La Corte Constitucional (CC) debe pronunciarse el 15 de mayo para dar su dictamen, previo y vinculante, respecto a la solicitud presentada por el colectivo YASunidos respecto a la constitucionalidad de la propuesta de consulta popular que impulsan desde el 2013.

La CC desarrolló el martes 18 de abril, desde las 10:00, la audiencia pública, presidida por la jueza Carmen Corral, para tratar el pedido de este grupo; y, según el art. 104 de la LOGJCC (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional), tiene veinte días desde que se avoca conocimiento para emitir su dictamen.

La propuesta de consulta de YASunidos pretende proteger el territorio del parque nacional Yasuní y los pueblos aislados de la Amazonía a través de la propuesta a una consulta popular cuya pregunta es: “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”.

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En la audiencia estuvieron presentes la jueza de la Corte Daniela Salazar Marín; la parte solicitante, representada por el abogado Ramiro Ávila; Yolanda Narcisa de Jesús Salgado, representando a la Presidencia de la República; los procuradores judiciales Juan Calero y Orlando Meza, representando a Petroecuador EP; Édgar Lagla, representando a la Asamblea Nacional; Carlos Heredia, representando a la Procuraduría General del Estado.

En la audiencia también estuvieron representantes del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

Gobierno pide que se archive el pedido

El Gobierno pidió que se archive el proyecto y manifestó en sus alegatos que suspender la actividad en el bloque 43 acarrearía problemas. Petroecuador, que opera el bloque, manifestó que hay “vínculos contractuales” que, de ser terminados, “generarían controversias y hasta una responsabilidad del Estado ecuatoriano”.

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El bloque 43 produce cerca de 55.000 barriles diarios. El año anterior, esta producción significó para el país cerca de $ 1.250 millones, con 18,47 millones de barriles. Cuenta también con reservas de 136 millones de barriles, que representan unos $ 7.600 millones.

El Gobierno defiende también que la ciudadanía ya se pronunció a través de la Asamblea Nacional que, en septiembre de 2013, declaró de interés nacional la explotación petrolera de los bloques 31 y 43.

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Corte dio 72 horas para legitimar intervenciones

Después de la intervención de todos los participantes, la jueza Corral concedió 72 horas a las instituciones que necesiten legitimar su intervención, ratificando el pedido de los jueces y juezas de la Corte Constitucional respecto de la información que se solicitó en la diligencia.

Luego, Corral deberá preparar un proyecto de sentencia para conocimiento del pleno de la Corte Constitucional.

Este caso se remonta a la presentación del colectivo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 753.000 firmas necesarias para pedir una convocatoria a consulta popular sobre la extracción de crudo en los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT), en el parque Yasuní. Estas alcanzaron el certificado de legitimidad democrática.

Su pedido fue archivado durante el gobierno de Rafael Correa y las actividades extractivas en el bloque 43 comenzaron. La producción se inició en 2017.

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Si la Corte Constitucional emite un dictamen favorable, lo siguiente es que se consulte en las urnas a los ecuatorianos por este tema. (I)