La puntuación global de Ecuador en el Índice de la Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) en 2023 pasó de 4,82 a 4,68 y aunque el país vivió tiempos de incertidumbre política generada por el juicio político del presidente Guillermo Lasso, su entorno anticorrupción se mantuvo relativamente estable en el 2022. Así lo afirman Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, en la quinta edición de este estudio, en el que evalúan la capacidad de quince países latinoamericanos para descubrir, castigar y prevenir la corrupción.

En 2023, Ecuador cayó del noveno al décimo puesto en el Índice y presenta una variación mínima en las categorías de democracia e instituciones políticas y de sociedad civil y medios de comunicación. El cambio en su puntuación global se vio provocado por los retrocesos en la categoría de capacidad legal, que descendió un 6 % en términos interanuales.

Dentro de la categoría de capacidad legal, Ecuador experimentó sus mayores retrocesos en las variables que evalúan las agencias anticorrupción y la cooperación internacional en materia de orden público. A principios de este año, los votantes rechazaron el referéndum de ocho preguntas de Lasso que habría autorizado la extradición por delincuencia organizada.

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El informe menciona también las investigaciones periodísticas sobre presunta corrupción en empresas públicas que condujeron al juicio político contra Lasso en mayo y terminó en la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y legislativas, que serán el 20 de agosto. Asimismo, los cargos contra el expresidente Lenín Moreno, junto con otras 36 personas, por presunta corrupción relacionada con un contrato de una central hidroeléctrica. Moreno ha negado haber cometido delito alguno.

Para estos meses siguientes, en el informe se pide monitorear las elecciones de agosto y las condiciones que permiten a Lasso gobernar por decreto hasta que asuman las nuevas autoridades.

Deterioro sería por nula capacidad de agencias anticorrupción

Laura Lizarazo, analista sénior a cargo de Ecuador en el departamento de Análisis Global de Riesgos de Control Risks en Bogotá, dice que el deterioro de la capacidad legal para combatir la corrupción se explica por la escasa o nula capacidad de ejecución de las agencias anticorrupción del país, que no cuentan con los mínimos recursos, independencia, articulación interinstitucional, capacidad técnica ni humana para brindar resultados significativos.

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“La actuación de estos organismos conduce a niveles bajísimos, casi nulos de investigaciones por parte de la Fiscalía, de sentencias condenatorias por parte de la rama judicial o de sanciones administrativas”, apunta, y pone de ejemplo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no logró ningún resultado significativo en 2022 ni tampoco en los últimos ocho años, en los que ha archivado la mayoría de las denuncias de corrupción.

En el tema legal, la experta menciona también la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado (creada por el Consejo de la Judicatura en marzo de 2022), que tiene poca o nula articulación interagencial y territorial con la Policía y otras autoridades judiciales.

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Asimismo, Lizarazo dice que ante la baja independencia y eficiencia judicial y de la Fiscalía en Ecuador, el hundimiento en febrero de la consulta que pretendía avalar la extradición incidió positivamente en la variable de calidad general de la democracia, en la categoría de democracia e instituciones. Por la constante injerencia de actores políticos e incluso criminales en procesos de investigación y causas judiciales, la extradición habría podido convertirse en una herramienta de persecución política y un frente de violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Otra incidencia positiva dice que fue la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 24 de noviembre de 2022 en la Asamblea Nacional, norma que busca facilitar el acceso y fortalecer la transparencia de la información sobre el desempeño de autoridades de Gobierno y el uso de recursos públicos.

Entre los diferentes indicadores de capacidad legal, las puntuaciones más bajas de Ecuador están en la independencia de la justicia y de la Fiscalía (3,67 %) y para la experta se debe a que muchas causas judiciales e investigaciones de corrupción tienen motivaciones políticas, como se vio en los intentos de destitución contra Lasso.

“Tanto el poder judicial como el ministerio público son ineficaces y son objeto de constantes intentos de injerencia por parte de funcionarios del Gobierno, legisladores e incluso actores criminales... por otro lado, las causas judiciales se ven frecuentemente empantanadas en procedimientos largos y enrevesados que muchas veces no concluyen, lo que se traduce en altos índices de impunidad”, explica. Recuerda las advertencias que el propio presidente Lasso, diferentes asambleístas e incluso el embajador de EE. UU., Michael Fitzpatrick, han hecho sobre los niveles críticos de vínculos entre el Estado y el crimen organizado en los últimos dos años.

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Las denuncias de irregularidades en las empresas públicas afectaron también en el puntaje de la capacidad legal del Índice CCC, e incidieron específicamente en la variable de eficacia de los organismos anticorrupción, que fallaron ostensiblemente en prevenir o detectar de manera temprana las irregularidades en la actuación de empresas públicas.

Estado de derecho en Ecuador continúa funcionando con relativa solidez

En tanto, pese a la calificación global de Ecuador de 4,68 en democracia tiene un 7, lo que Lizarazo explica que si bien en Ecuador la corrupción es endémica y socialmente aceptable, afecta a todas las ramas del poder público, erosiona la capacidad del Estado para cumplir sus funciones constitucionales y entorpece la actividad económica, el Estado de derecho continúa funcionando con relativa solidez.

“El país no está inmerso en una deriva autoritaria, ni su aparato judicial, ministerio público, fuerzas estatales, autoridades electorales y de Gobierno han implosionado. La sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y las organizaciones sociales continúan ejerciendo sus derechos constitucionales y funciones de control sobre el poder público... a pesar de la parálisis institucional por el choque permanente entre el ejecutivo y la Asamblea Nacional, Ecuador no ha experimentado un retroceso democrático como el registrado en Venezuela o Guatemala”, apunta.

No obstante, reitera que Lasso, quien estará en funciones hasta noviembre, no tiene capital político y su capacidad de ejecución seguirá siendo bastante limitada, por lo que es poco probable que logre implementar políticas públicas de largo alcance e impacto para abordar las causas estructurales de la corrupción en el país.

Según Lizarazo, la lucha contra la corrupción debe ser asumida como una política de Estado y no de gobierno por las administraciones futuras.

Ubicación de otros países en el índice CCC

El índice refleja un entorno anticorrupción que ha sido sometido a continuas presiones a lo largo de toda la región. Con las democracias y las instituciones fundamentales bajo presión, el informe registró un descenso en la puntuación promedio por primera vez desde 2020.

Asimismo, asegura que la corrupción sigue siendo un reto de primer orden en toda América Latina, pero que en algunos países puede verse eclipsado por problemas como la delincuencia, violencia, lenta recuperación económica tras la pandemia y el retroceso democrático.

“En general, los retrocesos no han sido dramáticos en comparación con 2022, sino que reflejan una erosión continua que lleva años desarrollándose. Se produjeron descensos tanto en los países situados en la parte alta del Índice, como Uruguay y Costa Rica, como en la parte baja en Guatemala y Venezuela”, refiere el documento.

El país con la puntuación más alta es Uruguay con 6,99 sobre 10, seguido por Costa Rica con 6,76, Chile con 6,67, Perú con 5,53, República Dominicana con 5,42, Panamá con 5,39, luego Argentina con 5,07, Brasil con 4,83, Colombia con 4,78, Ecuador con 4,68, Paraguay con 4,61, México con 3,87, Guatemala con 2,86, Bolivia con 2,56 y Venezuela con 1,46. (I)