El gobierno de Daniel Noboa Azín estará atento al tratamiento que dé la Asamblea Nacional a los cinco proyectos de ley enviados a su sede para cumplir con el pronunciamiento de la ciudadanía en la consulta y referéndum del 21 de abril.

Para este martes, a las 09:00, el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, convocó a una sesión para resolver sobre la creación de una comisión especializada ocasional que tramite los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo en cumplimiento de los resultados de la consulta y referendo.

Este lunes, 20 de mayo de 2024, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres —en declaraciones de prensa desde el Salón Azul del Palacio de Gobierno—, anunció, entre otros temas, que se mantendrán atentos al debate de estas iniciativas legales.

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«Mantenemos nuestro diálogo con la Asamblea Nacional. Mañana (martes) se va a conformar una comisión multipartidista para el tratamiento de los proyectos de ley. Vamos a estar vigilantes de que en la Asamblea se lleve a cabo la voluntad popular y que no haya obstáculos en el camino que hagan que esa intención se caiga», declaró Torres.

Observarán que los legisladores no vayan más allá de los textos propuestos por el primer mandatario, exclusivamente sobre el aumento de penas para ciertos delitos graves tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

«El dictamen de la Corte Constitucional (sobre la constitucionalidad de la consulta popular) y la libertad de configuración legislativa impiden irse más allá de lo propuesto por el presidente respecto de las preguntas de la consulta popular. Específicamente, los temas de aumento de penas. Si la Asamblea decide incluir otros temas, lo que se esperaría es que no contaminen las reformas que el pueblo espera que sean aprobadas. Estaremos vigilantes, como garantes de aquella facultad del pueblo, que el Ejecutivo tiene que precautelar», agregó el viceministro.

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Del cuestionario de once preguntas que se votó el pasado 21 de abril, cinco proponían reformas al COIP y a la ley Reformatoria a la ley de Extinción de Dominio, como mecanismos para la lucha contra el crimen organizado.

Estas se refieren al incremento de penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros.

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También proponen que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de las penas por las que han sido sentenciadas dentro de los centros de rehabilitación; que se establezca como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las fuerzas del orden; y, destinar las armas, explosivos y otros usados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.

En materia de extinción de dominio, el jefe del Gobierno planteó simplificar los procesos de investigación para que los bienes de origen ilícito pasen a propiedad del Estado en menor tiempo.

Los textos de la consulta dieron a la Asamblea Nacional un plazo máximo de 60 días para el debate y aprobación de estos articulados.

No obstante, el viceministro Esteban Torres aclaró que en esos 60 días también se debe contemplar la potestad que tiene el presidente de la República de vetar los cuerpos legales que se aprueben en el seno del legislativo.

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«Existe el veto en este tipo de reformas y, en el caso no consentido de que existan reformas que vayan más allá de lo que los ecuatorianos aprobaron, tendremos el derecho de veto», añadió Torres. (I)