Denuncias y recusaciones continúan en el concurso de elección del defensor público

En un ambiente de denuncias y recusaciones se concretaría la designación del titular de la Defensoría Pública en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La elección de un defensor público se encuentra en la penúltima fase del concurso que lleva a cabo una comisión ciudadana de selección, que rechazó cinco impugnaciones que se sustanciaron en audiencias públicas en contra de cuatro de los nueve postulantes a ocupar este cargo.La Defensoría Pública está presidida actualmente por Ángel Torres Machuca, quien lleva en esa función desde agosto del 2018 por un encargo que le hizo el extinto pleno del CPCCS de transición hasta la actualidad.Desde el 2022, el Consejo de Participación Ciudadana inició el concurso para designar al titular, pero tras casi dos años de la convocatoria, el proceso no culmina.Se encuentra en la fase de impugnación y escrutinio público y resta la designación por parte del pleno del Consejo, con base en el informe de puntajes que hayan obtenido los nueve competidores, en el que en el primer lugar se encuentra Rodrigo Frías Toral con 96,46/100.En el interior del CPCCS se elabora un informe jurídico que analice dos apelaciones a la negativa de la comisión ciudadana de aceptar los cuestionamientos a la probidad e idoneidad en contra de los concursantes Byron Guillén Zambrano e Inés Romero Estévez.Según el reglamento, disponen de al menos diez días para que el CPCCS resuelva esta fase de apelación al escrutinio.Mientras tanto, están llegando escritos de ciudadanos recusando a varios de los consejeros para que no puedan consignar su voto en las decisiones relacionadas con esta elección.Una reciente recusación se planteó en contra de la consejera Nicole Bonifaz López para que se le impida participar en los puntos de debate de la elección del titular de la Defensoría Pública, acusándola de un supuesto conflicto de interés.La estrategia, cree Bonifaz, es que al recusarla, tengan que convocar a la consejera suplente y así reunir votos para la designación del nuevo defensor.Esto, porque Johanna Verdezoto -que es parte de la mayoría de Andrés Fantoni, Mishelle Calvache y Juan Guarderas- ha optado por abstenerse en estos temas, por una razón: la difusión de fotografías en las que, presuntamente, ella se había reunido con el postulante Rodrigo Frías Toral.Bonifaz pronostica que al ser recusada no sería parte del pleno para tratar lo que queda en el concurso y se convocaría a la consejera suplente, Jazmín Enríquez Castro, para que la reemplace.El 3 de abril pasado, Bonifaz fue removida de su función en la presidencia del CPCCS, pero reveló la denuncia de una exfuncionaria, Belén P. Ll., ante la Fiscalía General del Estado , de supuestas irregularidades en el cobro de gastos de residencia que habría hecho Verdezoto y que configurarían un delito de concusión.Según el relato de la denunciante, Johanna Verdezoto en el 2023, le habría pedido que firme un contrato de arriendo en calidad de propietaria de un inmueble ubicado en la avenida Bosmediano, en el norte de Quito, ya que la vocal al ser oriunda de Los Ríos accede a gastos por residencia provenientes de recursos del Estado.“Confié en ella pensando que no pasaría nada y le firmé ese contrato. Luego, ella me pidió que saque un RUC (Registro Único de Contribuyentes) y facturas y me dijo que haga una factura por el valor de $ 4.000 por cinco meses de arriendo. Luego le emití una factura por el valor de $ 800 por otro mes de arriendo», señala un escrito que difundió Nicole Bonifaz.La denunciante aseguró que ella no era propietaria del bien inmueble, pero que había firmado el contrato porque confió en Verdezoto y por necesidad e ingresos.En la víspera, desde el despacho de Bonifaz se informó que, presuntamente, la propiedad que arrendó Verdezoto tampoco es de Belén P. Ll. Al contrario, desde el 2014 la propiedad estaría a nombre de la pareja de la consejera.La denuncia sobre los gastos de residencia se conoció en el pleno del CPCCS en una sesión del pasado 24 de abril por moción de Bonifaz, aunque no se tomó ninguna resolución.En respuesta, Verdezoto aseguró que es una persona íntegra y reprochó a Bonifaz de pretender hacerle daño. “¡Nicole, solo te digo algo! No utilices a personas inocentes para hacerme daño, denuncia tú. Deja de ser una mala persona. Yo soy una persona tranquila, pero lo que tú estás haciendo no tiene nombre”, expresó.En esa plenaria, la consejera Yadira Saltos pidió que se dé lectura al pedido de un ciudadano que recusaba a Verdezoto para impedir que intervenga en temas relacionados con el concurso.No se lo leyó el documento porque, supuestamente, no se pudo descargar el documento por intermitencias en el servicio de internet.En la sesión del 24 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana discutió una aparente falta de transparencia de parte de la comisión ciudadana en la sustanciación de 26 impugnaciones en contra de los nueve participantes del concurso público.No obstante, no se tomó ninguna decisión.Previamente se conoció un informe jurídico, firmado por el coordinador del área, Luis Mejía, quien fue parte de la comisión ciudadana cesada por supuestas irregularidades en la elección de esta autoridad, a las que abordó el anterior pleno del CPCCS que presidió Gina Aguilar. (I)

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