Casi dos años ha tomado hacer el concurso público de elección del titular de la Defensoría Pública y al final del proceso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene menos de 48 horas para decidir a quién designará en ese cargo, luego que una comisión ciudadana se rebeló y optó por no acoger una de sus resoluciones y habilitó a un postulante que fue descalificado y lo posicionó como el virtual defensor público.

El concurso se realiza desde noviembre del 2022 cuando se postularon más de 50 personas, pero al final quedaron nueve y de estos, cuatro, pues uno renunció y otros cuatro fueron descalificados por el Consejo de Participación Ciudadana en la etapa de apelación a las impugnaciones por falta de probidad.

Publicidad

Poco antes de la medianoche del 11 de junio de 2024, la comisión ciudadana encargada de organizar el concurso público de méritos, oposición e impugnación de la primera autoridad de la Defensoría Pública aprobó el informe final que definió a los cuatro candidatos mejor puntuados que se perfilan para esa función.

Pero su informe se aprobó con una anormalidad: se restituyó la calidad de postulante a una persona que fue descalificada por el pleno del CPCCS, como es Jorge Ballesteros Ballesteros, un jurista en libre ejercicio que se desempeñó como agente fiscal entre el 2007 y 2022.

Pleno del CPCCS descalifica a dos candidatos más en el concurso del defensor público

La comisión argumentó que el pleno del Consejo violó los derechos constitucionales de Ballesteros y la seguridad jurídica y que se atribuyeron funciones que no les competían, de intromisión, de fraude procesal.

Previamente, descalificaron a Ricardo Morales Vela, quien se perfilaba como el primero de los cuatro concursantes que quedaron para ser electo. A último momento se dio a conocer que tenía una inhabilidad registrada por el Ministerio del Trabajo.

Publicidad

Las normas que rigen los concursos públicos estipulan que los informes de las comisiones ciudadanas son vinculantes para el pleno del CPCCS, por lo que no pueden ser modificados y este quedó así:

  1. Jorge Ballesteros Ballesteros con 80,07.
  2. Yolanda Yerovi Nogales con 73,82.
  3. Margarita Gualotuña Cruz con 66,5.
  4. Jorge Torres Farinango con 57,21.

La resolución se notificó a los siete consejeros de Participación la noche del martes dentro del término de dos días que tenía para aprobar el informe final.

Publicidad

Ahora, el CPCCS tiene hasta la medianoche de este 13 de junio para designar a la nueva autoridad de la Defensoría Pública, con base en el listado expedido por los comisionados.

Esto alteró las actividades en el organismo y sus autoridades optaron por la prudencia. Incluso, la sesión de cada miércoles se hizo de forma virtual y cinco minutos después de instalada, el presidente, Andrés Fantoni, la declaró permanente y la suspendió.

Antes de la plenaria, Fantoni se encontraba en el edificio y dijo que se haría un informe jurídico que exponga las alternativas para solucionar el conflicto.

“El pleno es la máxima autoridad y hay que analizar si se habría producido una arrogación de funciones (de los comisionados) y comunicarlas, de ser el caso, a la Fiscalía o Contraloría. Estamos evaluando…”, indicó la autoridad en breves declaraciones a periodistas.

Publicidad

Esto en el contexto en que el reglamento de selección del defensor público contempla en un inciso del artículo 60, que las decisiones que tome el pleno serán de única y definitiva instancia.

Así como una disposición general que indica que en “todo lo no previsto en el presente reglamento o en el caso de duda en su aplicación, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la absolverá y su cumplimiento será obligatorio e inapelable”.

Por su parte, el consejero Augusto Verduga calificó a este acontecimiento como un “choque de trenes”, pero evitó adelantar un criterio, ya que cree que hay dos aristas que deben observarse.

Una de ellas es que las resoluciones de las comisiones ciudadanas se toman con mayoría absoluta de los integrantes, según el artículo 41 del reglamento que rige a estos cuerpos colegiados.

En el presente caso, la sesión de la comisión se instaló con siete de diez personas, pues tres de ellas son delegados de las funciones Legislativa, Judicial y Electoral que no fueron designadas por sus respectivas autoridades para ser parte de esta instancia.

De los siete presentes, el listado de mejor puntuados se aprobó con cinco votos y dos abstenciones.

Según Verduga, mientras el reglamento ordena una mayoría absoluta, el Código Orgánico Administrativo (COA) permite una mayoría con los miembros presentes.

Otro tema es que la normativa señala que las decisiones del CPCCS son de última y definitiva instancia. “Quiero ser prudente y revisar la sesión de la comisión”, expresó el consejero.

Esta coyuntura dependerá también de la posición que tome la mayoría del pleno, en referencia a la afinidad entre los consejeros Fantoni, Mishelle Calvache, Johanna Verdezoto y Juan Guarderas, pues en la minoría están Verduga, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos.

De resolverse esta situación, la Defensoría Pública tendría una autoridad titular, después de seis años de espera, ya que Ángel Torres Machuca está encargado desde agosto del 2018 cuando fue seleccionado por el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición. (I)