Garantizar la seguridad durante el desarrollo de los comicios generales del 2025 será un desafío para el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Policía Nacional y los candidatos que se enfrentan a la falta de financiamiento y logística.
El 30 de diciembre de 2024 se conocerá el listado definitivo de los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales, de asambleístas y parlamentarios andinos previstas para el 9 de febrero del 2025.
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En ese momento, los aspirantes que estarán en la papeleta podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que articule equipos de seguridad para el acompañamiento en sus actividades en medio de la situación de inseguridad que vive el país y con la declaratoria de un conflicto armado interno que el Gobierno nacional mantiene vigente.
Para los representantes de las organizaciones políticas este es un tema de interés después de lo ocurrido el 9 de agosto de 2023, durante la campaña por los comicios generales anticipados, cuando fue asesinado Fernando Villavicencio Valencia, quien postulaba a la Presidencia de la República por el movimiento Construye.
Los directivos de los 17 partidos y movimientos nacionales, reunidos en un consejo consultivo, elevaron su pedido al CNE para que se garantice la seguridad de sus cuadros. Pero la respuesta de las autoridades no fue alentadora: no hay recursos para subvencionar los gastos para los policías ni la logística.
El presupuesto que requirió el Consejo para organizar estos comicios asciende a $ 91′707.668, de los que $ 10′035.881 se destinarán a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que están obligadas a colaborar con la seguridad ciudadana en recintos electorales, dependencias y el traslado del material.
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El 22 de noviembre de 2023 se emitió el Acuerdo Ministerial 150, firmado por el entonces ministro del Interior, Juan Zapata, que reglamenta la participación de los miembros de la Policía en actividades de seguridad y protección permanente e intransferible a 40 autoridades del Estado, entre ellos, los candidatos calificados a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, de acuerdo con su nivel de riesgo.
En el documento no se incorporó a candidatos a la Asamblea Nacional.
Antes de otorgar un equipo de seguridad se realiza un análisis de riesgo personal (ARP), que es catalogado como un levantamiento de información con carácter reservado, que identifica las amenazas y vulnerabilidades al que está expuesto un funcionario o exfuncionario, los potenciales daños y consecuencias, lo que permitirá determinar su nivel de riesgo y exposición para establecer el número de policías para los candidatos.
Adicionalmente, el acuerdo establece que para que el servicio sea eficiente, las instituciones públicas son responsables de garantizar a los uniformados todos los medios necesarios para cumplir sus funciones, como espacio físico, medios ergonómicos, movilización, comunicaciones, viáticos, subsistencias, vehículos y los conductores, quienes pasarán a formar parte del dispositivo.
Frente a estos requerimientos, el Consejo adelantó que no dispone de los recursos para costearlos y menos para dotar de vehículos blindados, por lo que no se desechó la posibilidad de que los candidatos cubran esos gastos.
Policía Nacional capacita personal en protección de candidatos
La Policía trabaja en la preparación de sus hombres con cursos especiales de entrenamiento para dar seguridad a altas autoridades del Estado y a candidatos.
En Ambato (Tungurahua) funciona una escuela con ese objetivo bajo la administración de la Dirección Nacional de Protección y Seguridad, que avanzó a un sexto programa de capacitación y reentrenamiento en el que participaron 70 personas.
Las cifras oficiales detallan de 744 requerimientos de análisis de riesgo personal de los que 626 se atendieron y los restantes 118 estaban en estudio, expresó José Luis Vaca, director nacional de Protección y Seguridad, en una declaración de prensa a finales de julio.
Fausto Íñiguez Sotomayor, quien también participó del acto, destacó la creación de la Escuela de Protección y Seguridad que funcionaría en los siguientes meses enfocada en dictar cursos de seguridad de dignatarios con apoyo internacional como el de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
El viceministro aclaró que los candidatos que requieran de protección tendrán que gestionarlo a través del CNE, que a su vez presentará una certificación presupuestaria que cubra los gastos que demanden las actividades.
«Nosotros ponemos nuestro contingente en cuanto al recurso humano y el CNE debe proveer un vehículo blindado y la certificación presupuestaria. Como Policía Nacional ponemos una parte y las instituciones deben asumir la suya. La seguridad es un complemento de todos», afirmó.
