Nueve nacionalidades indígenas de la región Amazónica exigieron a la Corte Constitucional (CC) que emita jurisprudencia respecto de la aplicación de la consulta previa, libre e informada para los proyectos extractivos antes de que se instale la Ronda Petrolera Suroriente, prevista para este 2024.
Con un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito, dirigentes de nacionalidades indígenas de Pastaza pidieron a los jueces que amplíen en un fallo las medidas de aplicación del consentimiento y la consulta previa, libre e informada en sus territorios.
Advierten que estaría por acercarse la XI Ronda Petrolera Suroriente para 21 bloques petroleros y temen que se concesionen sin obtener su consentimiento y la aplicación de los mecanismos de consulta previa, establecidos por organismos internacionales, la Constitución y varios fallos de la CC.
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El presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador (Confeniae), José Esach Puenchir, quien lideró la iniciativa, indicó que ningún proceso de consulta hecha en el pasado es válido y que en el futuro deberán hacerse de acuerdo con los criterios jurídicos.
El líder amazónico contó que en sus poblaciones se declararon en asambleas permanentes y «lo que venga después de la ronda petrolera, desconocemos», advirtió Esach, para que luego no los inculpen de las protestas sociales.
Las comunidades argumentan su demanda en que, en el 2019, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza declaró la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes al aplicarse una consulta previa, con base en un reglamento recogido en un decreto ejecutivo del 2012, en el gobierno de Rafael Correa.
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La sentencia de la Corte Provincial fue escogida por la Corte Constitucional para emitir jurisprudencia y aún está en trámite en el despacho del juez Richard Ortiz Ortiz.
Las nacionalidades consideran que en la actualidad está en vigencia un acuerdo del Ministerio de Energía y Minas, titulado Manual para la operativización de la consulta previa, libre e informada para la expedición de medidas administrativas en concesiones mineras, que para la Confeniae son contrarios a los estándares internacionales y fallos de la Corte Constitucional.
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Según Esach, en caso de que el Gobierno de Daniel Noboa Azín aplique estos mecanismos para las concesiones. «serán nulas». (I)
