El candidato-presidente de la República, Daniel Noboa Azín tiene el “camino libre” para hacer campaña política para la segunda vuelta del 13 de abril, pero todavía no podrá designar a una vicepresidenta de la República temporal que reemplace a Verónica Abad, hasta que se ejecute la suspensión de sus derechos de participación.

Después del mediodía de este 24 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificó, a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y a la vicepresidenta de la República, de su sentencia de última instancia que negó un recurso de apelación y confirmó que Verónica Abad cometió violencia política de género tipificado como una infracción electoral muy grave en el Código de la Democracia.

Las partes procesales, la denunciada y la denunciante pueden presentar un recurso horizontal de aclaración y ampliación al fallo, para lo que tienen tres días hábiles, que vencerían entre el jueves y viernes.

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Los jueces electorales tienen dos días hábiles para responder el pedido y ahí la sanción a Abad se encontraría en firme. Esto podría ser entre el lunes o martes de la próxima semana.

El TCE informará al Ministerio del Trabajo para que registre el impedimento en su sistema, con lo que la segunda mandataria no podrá ejercer ni el cargo de vicepresidenta, ni otro en el sector gubernamental, ya que entre los derechos de participación está el de poder ejercer un cargo público.

El ministro de Gobierno, José De La Gasca precisó, este 25 de marzo, que Abad no ha sido destituida, sino que al ser sancionada con la suspensión de estos derechos políticos, estará “inhabilitada para ejercer el cargo de vicepresidenta”.

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“Suspenderle los derechos no significa destitución. El efecto de la suspensión al estar inhabilitada es una razón de fuerza mayor que configura la ausencia temporal. Esta sentencia es inapelable, por lo que el derecho de pataleo no existe”, dijo.

Añadió que el Gobierno sabrá llenar estos “vacíos de poder”, y no adelantó cuál podría asumir el reemplazo de Abad, que hasta febrero pasado fue Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración.

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Admitió que con este fallo del TCE el “camino estaría libre para que el (candidato-presidente Daniel Noboa) pueda encargar el poder en buenas manos, porque no podría en riesgo al país”.

QUITO (28-02-2025).- La vicepresidenta Verónica Abad,  junto con sus abogados llegaron a la Asamblea Nacional para entregar documentación sobre su caso. Carlos Granja Medranda.  / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Sin embargo, hasta que se cierre este caso en la justicia electoral, no está claro cuál es la condición de Daniel Noboa en estos primeros tres días de lo que va la campaña electoral de la segunda vuelta que se extenderá hasta el 10 de abril: si de presidente de la República o de candidato por su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

Esto debido a que no se ha acogido a una licencia sin sueldo como lo establece el artículo 93 del Código de la Democracia, porque “no estaría obligado” a tomarla ha dicho De La Gasca.

El periodo de proselitismo se inició este 23 de marzo último, al mismo tiempo que se hizo el debate en el que Noboa se confrontó con su adversaria Luisa González Alcívar, candidata de la coalición correísta de la Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO).

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Entre el lunes y martes últimos, Noboa ha dado entrevistas a medios de comunicación y participa de recorridos en Guayaquil sosteniendo “diálogos” con jóvenes universitarios en donde ha explicado sus propósitos de tener un ecosistema para la sostenibilidad económica y en un programa de “valorización docente”.

El ministro de Gobierno recalcó que esta postulación de Noboa no se trata de una reelección, por lo que no estaría obligado a pedir la licencia.

La decisión de a quién encargaría la Presidencia, en el caso que decida tomar la licencia para hacer campaña —que termina el 10 de abril— se conocería en las próximas horas, dijo el funcionario.

La segunda mandataria se encuentra en Ankara (Turquía) desde el 17 de marzo, cumpliendo su función de encargada de negocios, que le asignó el primer mandatario, pero con la suspensión de sus derechos tendría que retornar a Ecuador, confirmó De La Gasca.

Esta sanción tuvo origen por una denuncia por infracción electoral muy grave que presentó la canciller Gabriela Sommerfeld que acusó a Abad de violencia política de género y que la trató el juez electoral Guillermo Ortega.

Él declaró a Abad responsable de esta conducta y la sancionó a pagar una multa de 30 salarios, alrededor de $ 14.000, le suspendió los derechos de participación por dos años y, como reparación integral a la víctima debe ofrecer disculpas públicas en un medio de comunicación nacional.

Estas sanciones se ratificaron en una sesión del pleno del Tribunal que es de última y definitiva instancia que se aprobó por mayoría, con los votos de los jueces Ángel Torres Maldonado, Ivonne Coloma y Joaquín Viteri (ponente); Fernando Muñoz y Richard González (suplente) abordaron un voto salvado, es decir, en contra. (I)