El juicio político no es la única alternativa que se discute en el Parlamento para sacar a Guillermo Lasso de la Presidencia de la República; sectores de la oposición advierten que, si el juicio no pasa el filtro de la Corte Constitucional, podrían declarar su incapacidad mental y hasta calentar las calles.

El pleno de la Asamblea Nacional está convocado para el sábado 4 de marzo a las 08:00 para conocer, debatir y resolver sobre el informe aprobado por la comisión por la verdad, justicia y lucha contra la corrupción en el que recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, porque su conducta se adecua al cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, invocando el artículo 129 numeral 1 de la Constitución. Así como delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, por la infracción de deberes positivos especiales a su cargo.

‘Omisión’ de Guillermo Lasso facilitó el cometimiento de delitos como peculado, cohecho, tráfico de influencias, según informe que aprobó la comisión legislativa ocasional

Al momento los votos para aprobar el informe vendrían de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), el bloque del Partido Social Cristiano (PSC), los aliados a estos dos sectores que están en Pachakutik e Izquierda Democrática y el grupo de independientes que lidera Virgilio Saquicela, con quienes superarían los 70 votos por el informe.

Con la aprobación o no del informe concluye la tarea de la comisión ocasional. Pero para activar un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, cualquier legislador podrá presentar la solicitud con las pruebas y firmas suficientes para que primero pase el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El sector de oposición al Gobierno aún no se pone de acuerdo en quién será el o los asambleístas que presenten el pedido de juicio; aunque este 2 de marzo, los integrantes de la comisión, tras salir a defender la estructura del informe, no descartaron que de entre sus miembros salga la persona que presentará la solicitud de interpelación y censura del primer mandatario.

Incapacidad mental y condiciones

Para aprobar el informe presentado por la comisión que investigó el caso El Gran Padrino, los bloques Pachakutik y la Izquierda Democrática ponen condiciones. Que los pedidos de investigación a la Fiscalía General del Estado sobre presuntos vínculos del narcotráfico y aportes a las campañas electorales se realice desde el gobierno del exmandatario Rafael Correa.

Desde el sector correísta la legisladora Mireya Pazmiño, quien antes actuaba junto con Pachakutik hasta que fue separada, advierte que el juicio político al primer mandatario va porque va, y será presentado de manera inmediata, y que si no pasa el filtro de la Corte Constitucional, hay otras alternativas. “Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa, cuando el presidente se fractura un pie y al otro día está caminando, qué le pasará al presidente mentalmente”, dice.

“Aquí el grave problema es Guillermo Lasso, y hay muchos caminos para deshacernos de ese problema”, afirmó Pazmiño. E insistió: “Nosotros hemos escuchado decir al presidente una cosa y al otro día otra cosa; hay muchas posibilidades y muchos caminos, y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles y el pueblo ecuatoriano se estará levantando, pero la solución hay que darla”.

La legisladora representante de Bolívar afirmó que todo esto es político y que en esa esfera se manejarán en la Asamblea Nacional, y al ser cuestionada por la inclusión a última hora de un tuit de un portal digital como prueba dentro del informe sobre el caso El Gran Padrino, relacionado con supuestas declaraciones de Leonardo Cortázar sobre aportes a la campaña del binomio Lasso-Borrero, y que tras la aprobación del informe fue desmentido por Cortázar, la asambleísta Pazmiño dijo que esa información sigue siendo prueba y que nadie pretenda desprestigiar el trabajo de la Asamblea.

Desde el Frente de Parlamentario Anticorrupción, el asambleísta Fernando Villavicencio reclamó que la comisión que investigó el caso El Gran Padrino tomó como prueba en el informe parte de sus declaraciones sin haberlo llamado a comparecer en la comisión, y que tampoco se incluyen todos los tuits que fueron expuestos en las redes sociales sobre los apoyos a la campaña del binomio Arauz-Rabascal.

Comentó que la comisión no tuvo la rigurosidad ni la responsabilidad de mencionar el informe del Frente Parlamentario y tampoco convocó a rendir testimonio ante la comisión, y afirmó que este frente sí tiene la prueba sobre las reuniones del presidente Guillermo Lasso con la excomandante Tannya Varela y el coronel Erazo, donde conoció el caso León de Troya.

Dijo que el informe tiene una pobreza documental y es un homenaje a la ignorancia, pues “la doctora Polo les da clases a esta comisión multipartidista de cómo llevar adelante un proceso para hacer justicia”. Aseguró que a la comisión ocasional se le cayó la traición a la patria, se le cayó la infografía de un portal digital y ahora se agarran de la brocha del informe del Frente Parlamentario, sin ninguna prueba. No descartó que el informe haya sido elaborado en otro lado y por otros protagonistas.

La presidenta de la comisión ocasional, Viviana Veloz (UNES), defendió el informe y dijo que se ha realizado con objetividad e imparcialidad, donde reposan pruebas, y aclaró que en el texto no solo consta una declaración del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, sino varias comparecencias de otros actores requeridos y pruebas documentales que llevan a la conclusión de que el presidente Guillermo Lasso ha incurrido en lo que determina el artículo 129 numerales 1 y 2.

El bloque Pachakutik, según el asambleísta Mario Ruiz, advierte que el correísmo trata de vender la idea de que si se aprueba el informe que recomienda el juicio, el presidente Guillermo Lasso tiene que irse; cuando debe haber una solicitud con firmas y pruebas, y además, tener un informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, que es un candado.

Cualquier legislador puede decir que inclusive el presidente padece de incapacidad mental, pero si la Corte Constitucional no da el informe favorable no habrá juicio político; por lo tanto, la última carta no está en la Asamblea, sino en la Corte. Que Pachakutik votará por el informe de la comisión cuando se incluyan las observaciones de la bancada, como investigar la corrupción que nace en el 2016; “cuando se tiene rabo de paja, no es de acercarse mucho a la candela”, anotó.

Su coidearia Patricia Sánchez aclaró que la comisión que emitió el informe no cuenta con ningún representante del movimiento Pachakutik, y por eso, las denuncias evidentes de Pachakutik tienen que ser incluidas en el pleno para que el informe tenga validez política. Esa comisión cuenta con una persona que dice ser de Pachakutik, pero que no responde a la línea política de la bancada, sino a los intereses de UNES, y por eso fue separada de la bancada, refiriéndose a la asambleísta Mireya Pazmiño.

La legisladora de la Izquierda Democrática Johana Moreira anunció que el Consejo Ejecutivo Nacional se reunirá para el análisis del informe de la comisión ocasional, pero anticipó que los votos de la bancada estarán ahí siempre que se incluyan algunas observaciones, como la recomendación de que la Fiscalía investigue desde el periodo del expresidente Rafael Correa hasta el gobierno de Guillermo Lasso sobre sus vínculos con el narcotráfico y sobre todo con la corrupción en las empresas públicas.

Asimismo, pedir que se investiguen los financiamientos de las campañas presidenciales de los binomios Arauz-Rabascal y Lasso-Borrero, y que se oficie al Consejo Nacional Electoral acerca de que si se ha notificado sobre los aportes de Leonardo Cortázar a las campañas presenciales. (I)