Más de tres meses después de que el juez nacional Luis Rivera recibiera el pedido de la Fiscalía General del Estado para en una audiencia formular cargos por peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios públicos del correísmo relacionados con una obra para la reconstrucción de Manabí, luego del terremoto de 2016, el magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) define una fecha para la diligencia: el miércoles 6 de septiembre próximo a las 08:30.

Dentro del denominado caso Reconstrucción de Manabí, además de Glas, expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, también son investigados Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

La fiscal general, Diana Salazar, hizo la solicitud el 1 de junio pasado, una vez que encontró elementos suficientes que configurarían un acto de corrupción relacionado con el delito de peculado en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí. “En 2019 la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad”, señaló.

Publicidad

La Fiscalía recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente: el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época -el de Rafael Correa- conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, el 20 de mayo de 2016.

Según el ente acusador, esta ley contempló la recaudación sobre la remuneración de los trabajadores ecuatorianos para que sea destinada para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras del país. “Con esta ley y el aumento del IVA se recaudaron más de $ 1.614 millones que se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto, es decir, no eran emergentes, ni estaban dirigidos a los damnificados”.

Jorge Glas dice que “en este momento” no ha pensado en acciones judiciales tras la anulación de las pruebas que lo condenaron por el caso Odebrecht

Diana Salazar, en un video en el que hizo público el pedido para formular cargos, señaló que el proyecto vial Manta-Colisa, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad: emergencia, reconstrucción y reactivación, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían 587 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto.

Publicidad

En el momento de darse la audiencia que solicita la Fiscalía, además de iniciarse la etapa de instrucción fiscal se debatirá sobre las medidas cautelares que solicite la instancia acusadora. Una de las posibilidades es que se pida prisión preventiva para los sospechosos y ese panorama podría cambiar la “libertad provisional” que mantiene el líder del correísmo gracias a medidas cautelares autónomas determinadas por Émerson Curipallo, juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.

A Jorge Glas ya se le ha determinado la pena única de las dos que tenía en firme en los casos Sobornos 2012-2016 (por cohecho ocho años) y Odebrecht (por asociación ilícita seis años). También se le ha definido que lo que le resta por cumplir de los ocho años definidos como pena única son menos de dos años y once meses. Al momento está a la espera de que se tramite un pedido de prelibertad, beneficio penitenciario al que podría acceder por el tiempo cumplido de la condena. (I)