Del tiempo que se tarde la Corte Constitucional (CC) en emitir su dictamen de constitucionalidad de los considerandos, el cuestionario y los anexos de la consulta popular que envió el presidente Daniel Noboa dependerá la fecha en que esta se realice.

Noboa planteó una consulta con once preguntas: diez relacionadas con la seguridad y una más sobre la reactivación de los casinos, prohibidos en el país desde el 2011.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que la CC tiene hasta 20 días para resolver sobre el tema. Si no lo hace en ese tiempo, se dará por entendido que su respuesta es favorable.

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En el caso de que los jueces resuelvan de forma afirmativa, la consulta se devuelve al mandatario para que emita el decreto ejecutivo en el que ordenará al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones.

La Constitución y el Código de la Democracia determinan que la consulta deberá convocarse en el plazo de quince días y efectuarse en un plazo de 60 días.

Si todo este proceso se cumple en los plazos máximos, o sea, unos 95 días, se calcula que la consulta se desarrollaría entre fines de marzo e inicios de abril. Pero podría ser antes si la CC y el CNE se apuran.

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Las once preguntas que propone Noboa son las siguientes:

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta 1?

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2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?

3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 3?

4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de (I) terrorismo y su financiación, (II) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (III) delincuencia organizada, (IV) asesinato, (V) sicariato, (VI) trata de personas, (VII) secuestro extorsivo, (VIII) tráfico de armas, (IX) lavado de activos y (X) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4?

5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo?

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6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6?

7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 7?

8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el anexo de la pregunta 8?

9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el anexo de la pregunta 9?

10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el anexo de la pregunta 10?

11. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? (I)