En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hay una segunda denuncia por presunta infracción electoral en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes fueron promovidos electoralmente por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC) pese a prohibiciones legales.
Ellos son Mónica Jaramillo Jaramillo, quien el 1 de julio de 2024 presentó una denuncia en el TCE en contra de los consejeros principales Augusto Verduga y Yadira Saltos y de los suplentes Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, quienes fueron electos en las elecciones seccionales y del CPCCS del 2023.
La denuncia se sustenta en que habrían incurrido en lo contemplado en el artículo 279 numeral 12 del Código de la Democracia, respecto de «incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral».
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Los cuatro consejeros de Participación Ciudadana fueron auspiciados en las plataformas de redes sociales durante la campaña electoral de los comicios de febrero del 2023 por los dirigentes del movimiento político Revolución Ciudadana, entre ellos, Rafael Correa, quien llamaba a sus simpatizantes a votar por los candidatos de la ‘liga azul’.
Estos mensajes políticos se difundieron pese a que la Constitución y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana prohíben que los candidatos a ocupar esta dignidad de elección popular sean auspiciados por agrupaciones políticas.
La denuncia de Jaramillo recayó en el despacho del juez Guillermo Ortega, quien dio un plazo de dos días para que aclare y complete su pretensión.
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Pero hay una primera denuncia en el Tribunal en contra de las cuatro figuras, que la plantearon los excandidatos al Consejo Pamela Troya y Santiago Becdach.
Esto se produce en un contexto en el que el TCE emitió nueva jurisprudencia en campañas electorales con regulaciones para las redes sociales. Su pronunciamiento se dio en el trámite de una infracción electoral similar en la que se sancionó a Alembert Vera Rivera, exvocal del CPCCS.
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La denuncia la impulsó el consejero actual, Juan Guarderas Cisneros y, en última instancia judicial, Vera fue sancionado con una multa equivalente a 50 salarios básicos ($ 22.000), que deben pagarse en un plazo de tres meses y la suspensión de sus derechos de participación por los siguientes cuatro años contados desde el siguiente día del fallo ejecutoriado.
En paralelo a estas denuncias electorales está en preparación las elecciones generales del 2025, para lo cual la Asamblea Nacional emitió una modificación legal a la ley del CPCCS y eliminó una prohibición para que estas autoridades puedan candidatizarse a asambleístas, parlamentarios andinos o binomio presidencial.
En el Registro Oficial se publicó el 21 de junio la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que integró también reformas a la ley del Consejo.
En los cambios se incluyó una disposición derogatoria que eliminó un artículo innumerado luego del artículo 35 que permite la participación de las autoridades del CPCCS en un proceso electoral inmediato.
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Antes, dicho artículo obligaba a los miembros del Consejo que, «una vez que concluyan sus funciones como consejeros no podrán participar como candidatos en la inmediata elección seccional, para asambleístas y/o subsiguiente elección presidencial». (I)