Según los hitos del calendario, los 17 partidos y movimientos agotaron la fase de elecciones primarias en las que proclamaron a 17 precandidatos a presidente y vicepresidente y se esperaría que hasta el 30 de agosto se defina si habrá alianzas electorales que reduzcan ese número.
Sobre esa base se realizaría los ARP para determinar el nivel de riesgo y amenaza que reporte el posible beneficiario.
Pedidos de los aspirantes
El precandidato a la Presidencia del movimiento Democracia Sí, lista 20, Iván Saquicela Rodas, adelantó que solicitaría resguardo policial.
Recordó que en enero pasado se produjo un atentado en su casa y, en su condición de exjuez penal y expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) «amerita una evaluación del riesgo y el Estado debe brindar seguridad», precisó.
El director nacional del partido Unidad Popular (UP), lista 2, Geovanni Atarihuana, no descartó que soliciten seguridad para sus precandidatos Jorge Escala Zambrano y Pacha Terán, pero será eventual debido a las circunstancias que anticipan las autoridades.
«En estas condiciones muy eventualmente pediremos protección, aunque se supone que el Estado debería garantizar la seguridad de quienes aspiran a la Presidencia, pero nos tocará organizarnos con la militancia y el apoyo de la gente, y en casos excepcionales la pediremos», comentó.
El precandidato presidencial del movimiento Construye, Henry Cucalón, coincidió en que esta protección es parte del protocolo que el Estado debe garantizar y, al haber sido ministro de Gobierno, conoce de los efectos de las disposiciones legales que acarrean estas acciones, como el costear los gastos de quien lo proteja.
El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, es precandidato a la reelección por su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, y su defensa está a cargo de la casa militar presidencial.
Recientemente, el 20 de agosto, Noboa hizo cambios en la jefatura y terminó con las funciones del general de Brigada Medardo Calero Silva y nombró al general de Brigada Milton Rodríguez Rojas mediante la suscripción del Decreto Ejecutivo 367.
Con su candidatura calificada, el mandatario tendrá que solicitar licencia sin sueldo para hacer campaña electoral, y el cuerpo de seguridad del Palacio de Gobierno se mantendrá.
También está Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, quien es el postulante del Partido Social Cristiano (PSC), cuya seguridad se garantiza por la escolta legislativa y este cuerpo de seguridad especial.
Respecto de Jan Topic Feraud, precandidato presidencial del partido Sociedad Unidad Más Acción (SUMA), lista 23, contaría con seguridad privada. El empresario participó en las elecciones anticipadas de agosto del 2023 y se movilizaba con su propio contingente.
Una de las postulantes presidenciales es Andrea González Nader, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3, que ya cuenta con protección policial.
González formó binomio con Fernando Villavicencio en las presidenciales anticipadas y, desde su asesinato, ella convive con acompañamiento policial.
OEA sugirió al CNE evaluar mecanismos de protección
El crimen del político ecuatoriano fue un punto de partida para adoptar nuevas medidas, como contar con una cápsula de protección y llevar puesto chalecos antibalas y cascos.
La inseguridad fue motivo de preocupación de las misiones de observación electoral internacional que participaron en las elecciones nacionales anticipadas del 2023.
Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) recogió en su informe el contexto de inseguridad, violencia política y electoral que atraviesan los procesos y están convirtiéndose «en un costo adicional, casi normalizado, para las agrupaciones políticas».
Alertó que esto provoca que los recursos se redirijan hacia la protección, mientras se limita la promoción proselitista; además, abre una puerta para las «inequidades, ya que no todas las organizaciones políticas cuentan con la misma capacidad financiera».
El organismo recomendó al CNE y a las autoridades estatales que capaciten a la fuerza pública y candidatos en el manejo de situaciones críticas para prevenir ataques. También, que haya una asignación estatal que garantice estándares mínimos de cuidado para los candidatos.
Y que se estandaricen costos, con el fin de que la protección no dependa exclusivamente de los recursos disponibles por cada organización política. (I)
