Más de $ 122,5 millones ha gastado el Estado ecuatoriano en el financiamiento de la propaganda de las campañas electorales en los medios de comunicación social para las organizaciones políticas entre el 2013 y el 2021. La cifra se desglosa de esta forma: $ 66′688.502,22 para las elecciones generales (presidente, asambleístas y parlamentarios andinos) y $ 55′830.857,27 para las seccionales (alcaldes, prefectos, concejales y vocales de las juntas parroquiales rurales).

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Tal información consta en el documento de 470 páginas de la presentación de la iniciativa de referéndum del Ejecutivo que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llevó a la Corte Constitucional el pasado 12 de septiembre para que esta determine la vía para reformar la Constitución y verifique la constitucionalidad de las ocho preguntas planteadas en principio.

El régimen expone los datos para justificar la necesidad de hacer una reforma constitucional para modificar los requisitos de creación de organizaciones políticas. “Los costos de la proliferación de las organizaciones políticas son altísimos debido a que, como se ha dicho, reciben financiamiento por parte del Estado”, indica.

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Esa cifra equivale, por ejemplo, a un poco menos del presupuesto asignado para el sector agropecuario para este año ($ 154,7 millones). Y es casi el doble del previsto para el sector vivienda ($ 74,1 millones). Y es el triple de lo que el régimen ha destinado en la reapertura total de los centros Creciendo con Nuestros Hijos del Ministerio de Inclusión Económica y Social ($ 42 millones).

Para las elecciones seccionales del 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en marzo pasado un monto de $ 12,9 millones para dicho fondo. El reparto de estos recursos se definirá una vez que se conozca el total de candidatos calificados, el 19 de diciembre próximo. Los inscritos llegan a 63.000.

Las campañas electorales, según la Constitución vigente, se financian de dos formas: con aportes privados del aspirante, su partido o simpatizantes (con esto se pagan los mítines, recorridos, shows, encuestas, personal de apoyo y otros) y con el fondo de promoción electoral, que se nutre con fondos públicos y que sirve para costear la pauta en los medios de comunicación y vallas.

Dicho fondo se creó en el 2008. El artículo 115 de la Carta Magna dice: “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias”.

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El exasambleísta y académico César Montúfar y la expresidenta del CNE Nubia Villacís coinciden en destacar el “espíritu” de la norma: permitir que todos los candidatos tengan acceso equitativo a la promoción electoral en los medios para garantizar la competencia en igualdad de condiciones.

“Una cosa es que se candidatice un banquero y otra un profesor universitario, un indígena o un obrero. Los que tienen dinero tienen ventaja sobre los otros. Por eso se buscó, por un lado, poner un límite, un tope en el gasto privado, y por otro, que el Estado subvencione la publicidad a todos los candidatos prohibiendo que puedan contratarla de manera privada. El CNE paga directamente a los medios, sin que pasen por los candidatos, y así se establece el marco de igualdad”, explica Montúfar.

Pero en la práctica ha habido distorsiones en su uso. El exasambleísta dice que, en realidad, este mecanismo “se ha prestado para que haya múltiples formas de corrupción”. “Como los medios saben que los partidos y candidatos tienen la facultad de asignar estos recursos se ha generado una red en el sentido de que ambos sectores se ponen de acuerdo y los unos pagan a los otros por los espacios”, explica él, citando casos de medios pequeños en provincias que concentraron la pauta de las campañas.

Montúfar fue candidato presidencial en el 2021 y renunció a la porción que le correspondía alegando que ese dinero era más necesario para las atenciones de salud en la pandemia del COVID-19.

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Villacís sostiene que el objetivo del fondo es “hermoso, muy bueno, pero tiene varias falencias” que se han generado, principalmente, por la cantidad excesiva de agrupaciones políticas. “En efecto, es una carga importante para el Estado”, indica.

“Pero esto no es culpa de la norma sino de las autoridades”, señala ella, refiriéndose a la decisión del Consejo Nacional Electoral de Transición y el actual de darles personería jurídica a unas 100 agrupaciones políticas entre el 2018 y el 2021.

Montúfar cree que, por ello, este fondo debe desaparecer. “El financiamiento, entonces, debe ser privado. Si alguien quiere ser candidato debe conseguir recursos para ello”, opina él, pero agrega que este es un tema que tiene que ser debatido con urgencia en el país.

La suspensión del financiamiento electoral ya se propuso en el 2020. En una de las disposiciones transitorias del proyecto de ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19 que envió el expresidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional se decía que en el “proceso electoral del 2021 se eliminará cualquier asignación para publicidad y promoción electoral o relacionada con el proceso electoral. Los candidatos a las distintas dignidades expondrán sus planes de trabajo a través de debates obligatorios que serán transmitidos por los medios de comunicación, de acuerdo a lo que establezca el reglamento”. Pero esto finalmente no fue aprobado porque se alegó que se trata de una disposición constitucional.

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Los partidos creen que asignación es necesaria, pero tiene falencias

Desde las agrupaciones políticas también hay observaciones respecto al uso del fondo de promoción electoral, aunque creen que es necesario mantenerlo.

Javier Orti, presidente del partido Avanza, señala que el objetivo de estos recursos, en teoría, es equiparar el acceso a los espacios de publicidad en los medios y vallas, para poder promocionarse en campaña.

“Pero las organizaciones políticas no solo hacen campaña de esa manera. Reciben aportes por fuera según lo que establece la ley... y con eso se le paga al equipo de trabajo, porque ninguna campaña es voluntaria, hay que contratar la estrategia digital, el responsable económico, algunos partidos contratan brigadas territoriales, el día a día de la gasolina, la comida, las banderas, las camisetas, los gorros... todo eso es efectivo.. Pero al final del día los partidos más grandes tienen más dinero externo o privado para solventar todo esto y que es lo grueso del gasto de campaña. No tengo el dato exacto, pero puede ser 60-40″, señala él, aunque cree que de todos modos la asignación debe mantenerse.

Mientras que Geovanny Atarihuana, director nacional del partido Unidad Popular, considera que el fondo es necesario porque “permite democratizar en algún nivel el acceso de los candidatos a los medios, porque si no las grandes chequeras, los grandes poderes económicos tendrían una absoluta ventaja frente a los partidos que no somos de esos sectores”. Y opina que es “insuficiente”, así que el Estado debería hacer una mayor inversión según el número de electores que permita equilibrar la cancha. (I)