En manos de un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena está el analizar si fueron correctos o no los argumentos usados para conceder el ‘habeas corpus’ a Jorge Glas

En manos de un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena estará el resolver la apelación que planteó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) contra la resolución del juez constitucional Diego Javier Moscoso que permitió , al dar paso a un habeas corpus , la salida de la cárcel del exvicepresidente Jorge Glas, pese a mantener dos sentencias en firme y en proceso de ejecución y una sentencia de primera instancia. Lorena Merizalde, directora de Asesoría Jurídica del SNAI, presentó por escrito la apelación el domingo último, a pesar de que la institución no había sido notificada aún por escrito con la sentencia.La acción se dio por orden directa de la Presidencia de la República, esto luego de que el representante del SNAI en la audiencia de habeas corpus no interpuso oralmente la apelación ni objetó con relación a la situación médica, de salud, los tratamientos, valoraciones, diagnósticos y recomendaciones dadas por los médicos que hablaron en audiencia; y reconoció que el 5 de abril pasado, cuando hubo un conato de amotinamiento en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, fue evacuado de su lugar Jorge Glas por elementos de la Policía.“El personal administrativo retornó a la hora y media de haber evacuado, cuando se calmó y se tomó el control del centro; pero, en lo personal, desconozco si Jorge Glas fue reingresado el mismo día o en la tarde o al siguiente día”, explicó Alexis Oviedo en representación del SNAI, según se recoge en el acta de resumen de la audiencia dada en Manglaralto.El SNAI en su escrito de apelación busca que nuevos jueces analicen lo dado en audiencia y, por ejemplo, declaren que Moscoso no es competente en función del territorio para conocer y resolver el habeas corpus ; que se confirme que la persona accionante — Nicole Malave, una dirigente de la Revolución Ciudadana y candidata a asambleísta suplente; su abogado, Édison Loaiza , también abogado de Glas— para poder presentar este tipo de recursos ante cualquier juez debe acreditar que desconoce el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad; y que se defina que, al existir dos fallos en firme contra Glas, la acción de habeas corpus es improcedente, debiendo identificarse la orden de detención que se deja sin efecto.Una vez que se confirme por sorteo la sala y que esta avoque conocimiento de la apelación planteada, deberá resolver por el mérito del expediente en el término de ocho días. Si se considera necesario, se podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar a audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes ocho días hábiles. En estos casos, el término se suspende y corre a partir de la audiencia, como lo refiere la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) en su artículo 24.El constitucionalista Ismael Quintana sostiene que, por regla general, en materia de acciones de defensa de derechos, el que se presente una apelación no genera efectos suspensivos, es decir, la sentencia se tiene que ejecutar mientras el juez superior no revoque ese fallo. Espera que para la apelación se cumplan por lo menos los términos determinados para este recurso o, mejor aún, que se mantenga la misma “celeridad asombrosa” con la que se concretó la salida de la cárcel de Glas.Quintana cree que el juzgador en este caso violó el artículo 44, numeral 1, de la LOGJCC, es decir, un juez de Manglaralto no tenía la competencia para resolver.La norma referida habla del trámite para el habeas corpus e indica que la acción puede ser interpuesta ante cualquier juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante el juez del domicilio del accionante. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.Según el reporte de la audiencia subido en el sistema Satje, en la audiencia, además de Glas, Malave, Loaiza y Oviedo, estuvieron, en representación del Departamento Jurídico del Centro de Privación de Libertad de Latacunga, Jorge Comasisin, y del Ministerio de Gobierno, Sebastián Pozo, así como cinco médicos que comparecieron vía telemática. Loaiza argumentó que la razón por la que se inició la acción fue porque se encontraba en riesgo la integridad física y psicológica del exvicepresidente. Recordó que el 5 de abril pasado existió un hecho de sangre en el Turi y, ante ello, existieron manifestaciones en otros centros, como el de Cotopaxi, en el que estaba Glas y del que fue trasladado por el amotinamiento que existió en Latacunga.“La accionante, preocupada ante esta situación por la gravedad de su salud, preguntó sobre Jorge Glas allí, y no se encontraba; se averiguó en otros centros, tampoco se encontraba”, se señala en el acta.A esa teoría se sumó lo dicho por médicos que habían evaluado a Jorge Glas por un pedido al Ministerio de Salud Pública, ante una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que estableció “ adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Jorge Glas, particularmente implementar las más apropiadas a sus circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren respetar sus derechos”.Las valoraciones médicas realizadas por tres psiquiatras y tres médicos clínicos señalaban, entre otras cosas, que Glas sufre múltiples enfermedades, una de ellas, una enfermedad genética que no es curable: espondilitis anquilosante; que tenía un cuadro psiquiátrico grave, un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, un trastorno postraumático de estrés; que el riesgo de suicidio se incrementaba. Según los especialistas, todo este cuadro no habría sido atendido correctamente en el CPL.El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, asegura que no es quién para decir si está bien o mal la sentencia adoptada; pero cree que, al existir la apelación, la Corte de Santa Elena podrá absolver inquietudes, como si era o no competente el juez de Manglaralto; si es que es posible que un habeas corpus pueda resolver lo que ha resuelto el juez Moscoso cuando hay dos sentencias en firme.“Si es que existen irregularidades, debe investigarse, y no se debe estar en especulaciones. Si hay una irregularidad del juez, que se investigue y se sancione. (...) Lo que nos preocupa es quede en entredicho la Justicia del país, y eso tiene dos posibilidades: o hay una irregularidad, y se sanciona; o queda claro en el país que la decisión es ajustada a derecho“, apuntó en rueda de prensa Saquicela.El jurista Ramiro García ve que lo ocurrido en Manglaralto está cargado de irregularidades. El abogado defiende lo que dice la LOGJCC en su artículo 44, respecto a que el juez competente para conocer las acciones de habeas corpus es el del lugar donde está la persona privada de la libertad; y, si no se conoce dónde está privado de la libertad, sería el de su domicilio. Es decir, en el caso de Glas, estaba privado de la libertad en Latacunga (Cotopaxi) y su domicilio estaba en Guayaquil (Guayas). (I)

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