La proclamación de Carlos Rabascall Salazar como el precandidato a la Presidencia de la República para correr en las elecciones generales del 2025 por el partido Izquierda Democrática (ID) motiva, por ahora, cuatro recursos legales que están en conocimiento de jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En las últimas horas, cuatro presidentes provinciales del partido Izquierda Democrática presentaron ante el TCE recursos de «impugnación» en contra de las elecciones primarias que se hicieron el 16 de agosto de 2024, en las que se proclamó a Carlos Rabascall y Alejandra Rivas Mantilla como sus precandidatos a la Presidencia de Ecuador y la lista de posibles candidatos a la Asamblea Nacional y parlamentarios andinos, para los comicios nacionales del 2025.
Dentro del reconocido partido naranja esta decisión de la directiva presidida por Analía Ledesma ha generado molestia en una facción de los afiliados, quienes denuncian actos, aparentemente, irregulares para escoger a los precandidatos.
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Por ejemplo, que se habría modificado su estatuto interno para que Rabascall pueda ser el precandidato, ya que sus reglas es que participen perfiles con militancia y formación en las filas de la socialdemocracia por un tiempo específico.
La presidenta de la ID, Analía Ledesma, aseguró que estas son blasfemias y calumnias y que «no se reformó nada». Al contrario, lo que se hizo fue una «actualización» a la normativa nacional y la salvedad de los dos años de activismo en el partido.
Además, que el Consejo Ejecutivo Nacional de la organización permite eximir de cumplir este requisito de los dos años siempre y cuando no se aleje de la línea ideológica, expresó Ledesma en una entrevista con radio FM Mundo.
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Sin embargo, las primarias del viernes anterior provocaron que dirigentes acudieran al TCE para que resuelva este conflicto interno.
Uno de ellos es Holver Giler Macías, miembro del Consejo Directivo Nacional de la ID y presidente de Sucumbíos, quien presentó una impugnación a las elecciones primarias del 16 de agosto que se hicieron en Portoviejo (Manabí).
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La causa está en el despacho del juez Joaquín Viteri Llanga, quien le otorgó un plazo de dos días para que complete y aclare los hechos sobre los que basa su recurso.
Otra impugnación es la de Jane Lemarie Caicedo, vocal del Consejo Ejecutivo y presidenta de la ID en la circunscripción de América Latina, África y Oceanía, que también impugna las primarias.
Su recurso está en manos de la jueza y presidenta del TCE, Ivonne Coloma Peralta, quien le otorgó dos días de plazo para que aclare y complete requisitos legales antes de resolver su admisión.
Cristian Molina Quintero, vocal del Consejo Ejecutivo de la ID de la provincia de Cotopaxi, ingresó un recurso similar que recayó para conocimiento del magistrado Viteri, quien pidió aclarar los agravios y completar requisitos reglamentarios.
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Otra impugnación la presentó Gabriel Bohórquez Morales, parte del Consejo Ejecutivo Nacional y presidente de la ID en Galápagos, también en contra de las elecciones primarias en las que se proclamó a Rabascall y Rivas.
El juez Guillermo Ortega Caicedo, quien sustanciará esta causa, le pidió aclarar y completar su reclamo.
De acuerdo con el reglamento de Trámites del TCE, los recursos por conflictos internos en las organizaciones políticas se tramitan en un plazo de 30 días e incluyen una audiencia pública de pruebas y alegatos.
Adicionalmente, las diferencias internas llegaron también a la Fiscalía General del Estado.
El parlamentario andino y parte de la ID Paúl Desamblanc Cañadas denunció a Analía Ledesma García por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que refiere a aquellas personas que incumplen órdenes o prohibiciones específicas o legalmente debidas, dictadas por autoridad competente en el marco de sus facultades legales. La sanción contempla una pena privativa de libertad de uno a tres años.
El político asegura que Ledesma desacató una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral de 2020, que disponía que, en el caso de reformar sus estatutos internos, debe hacerlo seis meses antes de las elecciones primarias, paso previo a un proceso electoral nacional. (I)
