Seis momentos críticos que han marcado el concurso para elegir al titular de la Contraloría General del Estado

Desde la elaboración del reglamento hasta casi llegar a la designación, la elección de un nuevo contralor del Estado ha sido un proceso reñido por las fuerzas políticas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que podría terminar con acciones de sanción a los miembros de la comisión ciudadana que lleva a cabo el concurso público.

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El 14 de noviembre del 2022 arrancó oficialmente el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la elección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; y, diez meses después, no concluye por los efectos de acciones de protección y la crisis de gobernabilidad en el Consejo de Participación.

1. El reglamento

Los problemas empezaron en el 2021, cuando el anterior pleno del Consejo de Participación aprobó un 18 de julio el reglamento con los votos de los exconsejeros Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán.

Se opusieron Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, quienes advertían que el articulado era similar al que se usó en los concursos del 2011-2016 y 2017-2022, con los que se eligió al excontralor Carlos Pólit Faggioni, procesado por hechos de corrupción.

Un 9 de febrero de 2022 se formó un nuevo bloque de mayoría con Ulloa, Rivadeneira y Bravo, al que se sumó Ibeth Estupiñán, quienes se autoconvocaron a una sesión y removieron a Almeida y Rosero de la presidencia y la vicepresidencia

En su lugar eligieron a Ulloa como presidente y a Rivadeneira como vicepresidenta, y emprendieron la reforma de varios reglamentos, entre ellos para la elección del contralor.

El 17 de febrero se aprobaron las reformas, que incluyeron una prueba práctica y se eliminó la posibilidad de que puedan conocer las preguntas dos días antes, o que el secretario de la comisión ciudadana sea electo de una terna enviada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

Reformar ese reglamento motivó a las bancadas de la cesada Asamblea Nacional, del correísmo en UNES y del Partido Social Cristiano (PSC), a llevar a esa mayoría a un juicio político que terminó con su destitución y censura el 18 de noviembre del 2022. Pero volvieron a sus cargos con una acción de protección que dictó un exjuez de La Concordia, Ángel Lindao.

2. Postulantes calificados pese a incumplir requisitos

La comisión ciudadana fue posesionada el 28 de octubre del 2022 con diez personas. Cinco electos por concurso de méritos en representación de la ciudadanía: Marco Chalco, Carmen Atupaña, Janeth Ojeda, Lenin Uquillas y Melisa Cabrera.

Por delegación de las funciones del Estado: Maribel Baldeón, Electoral; Eugenia García, Judicial; Raúl Guaña, de Transparencia y Control Social; Jhossueth Almeida, Ejecutiva; Nary Galarza, que se quedó como delegada de la Asamblea Nacional, pese a que el pleno que la designó fue extinguido.

El 14 de noviembre del 2022 se convocó a la ciudadanía a postularse y 118 personas fueron admitidas en el concurso, pese a que alrededor de 60 de ellas incumplieron varios requisitos legales, como la presentación de la declaración juramentada que acreditara probidad.

La comisión decidió subsanar los documentos que les faltaban alegando la “proparticipación”. Quedaron, en total, 103 aspirantes habilitados.

El 23 de enero del 2023, el CPCCS vivió otra crisis. La Corte Constitucional determinó que se había incumplido una de sus sentencias que obligaba a elegir al vocal faltante del Consejo de la Judicatura y destituyó a los siete vocales del pleno que presidió Ulloa.

La comisión suspendió sus actividades hasta que el anterior Legislativo posesionara al nuevo pleno del Consejo, al que se integraron consejeros suplentes de los suplentes y eligieron a Gina Aguilar como presidenta. Sin embargo, el concurso no avanzó.

3. Acción de protección volvió el concurso a una primera fase

El concurso se aletargó por una acción de protección que aceptó un juez de Rumiñahui (Pichincha) Diego Gómez, quien ordenó que se retrotrajera a la etapa de verificación de requisitos y se descalificara a quienes los incumplían.

También, que se eligiera a la autoridad con base en el reglamento que se aprobó en el periodo de Sofía Almeida, al que el juez le aumentó puntaje por equidad de género: un punto por ser mujer.

El 14 de mayo se dio el cambio de autoridades, tras los comicios seccionales y del CPCCS del 5 de febrero, y se posesionaron Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Alembert Vera, quien es el presidente.

Este pleno dio trámite al fallo judicial y codificó la norma, aunque no se descalificó a los postulantes incumplidos, como lo dispuso Gómez, y todos fueron habilitados a seguir participando.

La comisión avanzó a la impugnación. Se tramitaron cinco objeciones a cuatro postulantes y ninguna se aceptó.

La ciudadana que interpuso la acción de protección, Andrea Medina Bachmann, solicitó a la Corte Constitucional que diera seguimiento al cumplimiento del fallo del juez Gómez, porque no se descalificó a los concursantes que incumplían los requisitos. Aún no hay respuesta.

4. Reclamos y más acciones de protección de postulantes por las calificaciones de méritos

Los 103 concursantes pasaron a la calificación de méritos sobre 50 puntos, y el 12 de septiembre, con seis votos de un bloque de mayoría, la comisión aprobó el informe en el que había dos candidatos con alto puntaje: Alejandra Vivanco, exfuncionaria de la Contraloría entre 1997 y 2017, con 49,5/50; y Juan Falconí Puig, con 47, exdiplomático en el gobierno de Rafael Correa.

Este informe levantó dudas y reclamos en los postulantes con menor puntaje, incluso de las comisionadas Maribel Baldeón y Eugenia García, quienes alertaron de vulneración de derechos y discriminación.

