Consejo de Participación Ciudadana alarga su deuda de elegir a autoridades de diez instituciones del Estado

En tanto se reacomodan las fuerzas entre los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), los procesos para renovar autoridades de diez organismos de control del Estado no avanzan.

Cinco meses lleva en funciones el actual pleno del CPCCS, que experimentó un remezón en sus dignidades internas tras la destitución de Alembert Vera de su cargo por disposición de la Corte Constitucional (CC), que concluyó que se incumplió un dictamen interpretativo de mayo del 2019 que impide revisar las actuaciones del extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición.

Con la decisión, Nicole Bonifaz, quien era la vicepresidenta, ascendió a la presidencia y Andrés Fantoni fue designado vicepresidente. Además, se incorporó Juan Esteban Guarderas como vocal principal en lugar de Vera.

En medio de un llamado de Bonifaz a evitar las «rencillas» entre mayorías y minorías, por lo pronto, a los consejeros Mishelle Calvache, Guarderas y Fantoni podría unírseles Bonifaz, quien respaldaba a la mayoría de Yadira Saltos, Augusto Verduga, Johanna Verdezoto y Vera, hasta poco antes de que la Corte los observara por incumplir su dictamen.

En estos meses, en lo que fue la administración de Alembert Vera, el organismo se concentró en interpelar a la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, por una queja de un colectivo llamado Acción Jurídica Popular y por conformar una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar la elección de los jueces de la Corte Constitucional.

Los jueces constitucionales ordenaron dejar sin efecto estas actuaciones administrativas y este 11 de octubre, por unanimidad, los siete vocales lo acataron y dispusieron a los departamentos técnicos que procedan con el trámite.

Mientras tanto, los concursos públicos para elegir autoridades de control se aplazan.

Por ejemplo, entre octubre y noviembre del 2022, dos comisiones ciudadanas empezaron sus funciones para la elección de la autoridad de la Contraloría General del Estado y la renovación parcial de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero casi un año después no concluyen con los procesos.

La elección del contralor es el único procedimiento que podría llegar a concluir. Una acción de protección lo regresó a la fase de admisibilidad y se habilitó a 103 concursantes.

De ellos, 48 avanzaron hasta la etapa del examen de conocimientos y calificación de méritos. Pero por las denuncias de irregularidades, varios de los postulantes interpusieron acciones de protección y solo un juez de Samborondón (Guayas) dictó medidas cautelares y suspendió el concurso hasta el 20 de octubre cuando se realice la audiencia pública para sustanciar el recurso.

En el caso de que el juez rechace la acción de protección, el concurso se retomaría para resolver la designación de una nueva autoridad.

Respecto de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, la comisión había avanzado a la calificación de méritos de 165 concursantes, pero por efectos de una acción de protección se retrotrajo a la fase inicial: la convocatoria.

Con ello, los interesados pueden volver a inscribirse, pero con un nuevo reglamento que deberá aprobar el pleno del CPCCS.

La elección de un nuevo titular de la Defensoría Pública está a la espera desde el 2019. El CPCCS de transición declaró desierto el proceso para elegir a esa autoridad y encargó la institución a Ángel Torres Machuca, quien lleva en funciones prorrogadas cuatro años y busca la reelección.

El concurso está detenido desde abril de 2023, cuando los diez miembros que integraban la comisión ciudadana fueron cesados por incumplir el reglamento para designar a esta autoridad.

Además, otra acción de protección suspendió las actividades hasta que se cumpla con los plazos para tomar la prueba escrita a catorce postulantes que compiten por ser defensor público.

El 9 de junio pasado, el Consejo principalizó a los comisionados ciudadanos suplentes, excepto el delegado de la Asamblea Nacional, ante la falta del pleno que elija a sus representantes.

Por otra parte, desde diciembre del 2022 están detenidos cinco concursos en los que ni siquiera están integradas las comisiones ciudadanas.

Se trata de la elección de las autoridades de la Defensoría del Pueblo, la renovación parcial de dos jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), los 25 delegados de la sociedad civil ante los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI) y dos delegados del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras.

El CPCCS abrió la convocatoria a integrar las comisiones ciudadanas a mediados del 2022, en la administración del expresidente Hernán Ulloa, pero no hubo el número suficiente de postulantes por el desinterés ciudadano y desde entonces no ha avanzado ningún proceso.

Otras designaciones pendientes a través de ternas enviadas por funciones del Estado

Entre las designaciones pendientes a través del procedimiento de ternas de candidatos enviadas por autoridades del Estado, están la elección de un vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), del titular de la Superintendencia de Datos y resolver qué pasará con la Superintendencia de Bancos.

El 23 de agosto, el CPCCS resolvió solicitar a la Defensoría Pública que envíe una terna de candidatos para elegir a un vocal suplente del Consejo de la Judicatura tras la renuncia de Jaime de Veintemilla Fernández de Córdova, quien era el reemplazo de Juan José Morillo.

Le dieron un plazo de cuatro días a Ángel Torres Machuca para remitir la terna y hasta la actualidad se desconoce si la envió y quiénes la integran.

Sin embargo, ahora el CPCCS deberá proceder con la elección de un vocal principal y dos suplentes de la Judicatura, debido a que Juan José Morillo y Maribel Barreno fueron removidos de sus cargos en medio de un juicio por presunto tráfico de influencias.

Es decir, el CPCCS deberá solicitar la terna a la Defensoría Pública para nombrar a un vocal principal y suplente; y otra terna a la Fiscalía General del Estado para nombrar un vocal suplente para Yolanda Yupangui, quien se principalizó en lugar de Barreno.

Esto tomando en cuenta que la Constitución determina que el Consejo de la Judicatura estará integrado por cinco vocales, elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, por la Fiscalía General del Estado, por la Defensoría Pública, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.

Otra institución que está en espera de su autoridad es la Superintendencia de Protección de Datos, creada por una ley del mismo nombre que se emitió en el 2021.

El 29 de mayo de 2023, el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió al Consejo de Participación Ciudadana la terna para la designación del superintendente y desde entonces el procedimiento tampoco tiene avances.

Propuso para ese cargo a Vianna di María Maino Isaías, actual ministra de Telecomunicaciones, a Félix Gregory Chang Calvache y a Blanca Esmeralda García Véliz.

Otro tema pendiente de resolver para el Consejo es quién ocupará la Superintendencia de Bancos.

El 20 de julio del 2022, el anterior pleno del CPCCS eligió a Raúl González Carrión. Pero una ciudadana interpuso una acción de protección que disolvió el proceso y se dispuso hacer uno nuevo y con otra terna.

Fue así que el 2 de diciembre del 2022, con otra terna enviada por Guillermo Lasso, se eligió a Roberto Romero von Buchwald superintendente de Bancos, pero la Asamblea Nacional que fue disuelta en mayo pasado no lo posesionó en su cargo.

Mientras tanto, la entidad está presidida por Antonieta Cabezas Enríquez, quien ejerce como superintendenta subrogante. (I)