El Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) resolvió declarar la minería ilegal como una amenaza a la seguridad integral del Estado y “respaldará” la minería legal, en una coyuntura en que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Nacional Antiminero anunciaron acciones para contrarrestar la presencia de la fuerza pública estatal en sus territorios en los que hay presencia de proyectos mineros.

El titular de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, anunció este 26 de enero que esta declaratoria se viabilizará con acciones que serán implementadas en un decreto ejecutivo que suscribirá el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Esta declaratoria tendría como objetivo “respaldar a las concesiones mineras” que operan con legalidad para que ejerzan sus actividades en las zonas territoriales sobre las que tienen títulos, contratos, permisos o licencias.

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Ese respaldo se hará efectivo con la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que “tienen la obligación del aseguramiento del territorio para garantizar la paz y las actividades legalmente aprobadas”, manifestó Ordóñez, en una convocatoria a la prensa este jueves en la Casa de Gobierno.

Reconoció que esta decisión busca evitar que “personajes con agenda política pretendan afectar la posibilidad de que estas actividades productivas aporten al desarrollo al país”.

“Es fundamental entender que hay declaraciones de un dirigente de movimientos sociales indicando que impedirán a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que hagan actividades de protección en estas zonas”, apuntó.

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La reacción del Gobierno nacional se da en el marco de una asamblea nacional que mantuvo la Conaie y el Frente Nacional Antiminero en Latacunga (Cotopaxi) para elaborar un conjunto de estrategias de respuesta ante la presencia de la fuerza pública en sus territorios, a propósito de la operación de proyectos mineros de carácter legal.

En ese encuentro entre las estructuras sociales se llegó a más de una docena de resoluciones, siendo la primera preparar las condiciones de defensa con medidas de hecho en cada territorio en los que haya presencia de empresas mineras. Estas acciones serán progresivas “para defender el patrimonio de los ecuatorianos amenazados por el capitalismo minero y las transnacionales”.

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Anticiparon la responsabilidad del Estado, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas por cualquier “pérdida” de la vida de un manifestante o cualquier hecho que los vulnere mientras se defiendan de la actividad extrativista.

Entre otras estrategias, exigieron a las empresas nacionales e internacionales no dividir a los habitantes, no criminalizar a los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, y advirtieron a los empresarios de este sector de no invertir más en sus proyectos extractivos, porque defenderán sus territorios.

Para ello, la Conaie y el Frente Antiminero indicaron que se activarán las guardias indígenas y comunitarias, que serán las voces de alerta de la presencia de personal policial o militar.

En ese ámbito, Diego Ordóñez aseguró que el régimen aplicará la Constitución y la ley, pues el “Estado es uno solo y debe ser resguardado en su integridad por las Fuerzas Armadas, y no existe la posibilidad de que guardias privadas, que se llaman guardias indígenas o comunitarias, pretendan reemplazar el rol de la fuerza pública, que tiene por definición el uso legítimo de la fuerza”.

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Avisó que, de observarse atentados o actos que pretendan impedir la actividad legalmente autorizada, el Estado “intervendrá”.

“Lo importante es que se sepa que hay esa decisión de hacerlo, en contraposición de aquellos que pretenden que en Ecuador hay territorios independientes. Eso es sedicioso y hay que responder con las declaraciones que ratifican la fuerza de la norma de la ley”, acotó.

Aunque la Corte Constitucional (CC) reconoció en una de sus sentencias la presencia de estas denominadas guardias indígenas en los territorios, Ordóñez aclaró que no es que se las reconoció o legitimó; al contrario, la Corte dice que las “Fuerzas Armadas no pueden tener actividades permanentes en territorios ancestrales”.

“Por norma constitucional, el uso de la fuerza es del Estado; y, cuando se pretende sobreponer esto de las guardias indígenas, es un atentado contra la minería legal y no en contra de la minería ilegal”, reprochó la autoridad. (I)