La emisión del reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) atemoriza a los representantes de los trabajadores por la posibilidad de una ola de despidos de los servidores de la Función Ejecutiva, esencialmente, aquellos que mantienen contratos ocasionales.
El presidente de la República, Daniel Noboa, suscribió el Decreto Ejecutivo 57, que contiene el reglamento a la Ley de Integridad Pública que está en vigor desde el 25 de junio, luego de su publicación en el Registro Oficial y que, entre las reformas a más de 20 leyes, se modificó la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).
En una declaración de prensa de este 24 de julio, representantes de organizaciones de trabajadores, agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), anunciaron la convocatoria a la “unidad de los sectores sociales” para preparar una movilización nacional en los próximos días.
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“Si el gobierno de Daniel Noboa no retrocede en sus políticas antiobreras, tendrá como respuesta la movilización”, expresó el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, este jueves.
Según datos expuestos por Erazo, bajo la normativa expedida —tanto la ley como el reglamento— se encaminaría el despido de 200.000 servidores del sector público que se encuentran bajo contratos ocasionales.
El presidente de turno del FUT, Edwin Bedoya, avizoró una coyuntura política de “deterioro de la clase social”, porque estos mecanismos de evaluación continua tendrían como efecto “depurar, es decir, botar”, en un primer momento, a 20.000 trabajadores para atender “las disposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
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“Nos asombra el silencio de la Corte Constitucional y esperamos que no se convierta en cómplice de la conmoción social, porque sospechamos que se aproxima un deterioro de las condiciones de vida de la población”, dijo Bedoya, quien anticipó una “persecución” en contra de los dirigentes sindicales.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, calificó de “maquiavélico” el reglamento a la ley por el efecto en los contratos ocasionales que, según advirtió, provocaría el despido de “5.000 funcionarios” y otros “44.000 maestros... Van a arrasar con los nombramientos provisionales”.
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El dirigente del magisterio nacional aseguró que no están en contra de las evaluaciones que se proponen en los cuerpos legales, siempre y cuando estas no tengan como efecto el desempleo y la persecución. “Nos están dando un garrotazo”, comentó Quishpe.
El frente sindical realizaría la tarde de este jueves una primera concentración de protesta en los exteriores del Ministerio del Trabajo, en el norte de Quito, en contra de esta política laboral.
De este reglamento les preocupa, por ejemplo, la disposición transitoria séptima en la que se detalla que las instituciones que son parte de la Función Ejecutiva “con base en el informe técnico/económico respectivo y/o los demás requisitos previstos en la normativa aplicable, y previo análisis y disponibilidad presupuestaria de cada entidad, dentro del plazo máximo de tres meses a partir de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial, efectuarán los correspondientes procedimientos de supresión de puestos, así como darán por terminados aquellos contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales que no respondan al cumplimiento de los principios de racionalización, optimización y funcionalidad”.
Sobre la LOIP, que aprobó la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, se han planteado 23 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC). (I)
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