El empresario y dirigente deportivo Danilo Carrera rechazó el llamado a juicio que resolvió el juez anticorrupción Renán Andrade, el pasado jueves 1 de agosto, dentro de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso llamado Encuentro.
Junto con Carrera fueron llamados a juicio Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Clemente I. M., exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); los intermediarios Leonardo C. A. y Gabriel Naim M. V.; y las empresarias Karen Leonor C. O. y Érika Tatiana F. M.
En un comunicado, la defensa del cuñado del expresidente de la República Guillermo Lasso manifestó que “durante el proceso de investigación se ha evidenciado que las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de Danilo Carrera Drouet carecen de validez y han sido manipuladas con el fin de incriminarlo injustamente, evidenciando plenamente un acto de persecución política destinado a desacreditar su nombre y trayectoria. Su defensa ha identificado inconsistencias y fallas en las pruebas forenses y testimoniales que sustentan las acusaciones”.
Publicidad
Carrera añadió que “es lamentable que se utilice la justicia con fines políticos”. “Las pruebas en mi contra son falsas y se han presentado con la clara intención de manchar mi reputación y buscar dañar a terceras personas en mi círculo familiar. No quebrantarán mi espíritu, confío en que la verdad prevalecerá y que la correcta aplicación de la justicia se impondrá, más allá de cualquier tipo de presiones que puedan existir”.
La defensa de Carrera señaló en el comunicado que el fallo vulnera el derecho a la igualdad y el debido proceso, además de ser inconstitucional y evidenciar un trato discriminatorio, “puesto que en torno a las medidas cautelares se ha procedido de manera diferente con otros procesados”.
Según la Fiscalía, los siete procesados habrían conformado una estructura delincuencial que tenía como sus líderes a Carrera y a Rubén Cherres, empresario asesinado en marzo del 2023. Ambos, a través de Luque y los otros operadores, de forma coordinada y planificada habrían buscado direccionar contratos con el Estado, con la finalidad de recibir beneficios económicos. (I)
