El presupuesto de la UAFE se redujo casi a la mitad en siete años

En Ecuador las condenas por delitos de lavado de activos son ínfimas: entre los años 2015 y 2020 se emitieron solo tres sentencias condenatorias por este delito, y para el periodo de 2020 y 2022 apenas se dictó una sentencia. Los datos son parte del proyecto de Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos, que está en camino al segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

Con ese contexto, y en medio de la aguda crisis de inseguridad, surgió la interrogante de en qué condiciones se encuentra la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad responsable de recopilar información, realizar reportes, ejecutar políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.

En 2023, la UAFE envió a la Fiscalía un total de 25 reportes de operaciones inusuales, injustificadas (ROII), con un estimado de $ 250 millones en lavado de activos, detalló a este Diario Roberto Andrade, exdirector de dicha unidad. Esa información sirve de base a la Fiscalía para iniciar una investigación previa sobre lavado de activos y otros delitos.

Dichos reportes abarcan “los movimientos económicos que no guardan relación con el perfil económico, financiero y transaccional de una persona, es decir, son operaciones sospechosas y que no pueden ser sustentadas”, según se explica en la página web institucional.

El 24 de enero de 2024, durante el análisis del proyecto de ley, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, afirmó que al iniciar el gobierno encontraron que la UAFE “estaba desmantelada”, con pocas capacidades técnicas, poca tecnología, con una sola oficina en Quito, lo cual debía cambiar para robustecer a la institución, con el fin de “identificar, investigar y desmantelar las operaciones de lavado de activo y crimen organizado”.

“No sé si intencional o no intencionalmente, pero en estos momentos de crimen organizado, investigaciones y cruces de información es una entidad a la que se debe dar fuerza”, expresó el funcionario.

Las palabras del ministro motivaron que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional convoque al director de la UAFE, Alan Sierra, y a exdirectores de la institución para dar explicaciones de por qué la unidad se encuentra en esta situación. Solo asistió Sierra con su equipo.

De acuerdo con datos presentados por el actual director, se confirma que la entidad ha sufrido un recorte presupuestario, que los equipos y sistemas tecnológicos fueron adquiridos hace diez años y requieren actualización.

En 2017, el presupuesto de la UAFE ascendió a $ 4,79 millones y contaba con 106 servidores. Para 2024, el presupuesto se fijó en $ 2,80 millones y existen 103 funcionarios. La reducción de recursos económicos es equivalente al 41,48 % en los últimos siete años.

En mayo de 2023, la unidad fue reestructurada para cumplir con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero aquello no vino acompañado de más presupuesto, reveló la entidad.

Sierra destacó que el personal que encontró en la institución tiene las competencias y conocimientos para las labores que se realizan.

Sierra reconoció que “es muy poco” el número de personal que posee la UAFE en la única oficina que existe en Quito. Lo que se pretende hacer es abrir una oficina adicional en Guayaquil, ya que alrededor del 70 % de reportes sospechosos surgen de esa ciudad, lo que no significa que todas las actividades que se reportan son cometidas ahí.

Con el Ministerio de Economía se han mantenido reuniones para organizar la asignación de recursos, teniendo en cuenta la escasez de dinero en la caja fiscal, y además hallar un espacio en Guayaquil, ya sea dentro de las instalaciones de otra dependencia pública.

En cuanto a la compra de equipos, sistemas, paquetes informáticos y maquinarias, la última gran inversión fue en 2013 por un monto de $ 1,57 millones; entonces se adquirió el Data Center.

En 2016 se invirtieron $ 555.016 y se implementó el Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Sislaft). No obstante, según la información proporcionada por Sierra, para que dicho sistema sea eficiente se necesita una plataforma adicional para el análisis de datos e inteligencia de negocios. Se requiere una renovación de los equipos para tener mayor control y análisis integral de datos.

En 2023, las inversiones en este rubro apenas totalizaron $ 10.394,97. Y “hasta la presente fecha, con base en información pública, la UAFE no refleja proyectos de inversión”.

Respecto a los reportes de operaciones inusuales, entre los años 2012 y 2023 se generaron 287 ROII que se enviaron a la Fiscalía. La UAFE apunta a menos reportes, pero con mejor calidad, mayor procesamiento de información que entregan los sectores obligados a reportar e intercambio eficaz de información con instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia.

Se han judicializado 42 ROII, en los cuales la UAFE ha presentado acusación particular, lo cual puede hacer desde la reforma que se hizo en 2016 a la ley que rige a la entidad. En el año 2023 se judicializaron tres reportes, de los cuales en dos ya se presentó la acusación particular y en el otro se lo hará en los siguientes días.

Una cifra alarmante revelada por las autoridades fue que cada mes la unidad recibe 80 millones de informes de los sujetos obligados a reportar. Se incluyen reportes esenciales sobre operaciones que superan el umbral de los $ 10.000, así como informes de operaciones inusuales injustificadas.

De momento, los sujetos obligados a informar a la UAFE son 27, entre los que se encuentran abogados, contadores, jueces, fiscales, asambleístas, personal de las cúpulas militar y policial, directores de los centros de rehabilitación social, guías penitenciarios, gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos, filiales extranjeras bajo control de las instituciones del Sistema Financiero Nacional, bolsas y casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional e internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de dinero, encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias.

Una de las aspiraciones es que los sujetos cumplan su rol de generar alertas tempranas para prevenir el lavado de activos. Por ejemplo, que los negocios como concesionarios de vehículos y fideicomisos inmobiliarios —por mencionar algunos— fortalezcan sus procesos de perfilamiento de clientes.

Adicionalmente, que las unidades antilavado de activos que existen en las instituciones públicas se articulen en un solo sistema. (I)