En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se tramita un caso por presunta vulneración de derechos de la exjueza de la Corte Constitucional Roxana Silva Chicaiza.

Luego del referéndum del 2018 se constituyó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), que a través de sus facultades extraordinarias evaluó a decenas de autoridades de los principales organismos de control del Estado, y destituyó por incumplimiento de sus funciones, entre ellos, a los exjueces de la Corte Constitucional que funcionó en el gobierno de Rafael Correa.

Una de las exjuezas, Roxana Silva Chicaiza, que también fue consejera electoral, presentó una petición ante la CIDH para que trate la presunta “vulneración de derechos” por su destitución.

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La Procuraduría General, en defensa del Estado ecuatoriano, está litigando ante el organismo internacional por esta petición y solicitó información al actual Consejo de Participación Ciudadana, como el mandato de evaluación de autoridades y la resolución con la que se inició la evaluación de los exjueces constitucionales.

Además, el proceso administrativo que se llevó a cabo en el CPCCS-T en contra de la exjueza, el informe de investigación de la gestión de los exjueces y la resolución con la fueron cesados de sus funciones.

Antes de actuar, la administración del CPCCS consultó a la Corte Constitucional (CC) si procede o no entregar los expedientes a la Procuraduría, por la vigencia del dictamen interpretativo 2-19-IC, de mayo del 2019, que impide revisar las actuaciones del extinto pleno del Consejo que presidió el jurista Julio César Trujillo (+).

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La duda en el Consejo se debe a que, en octubre pasado, los jueces destituyeron de sus funciones al exconsejero Alembert Vera, que en su calidad de presidente “incumplió” el mandato interpretativo, según la CC.

Las razones: abrir un proceso de investigación en contra de Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, para lo que se revisó el expediente del concurso de méritos, oposición e impugnación que se hizo en el Transitorio.

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Así también, por la formación de una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas del extinto Consejo, en el cese de los exjueces de la Corte Constitucional y la designación de sus actuales miembros.

En su auto de seguimiento del 6 de octubre de 2023 aclaró que el resultado del referéndum del 4 de febrero de 2018, respecto al periodo de transición del CPCCS y el contenido del dictamen interpretativo, es “de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y servidores públicos”, y que su incumplimiento acarreará responsabilidades conforme la Constitución y la ley.

Como parte de la fase de seguimiento del mencionado dictamen que inició la Corte en contra de Alembert Vera, su padre, Gutemberh Vera Páez, también está solicitando los documentos y audios de las sesiones de los jueces.

En declaraciones públicas, el exvocal indicó que plantearía una demanda internacional por su destitución.

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Por otra parte, una de las medidas de reparación dispuestas por la Corte consiste en que el Consejo de la Judicatura proceda con una investigación en contra del juez de Montecristi (Manabí) Leiver Quimis Sornoza, quien aceptó una acción de protección para crear la veeduría ciudadana para evaluar la elección de los jueces constitucionales, pese a la vigencia del dictamen.

La Procuraduría apeló a la sentencia de Quimis, y la Corte Provincial de Justicia de Manabí negó la acción de protección y declaró error inexcusable en contra del juez.

La Corte pidió a la Judicatura que considere en su auto el expediente disciplinario que se lleve a cabo contra Quimis, pero hasta el 16 de octubre pasado la Dirección Provincial de Manabí informó que “no hay un expediente abierto por error inexcusable”.

Se explicó en un oficio que están a la espera de la notificación de la medida dispuesta por la Corte Provincial para “activar la acción disciplinaria”. (I)