El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tuvo posiciones diferentes para defender a la institución de la acción de protección que lo obligó a conformar una veeduría ciudadana para revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional. Si bien se pidió que se deseche el recurso, a su vez aclaró que la existencia de un dictamen constitucional “no limita la integración” de esa veeduría.