Reuniones y gabinetes de ministros marcaron la jornada en el Palacio de Gobierno, un día después del asesinato del político y excandidato presidencial, Fernando Villavicencio Valencia, en un atentado armado que se produjo al anochecer del 9 de agosto.

La agenda del jefe de Estado, Guillermo Lasso, fue privada este 10 de agosto y las actividades programadas por el Día de la Independencia se suspendieron. Entre ellas, la entrega de nuevo material armamentístico que había llegado al Ecuador para el trabajo en contra de la inseguridad ciudadana.

Los alrededores de la Presidencia de la República estaban resguardados por pequeños escuadrones de militares y policías que, en momentos, tuvieron que desalojar a grupos de personas que coreaban desde la Plaza Grande su indignación por el crimen a Villavicencio y pedían la intervención de una ‘junta militar’ para atender la crisis de violencia.

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Pasadas las 18:00 de este 9 de agosto, Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Construye lista 25, salía del coliseo de un colegio del norte de Quito, en donde participó de un mitin político y al subir a su camioneta habría recibido tres disparos en la cabeza que provocaron su muerte.

Este hecho impactó al régimen y deja «una herida» en la democracia ecuatoriana, señaló el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien recordó que Villavicencio tenía custodia policial desde que fue asambleísta en el último periodo de la Asamblea Nacional (2012-2023).

Según Cucalón, lo ocurrido no se debió a una «omisión o inacción» del Gobierno nacional, pues resaltó que efectivos de la Policía intervinieron. Pero el asesinato y sus características lo convierten un «crimen político» y «terrorista».

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«Digo que tuvo características de atentado terrorista por la brutalidad con la que se hizo. No fue totalmente selectivo. Fue saliendo de un mitin y eso tiene una lógica: ¿por qué en un momento antes de las elecciones, por qué lanzaron granadas? (…) Eso tiene las características de un ataque terrorista. (Además) esta es la más letal y la más trágica de todos, porque tiene un simbolismo, el de ser un crimen político de una persona que representaba ideales y era una candidatura fuerte», expresó Cucalón, este jueves 10 de agosto, en una reunión con medios de comunicación.

¿Cuál fue el mensaje que quieren dar estos grupos delincuenciales al cometer este acto? «El mensaje que quisieron dar al Estado, al Gobierno y a la sociedad, es que nada para (detiene) al crimen organizado. Que si pueden atentar y segar la vida de un candidato presidencial, lo pueden hacer con cualquiera, inclusive con el presidente de la República. Ese fue el mensaje que quisieron poner ayer, que el país está a órdenes de ellos. Y eso es lo que tenemos en conjunto, con mayor responsabilidad el Gobierno, que enfrentar», manifestó Cucalón.

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«Ayer explotó (la violencia)... ayer lo vimos con sangre. Había un temor de que no llegara, o de hasta dónde pueden llegar para conseguir ciertos fines, para impedir que salgan cosas, para frenar la acción del Gobierno o para frenar la acción de una persona», lamentó la autoridad.

No obstante, resaltó que el mensaje conjunto del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) y de los titulares de las funciones del Estado en el que se ratifica que el 20 de agosto se realizarán las elecciones presidenciales y legislativas es una «bofetada» al crimen organizado.

«El Estado salió a dar una primera declaración (la noche del miércoles) para que no se suspenda las elecciones nacionales, porque la democracia debe triunfar. Solo el hecho de ir a votar y que haya elecciones transparentes es una bofetada. No podemos permitir que el crimen organizado marque la agenda de la nación, e inclusive si creen que pueden hacerlo a través de organizaciones políticas».

En una declaración pública de la noche del jueves, el primer mandatario no descartó que estos actos pretendan suspender el proceso electoral y, según Cucalón, el objetivo de estas bandas sería «demostrar quién manda».

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A nivel internacional, el ministro de la política confirmó que el presidente Guillermo Lasso solicitó asistencia de la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones -FBI por sus siglas en inglés- para agilitar las investigaciones y determinar los responsables del asesinato.

Adicionalmente, la Fiscalía General ecuatoriana había solicitado apoyo técnico y humano a su par de la Fiscalía de Colombia para llevar a cabo las investigaciones.

Según información de la Fiscalía, este suceso violento dejó nueve heridos y dos fallecidos: Villavicencio y uno de los supuestos participantes del asesinato.

En tanto, la Policía Nacional informó que se aprehendió a seis personas de nacionalidad colombiana para las investigaciones. (I)