Una vez que Pablo Celi de la Torre resolvió renunciar a la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) puede apresurar el concurso público de méritos y oposición para designar a la nueva autoridad para antes de marzo del 2022.

A las 15:48 de este 5 de julio, el CPCCS recibió el documento de la renuncia “irrevocable” de Celi, que lo hizo, según argumentó, con el fin de “salvaguardar los procesos institucionales de la Contraloría, ante condiciones que exceden mi capacidad de actuación, impuestas desde fuerzas interesadas en tomar el control de esta institución que han buscado con mi arbitraria e injusta detención paralizar el organismo de control, bloqueando sus procesos, afectando a su institucionalidad y empujando al organismo a una situación de inestabilidad crítica”.

Celi firmó este documento desde la cárcel 4 de Quito, en donde se encuentra preso desde abril pasado, investigado por el delito de presunta delincuencia organizada.

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Su situación se complica, debido al juicio político que inició la Asamblea Nacional en su contra y en esa línea pide asistir de forma presencial para defenderse.

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Su renuncia permitirá al CPCCS agilizar el concurso de designación, que según los consejeros tomará entre seis y ocho meses.

El proyecto de reglamento está listo, aunque no ha sido aprobado, porque están a la espera de que la sociedad civil haga sus recomendaciones por los últimos ocho días.

Cuando se apruebe dicha normativa, se podrá convocar al concurso y designar a la nueva autoridad que podría ser antes de marzo del 2022.

Esto en el contexto de que el CPCCS designó a Carlos Pólit Faggioni en marzo del 2017, pero renunció en junio de ese mismo año, antes de ser censurado por la Asamblea Nacional, al ser vinculado al caso Odebrecht.

Pablo Celi asumió como subrogante y fue ratificado en el cargo por el CPCCS Transitorio hasta marzo del 2022, cuando concluye formalmente el periodo de Pólit.

Además del reglamento, el CPCCS está discutiendo en lo interno el presupuesto que se requerirá.

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La presidenta del Consejo, Sofía Almeida, exigió al gobierno de Guillermo Lasso el desembolso de unos $ 400.000 para realizar el concurso de oposición, méritos e impugnación ciudadana para designar al nuevo contralor. Sin embargo, esa cifra contrasta con datos de la misma institución, que en el 2012 ejecutó $ 1′700.000 en ocho procesos de designación.

Los recursos se destinarían para cancelar las dietas de los comisionados ciudadanos, publicaciones en medios de comunicación, temas informáticos, pagos a los docentes que elaborarán el banco de preguntas, arriendo de oficinas, entre otros ítems.

De acuerdo con información del Consejo, en el 2012 por ejemplo, se requirió de $ 1′735.111 para la organización de los concursos públicos de autoridades de ocho instituciones del Estado.

Entre estas estaban la primera autoridad de la Contraloría del Estado, el defensor público, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), los jueces de la Corte Constitucional, los vocales del Consejo de la Judicatura, los defensores del cliente, los superintendentes de Economía Popular y Solidaria y de Control del Poder del Mercado.

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Otra cifra similar se destinó en el 2011, cuando el CPCCS iniciaba sus funciones y destinó más de $ 1,1 millones para designar a tres autoridades por ternas, como fueron los titulares de la Procuraduría General del Estado y los superintendentes de Compañías y de Bancos. Y, por comisiones ciudadanas de selección, a los titulares de la Fiscalía General, a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y al defensor del Pueblo.

Las actuales autoridades del Consejo de Participación Ciudadana argumentan que requieren de este presupuesto, sobre todo para el pago de las dietas de los miembros de la futura comisión ciudadana de selección.

De acuerdo con la Constitución, en el artículo 209, las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por cinco delegados de las funciones del Estado y otros cinco provenientes de organizaciones sociales y de la ciudadanía, que serán escogidos por sus méritos; y los 30 mejores puntuados pasarán a un sorteo público del que serán los escogidos cinco principales y sus suplentes.

La ley orgánica del organismo establece en su artículo 65 que los comisionados percibirán dietas diarias equivalentes al 3,3 % de la remuneración mensual de un consejero ($ 4.283).

En tanto el CPCCS organiza este concurso, la Contraloría está bajo la administración de Carlos Riofrío, designado subcontralor del Estado. (I)