Que los asambleístas que se abstuvieron de votar a favor de la censura y la destitución de los tres vocales actuales del Consejo de la Judicatura (CJ) y la expresidenta del organismo María del Carmen Maldonado sigan manteniendo esa posición por el “bien de la institucionalidad” es lo que espera el presidente temporal de la Judicatura, Fausto Murillo, de llegar a darse una reconsideración de la votación del jueves último en la próxima sesión plenaria del Legislativo.
La tarde de ayer, la iniciativa de juicio político impulsada por los correístas de UNES y el Partido Social Cristiano (PSC) contra Murillo, Maldonado y los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, ante un supuesto incumplimiento de funciones en la evaluación de jueces en 2019, no obtuvo los 92 votos necesarios para censurar y destituir a los involucrados.
En la votación solo obtuvieron 87 respaldos provenientes de UNES, el PSC, un sector de la Izquierda Democrática, Pachakutik y ciertos independientes. 49 legisladores se abstuvieron de apoyar la iniciativa.
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Asamblea Nacional no destituye a los tres vocales del Consejo de la Judicatura
“Fue sorprendente observar cómo en cuanto concluyó la votación se cerró la sesión inmediatamente, sin dar opción de presentar el pedido de reconsideración. Eso da cuenta de que no están conformes, ni se conformarán, ni agotarán sus fuerzas y continuarán en la búsqueda de desestabilizar a la administración de justicia”, apuntó Morillo, quien no ejerció directamente su derecho a la réplica dentro de la segunda jornada del juicio político, asegurando que su primera exposición abordó todos los temas que fueron objeto de la interpelación.
El Presidente del #CJ, @FaustoMurilloEC, negó que la evaluación a la @CorteNacional de 2019 haya sido dirigida. "Liberamos a la administración de justicia de jueces incompetentes", manifestó. pic.twitter.com/Z9zvrakr2S
— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) September 1, 2022
Desde la perspectiva de Murillo quedó claro que el objetivo que tenía el juicio político era tomarse la administración de justicia, que el pedido nació deslegitimado, sin sustento ni causal, por lo que confía en que los asambleístas que se abstuvieron mantengan esa misma posición. Apuntó que lo que han hecho los legisladores interpelantes fue incrementar las falacias e incluir temas que no fueron materia del llamamiento a juicio ni de los informes.
El coordinador de la bancada del PSC e integrante del Consejo de Administración Legislativa, Esteban Torres, señaló que queda abierta la posibilidad de que pueda cambiar o también mantenerse esta votación inicial, si algún legislador propone en la próxima sesión del pleno que se la reconsideración.
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Por la independencia judicialhttps://t.co/GhD2tzAQ0C pic.twitter.com/hdTWDtA8HI
— Esteban Torres Cobo 🇪🇨 (@etorrescobo) September 1, 2022
Independientemente de que no existieran los apoyos para cambiar esa votación inicial para la censura y destitución, Torres anunció que insistirán con un juicio político contra los vocales del CJ que están involucrados con audios que revelarían la injerencia en el sistema de justicia y en casos específicos.
“Ayer en el debate curiosamente los legisladores decían que esa no es la causal, como si en un juicio político no se evaluaran la honestidad y la probidad del funcionario que está siendo investigado. (...) Si este juicio no llega a prosperar, nosotros como bancada socialcristiana anunciamos desde ya un juicio político por los audios, para ver ahí cuántos legisladores dicen no voy a tomar una decisión por eso”, apuntó Torres.
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Respecto a este anuncio, Morillo dice tener claro que sus adversarios políticos y quienes quieren tomarse la justicia no descansarán y lo más seguro es que se repitan los escenarios que han enfrentado estos últimos días. “Se ha superado un obstáculo, no es de ninguna manera una victoria. Las amenazas serán permanentes, creo que no se conformarán fácilmente. Nosotros tenemos que replantear el trabajo, este debe ser un punto de quiebre para renovar esfuerzos y seguir adelante con los proyectos y el trabajo que se tiene para mejorar y modernizar la administración de justicia”. (I)