Un «alto grado» de incidencia de la delincuencia organizada a través del delito de tráfico de armas estaría penetrando en los grupos de la sociedad civil, observó un informe oficial. Así también, un organismo regional alerta del financiamiento irregular que podría mezclarse con los denominados colectivos ciudadanos en Ecuador.
De una encuesta realizada a 159 personas delegadas de 20 instituciones estatales, el 82,35 % señaló que en Ecuador hay un grado alto de infiltración de los grupos delictivos que se dedican al tráfico de armas en los grupos de la sociedad civil. El 54,41 % de los consultados consideró que lo mismo ocurre dentro de los organismos del Estado.
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Las estadísticas se derivan de un informe que se elaboró en el gobierno de Guillermo Lasso, denominado Estrategia nacional contra la delincuencia organizada (Endot), que finalmente no se hizo público y tampoco se ejecutó.
En el documento se expone un diagnóstico de la permeabilidad de la delincuencia organizada, que está extendiendo su presencia con otros delitos como el tráfico de armas, que entre el 2021 y 2022 mostró un incremento del 71 % en noticias del delito, según datos de la Fiscalía General del Estado.
El tráfico de armas se articula al incremento de los homicidios, que entre el 2020 y 2022 aumentaron en un 250 %. La tabla evolutiva revela que en el 2010 se contabilizaron 2.624 homicidios con una tasa del 17,55 %; y, con corte al 29 de octubre de 2023 fueron 6.348 crímenes, es decir, el 34,8 %.
El 2023 fue el más alto, ya que en el 2022 se registraron 4.860 con una tasa del 27 %.
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A esto se suma que, según información de la Policía Nacional, aumentó la presencia de grupos de delincuencia organizada vinculada al tráfico de armas: en el 2020 se identificó a cinco grupos y en el 2022 subieron a ocho.
Ecuador está ubicándose como uno de los países de América del Sur que incrementa la violencia criminal, pues del 2021 al 2022 ascendió al 93,2 %, en medio de la proliferación de grupos de delincuencia organizada (GDO) que están insertándose en la función pública.
Es así como este 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía reveló lo que sería una red de corrupción que involucró a más de 30 sospechosos del delito de delincuencia organizada con vínculos del narcotráfico, entre ellos, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán Carrillo, quien guarda prisión preventiva desde el 15 de diciembre. Además de jueces, fiscales, miembros de la Policía Nacional, abogados, relacionistas públicas que fueron relacionados con la operación Metástasis.
Pero las alertas también se extienden hacia el ámbito político y el posible financiamiento ilícito a colectivos de la sociedad civil.
Según datos del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (UIOS), que es parte del Ministerio de Gobierno, existen 71. 607 sociedades que cuentan con su personería jurídica para realizar sus actividades.
Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se recomendó al Estado ecuatoriano clarificar las normas respecto a las contribuciones que pueden realizar las personas jurídicas a los procesos electorales, pues pueden desviarse hacia estos colectivos, que se forman como sociedades de hecho, sin personería jurídica.
Para las últimas elecciones nacionales anticipadas presidenciales y legislativas de agosto y octubre del 2023, la Misión de Observación Electoral de la OEA presenció la organización del proceso y su informe preliminar dejó sentada su preocupación por la conformación de estas instancias, que hicieron «pronunciamientos políticos, incluyendo alegatos de fraude, e hicieron llamados públicos a participar en manifestaciones con el objetivo de expresar descontento o reclamos electorales que frecuentemente estaban directamente alineados a algunas agrupaciones políticas».
Sus manifestaciones fueron en algunos casos violentas y promovieron la desinformación, además tuvieron cobertura mediática posicionándose como «grupos activos de incidencia político-electoral», retrató el documento.
Para la Misión, la actividad prolongada y niveles de articulación dejarían ver que «cuentan con financiamiento sostenido», pero «no existe ningún control sobre su constitución o financiamiento, a pesar de que tienen como objetivo incidir en los procesos electorales».
Si bien es un derecho constitucional la libertad de asociación, a la Misión le inquieta que estos grupos «escapan del andamiaje regulatorio del financiamiento político electoral y se constituyen en un atractivo para que grupos del crimen organizado puedan inyectar fondos y ejercer influencia política a través de estos».
Lo atribuyen a la debilidad del sistema de control que establece el Código de la Democracia, que en cuanto al financiamiento político podría incentivar la articulación de colectivos, como pagos en efectivo a delegados para funciones de veeduría sin la necesidad de que medie reporte alguno.
Es decir, permite que personas jurídicas hagan aportes y/o donaciones a los partidos y movimientos políticos, en medio de la ausencia de auditorías periódicas y análisis de solvencia económica de los donantes de campañas electorales. Además de la falta de control del gasto en plataformas digitales y redes sociales.
La ley electoral tendría «disposiciones confusas», consideró la Misión, sobre si las personas jurídicas pueden o no aportar dinero a las organizaciones políticas, pues en un artículo prohíbe y en otro lo permite, «lo que abre un portillo para que una persona jurídica done a una organización política y esta, a su vez, done a una campaña electoral, con lo que se vacía de contenido la prohibición existente de que personas jurídicas donen a las campañas».
Esto en referencia a la figura del límite del gasto electoral que permite que las agrupaciones políticas y alianzas electorales dispongan de aportes económicos privados para financiar la promoción de sus candidatos a las dignidades de elección popular.
En ese contexto, se sugirió iniciar un diálogo serio y profundo sobre los riesgos de que el crimen inyecte fondos a través de grupos que no son sujeto de control; y, que se corrija, armonice y clarifique la norma.
A propósito de esta observación, el colectivo Defiende tu Voto denunció un posible fraude en los resultados electorales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Uno de sus miembros, Néstor Marroquín, explicó que enviaron una carta a la Misión Electoral de la OEA para que aclare su pronunciamiento, aunque hasta el momento no han tenido respuesta.
«Antes de señalar que se incidentan los procesos, la afirmación que nos parece grave es que se diga que los colectivos ciudadanos están financiados por el crimen organizado. ¿Cómo se puede hacer una afirmación así, sin un sustento o prueba?», increpó Marroquín.
Son ocho personas las que realizan sus actividades con autofinanciamiento y «no tenemos un contribuyente o actor político que nos financie», precisó.
Según el activista, son un colectivo ciudadano amparado en el derecho de la libertad de asociación y vienen realizando esta actividad desde las elecciones del 2017.
A criterio del director ejecutivo de la organización no gubernamental Fundamedios, César Ricaurte, es necesario que el Estado fije mayores controles, sobre todo, en el sistema financiero privado.
«Lamentablemente hay un peligro de que pueda haber infiltración de dinero en la sociedad civil y no hay ningún sector, en este momento, que esté libre de un hecho así, porque hay una enorme cantidad de dinero que mueven estas organizaciones delictivas», comentó Ricaurte, quien cree que se deben reforzar los controles y normativas internas en cada organización para evitar la infiltración de delitos.
No descarta que detrás haya una posible complicidad del sector financiero, que en ocasiones excede los controles y en otras es permisivo. (I)
