En medio de un estado de excepción, el próximo domingo 20 de agosto más de 13 millones de ecuatorianos deberán acudir a las urnas. Esto luego que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, comunicara que los comicios “se mantienen inalterables”. El anuncio lo hizo la madrugada de este jueves, 10 de agosto, horas después del asesinato de uno de los ocho candidatos a la Presidencia de la República: Fernando Villavicencio.
Durante la campaña de las elecciones presidenciales del 2021 también hubo estado de excepción, pero entonces por una nueva ola de contagios de COVID-19 y las caravanas y caminatas se limitaron para evitar aglomeraciones con base también en un protocolo sanitario.
No se impedirán caravanas ni concentraciones, solo si Policía ve riesgo
Ahora que el problema es el alto nivel de inseguridad, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, comenta que no se impiden caravanas o concentraciones, pero de acuerdo al perfil de riesgo de alguna de estas actividades la Policía sí puede impedirlas.
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Pita se refiere al capítulo III del Decreto Ejecutivo 841, en el cual el Ejecutivo declaró estado de excepción por 60 días en el país y que señala la limitación o suspensión de derechos, como el de la libertad de reunión. “La fuerza pública queda facultada para impedir la propagación de acciones violentas tales como las que dieron lugar a este estado de excepción”, indica el artículo 5 del decreto.
Más de 87.000 uniformados en recintos electorales
Los sitios que funcionarán como recintos electores el domingo 20 de agosto tendrán resguardo de uniformados.
El vicepresidente del Consejo Electoral dice que para resguardar la seguridad en estos recintos se desplegarán 54.000 efectivos de la Policía Nacional y 43.000 de las Fuerzas Armadas.
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Este panorama electoral, para los expertos, por un lado se convierte en un escenario de “terror” y “miedo” para los electores. Por otro, se considera una “barbaridad” el pronunciamiento de autoridades de que los candidatos no están impedidos de realizar caravanas y que se podrían impedir según el perfil de riesgo.
“Con el estado de excepción las elecciones se desarrollarán bajo un espectro general de temor y terror, puesto que estos escenarios ya se han vivido en Latinoamérica, históricamente hablando”, dice el analista político y experto en temas electorales Esteban Ron.
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Cita como ejemplo lo que ocurrió en Colombia en los años 90 durante las elecciones del Congreso cuando hubo atentados en los recintos.
Indignado, el exconsejero electoral Fausto Camacho, dirigente del colectivo Voces por la Democracia, señala que más allá de cómo se van a realizar las elecciones, las autoridades estatales deben considerar la gravedad de la inseguridad por la que atraviesa el país, por lo que califica como una “barbaridad” el pronunciamiento: “Parecería que no ha pasado nada y que igual vamos a las elecciones, declaramos duelo nacional, pero el domingo es el debate y seguimos… Qué es lo que pasa con este país, qué ha pasado con el Estado. Los hechos son mucho más graves de lo que queremos mirar, pero además normalizamos el hecho de que hayan asesinado a un candidato a la Presidencia de la República diez días antes de las elecciones”, exclama.
Camacho considera que las elecciones tendrían que postergarse, para que el movimiento político tenga el tiempo oportuno para presentar a un nuevo candidato, ya que según lo establecido en el artículo 112 del Código de la Democracia: “si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza”.
El exfuncionario electoral indica que el proceso de reemplazo de un candidato implica que debe haber un tiempo para que se presente la propuesta, lo que puede tomar unos tres días, y luego tiene que aceptarse la solicitud de inscripción y calificarse la candidatura y solo cuando esté calificada y en firme, esa persona pasa a ser candidato, cuyo procedimiento no demora menos de cinco o seis días mínimo y si es que alguien interpone un recurso de objeción a la candidatura serán 15 días.
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“Vamos a hacer un debate el domingo, mientras todavía le estarán velando a Fernando Villavicencio y los candidatos debatiendo sobre qué, el plan de gobierno, la seguridad, por Dios, hasta me parece una falta de respeto. Y el candidato que proponga esa organización política no va a participar en el debate, no puede participar porque no es candidato, al domingo no hay candidato todavía”, refiere.
Por su parte, Ron considera que el CNE y el Consejo Nacional de Seguridad deben garantizar “con una contención” la seguridad absoluta y además con un resguardo militar dentro de cada uno de los recintos para que no se pueda dar ningún tipo de atentados. “Obviamente cambia la estrategia, pero en general de contención por cualquier situación anómala”, afirma.
Bajo todo el contexto por el que atraviesa el país, Ron sostiene que la dinámica de la campaña y cierres van a cambiar por estar restringida la libre reunión en el estado de excepción, por lo que los mítines deberán ser menos concurridos. “Creo que las caravanas y demás, los cierres de campaña en virtud de este duelo nacional no van a ser masivas, el debate también cambiará en su dinámica respecto a posibles atentados”. (I)
