administrativas sobre la creación de la veeduría que efectuaron en el interior del Consejo, como la convocatoria a postularse a ser veedor, por la que se inscribieron 40 personas de las que 19 fueron admitidas.

Con esta resolución se notificó a la Fiscalía, a la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt), al Consejo de Educación Superior (CES), a la Universidad Central del Ecuador, a la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato, a la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y a la Asamblea Nacional.

Ello, porque el informe de investigación aprobado contra Diana Salazar se envió a estas instituciones para que inicien con los procedimientos internos, con base en sus atribuciones.

El 11 de octubre, el Consejo resolvió en un primer momento dar de baja los actos emitidos y que los departamentos técnicos procedan con esa disposición, para lo que dieron un plazo de dos días y que la coordinación jurídica elabore un informe en el que se exponga el cumplimiento por parte de los servidores.

Finalmente, este viernes se conoció de ese informe y se aprobó por unanimidad.

Durante el debate, los consejeros aseguraron que están cumpliendo con la disposición de la Corte y, entre ellos, la vocal Mishell Calvache lamentó que los actos administrativos emitidos en la administración de Vera se dieron pese a que «había conocimiento de que exvocales fueron destituidos por inobservar esta disposición constitucional y ocasionaron que se imponga la máxima sanción», como fue la destitución.

En septiembre pasado, los jueces de la Corte Constitucional iniciaron el seguimiento del cumplimiento de un dictamen interpretativo de mayo del 2019 que impide revisar las actuaciones adoptadas por el extinto Consejo de Participación Ciudadana transitorio que presidió Julio César Trujillo (+).

Concluyeron que se incumplió su dictamen y destituyó a Alembert Vera y un exfuncionario, Ismael Merizalde. Pero dejó abierta la fase de verificación de cumplimiento para evaluar las acciones dirigidas a dejar sin efecto los actos institucionales y «continuar con la evaluación y determinación de la responsabilidad» por parte de los consejeros Augusto Verduga, Andrés Fantoni, Yadira Saltos, Mishell Calvache, Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto.

Con la destitución de Vera se principalizó el vocal Juan Esteban Guarderas, quien votó a favor de la resolución puesta en debate este 20 de octubre, para cumplir lo ordenado por la CC.

Esta resolución se enviará a la Corte Constitucional para su análisis, ya que dio un término de diez días a los consejeros para llevar a cabo sus medidas de reparación. (I)