Esto porque el presidente Marco Chalco, apoyado por cinco comisionados, resolvieron revisar la calificación del postulante Guido Escobar Pérez, quien había tenido 50/50.

Esgrimieron que su carpeta estaba “sobrevalorada” y en la revisión de puntos por experiencia laboral le redujeron 10, quedando en 40/50.

Para detener el avance del proceso, una ciudadana, Jenniffer Díaz Ortiz, planteó una acción de protección con medida cautelar que fue admitida por el juez Jorge Medina, de la Unidad Judicial de Bucay (Guayas).

Después de doce días de suspendido, Díaz desistió de la acción y el juez levantó la medida cautelar. La demandante enfrenta una denuncia por presunto fraude procesal impulsada por Alembert Vera.

En la justicia ordinaria se presentaron al menos cinco acciones de protección de concursantes que se sienten afectados en su calificación de méritos. Ninguna tiene fecha para su trámite en audiencia.

5. La prueba escrita motiva a los comisionados a revelar presiones políticas

Los 103 postulantes fueron llamados a rendir el examen el 30 de septiembre en el coliseo del colegio Sebastián de Benalcázar. De ese número, solo 48 se presentaron.

Esta penúltima etapa terminó este 3 de octubre, con un halo de reclamos y denuncias de los comisionados de recibir presiones e intentos de entorpecer el concurso.

La disputa se originó el domingo 1 de octubre, cuando la comisión aprobó el informe de las notas de los exámenes escritos.

La sorpresa fue el aparecimiento del candidato mejor puntuado, Xavier Torres Maldonado, con 42/50 puntos, que sumados a sus méritos, 45,5/50, alcanza los 87,5/100.

Con resultados preliminares, este resultado hizo bajar de puesto a Alejandra Vivanco, exsubcontralora en el periodo de Carlos Pólit, con 82,5, pues en su prueba tuvo 33 y en méritos 49,5; a la vez, Juan Falconí Puig bajó al sexto puesto, con 79 puntos: 32 en su examen y 47 en méritos.

El presidente de la comisión, Marco Chalco, narró que, ese domingo, funcionarios del Consejo de las áreas coordinadoras habían querido inducirle a revisar los exámenes. “Inducían a revisar nuevamente, escanear nuevamente los exámenes; eso es ilegal: no podemos revisar. Hemos cumplido los protocolos; en el colegio Benalcázar se revisó con la presencia de técnicos, de los veedores. Acá, ¿con quién queríamos revisar?”, cuestionó.

El comisionado Lenin Uquillas corroboró que “consejeros” habrían estado pidiendo a Chalco que no publique las notas.

El 2 de octubre, el ahora exsecretario de la comisión, Francisco Toral, intervino en el concurso con acusaciones de irregularidades. Él es asesor de Alembert Vera y fue designado en esa función de una terna que envió el mismo Vera, pues así lo dispone el reglamento.

Con siete votos de los comisionados, lo suspendieron de sus funciones quitándole la confianza, pues creen que intentó boicotear y entorpecer el concurso, ya que no notificó a tiempo a los postulantes con sus puntajes del examen escrito.

Debía hacerlo el 2 de octubre, pero empezó a hacerlo desde el 3 de octubre y uno por uno.

Baldeón le recordó que, cuando notificó a los concursantes con las notas de sus méritos, envió un correo masivo, incluso con errores, pero ahora se estaba tomando su tiempo e incumpliendo el reglamento.

Toral instó a Marco Chalco a anular lo actuado el domingo porque, a su criterio, se habían producido cortes de energía en el colegio donde se tomó el examen escrito; se habían detectado errores en la impresión de las pruebas.

Se quejó de que la sesión no se hizo en un día hábil y, preocupado de que, pese a que hubo 48 personas que dieron la prueba, el reporte final menciona a 42 y se afectaría a 6 postulantes.

Chalco lo desmintió y aseguró que no hubo ningún corte de energía y tampoco un informe técnico que señale daños en los escáneres o equipos de cómputo.

Precisó que se imprimieron solo 42 pruebas porque las seis personas tacharon las suyas o las dejaron en blanco.

La versión de Chalco la respaldaron Atupaña, Baldeón, Uquillas, Almeida, Ojeda y García; excepto Melisa Cabrera y Nary Galarza, que votaron en contra de la suspensión de Toral.

Para el presidente de la comisión hubo “mala fe” en el exsecretario con el objeto de entorpecer el concurso.

6. La fase de recalificación, la oportunidad para subir puntos a los desfavorecidos

Mientras Alembert Vera envía una nueva terna para que la comisión elija al secretario, Carmen Atupaña fue designada por sus compañeros como secretaria encargada y su primer trabajo fue el de notificar a los concursantes con sus notas de la prueba este mismo martes, 3 de octubre.

Con ello se abre la etapa de recalificación, en la que los aspirantes al cargo pueden plantear, en un término de tres días, que se revisen sus notas si consideran que hay errores tanto de los méritos como del examen escrito.

La comisión tiene otros tres días para resolver y elaborar el informe final con la nómina de los mejor puntuados, que será enviado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana.

Los consejeros del CPCCS tienen un término de dos días para designar al contralor del Estado, con base en el listado que le entregue la comisión, que es vinculante y no puede ser cambiado.

Esta fase estará marcada por las posibles acciones que intente el bloque de mayoría del Consejo, liderado por Vera, entre las que no se desestima cesarlos de funciones. (I)