Guillermo Lasso se defenderá de este ‘malhadado’ juicio político, dice el ministro Henry Cucalón

El presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, demostrará ante la Asamblea Nacional “la verdad” frente a las acusaciones políticas que le atribuyen sectores de oposición, como parte de un juicio político que se iniciaría este 31 de marzo.

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Luego de conocer la decisión de los jueces de la Corte Constitucional (CC) de admitir a trámite la solicitud de juicio político que impulsan bancadas de oposición del Parlamento, la Casa de Gobierno fue, este jueves, el punto de encuentro del gabinete de Guillermo Lasso para delinear la estrategia de defensa.

Las acciones políticas arrancarían la noche de este 30 de marzo, cuando el jefe de Estado prevé dirigirse a la población con un mensaje que está previsto transmitirse a eso de las 21:00 en cadena nacional de medios de comunicación.

En horas de la mañana, Lasso llegó hasta el centro histórico de Quito y en el Centro Cultural Metropolitano, ubicado junto al Palacio de Gobierno, había grabado su alocución.

De forma paralela, ministros de Estado, equipos de asesores y los legisladores de la bancada oficialista de CREO arribaban al lugar y ahí, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, recriminó que este juicio político es un “intento más” por perjudicar la administración de Lasso.

Aunque resintió sobre el dictamen de admisibilidad del juicio político que aprobó la Corte Constitucional, reconoció que esa es una de sus facultades contempladas en la Constitución y, por tanto, hay que respetarlas. No obstante, “no comparto la argumentación”, expresó.

“Creo que había los elementos suficientes para no dar paso. Sin embargo, esa es la facultad que tiene la Corte Constitucional. No hace valoración sobre los asuntos de fondo, ni las pruebas ni lo que eso conlleva, pero lo haremos nosotros. Tenemos la verdad y lo demostraremos ante la Asamblea Nacional”, anotó Cucalón.

Al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad de que el mandatario active el mecanismo de la disolución de la Asamblea Nacional o más conocida como muerte cruzada, Cucalón insistió en que ello está contemplado en la Constitución y su ejecución está determinada por la “conveniencia y la oportunidad”. Aunque por ahora se concentrarán en preparar su defensa frente al juicio político.

“Esa figura, que está en la Constitución, la puede ejercer en cualquier momento. Pero hoy estoy diciendo que nos vamos a defender en este malhadado juicio político. La figura de disolución de la Asamblea es una prerrogativa que la evaluará el presidente”, añadió el secretario de Estado.

Este 29 de marzo de 2023, en horas de la noche, con seis votos afirmativos y tres votos salvados, los miembros de la Corte Constitucional emitieron un dictamen de admisibilidad de un juicio político solicitado por la Asamblea Nacional el 24 de marzo último.

Los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de PK), Rodrigo Fajardo (separado de la ID) y Pedro Zapata (PSC) constan como interpelantes en este proceso y responsabilizan a Guillermo Lasso de incurrir en lo estipulado en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.

Esto se refiere a la solicitud de interpelación a un presidente de la República por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el dictamen aprobado por los jueces, inadmitió el pedido respecto de dos cargos de concusión por presuntos hechos de corrupción en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco EP); pero sí admitió el cargo relacionado con peculado, por posibles irregularidades en la Empresa Pública Flota Petrolera del Ecuador (Flopec).

Los magistrados exhortaron a los asambleístas y a los órganos de la Asamblea Nacional “a que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y tramitación de juicios políticos, atendiendo a la seriedad que la activación de dicha figura constitucional requiere”.

El dictamen se aprobó con los votos de los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada, ponente y coponente, respectivamente; Daniela Salazar, Alejandra Cárdenas, Karla Andrade y Jhoel Escudero.

Los tres restantes, Enrique Herrería, Carmen Corral y Teresa Nuques, se pronunciaron con votos salvados (en contra), pues a su criterio el organismo debió inadmitir el pedido de enjuiciamiento.

El expediente fue remitido a la Asamblea Nacional para que avance con los procedimientos, por lo que este viernes sesionará el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para conocer lo actuado por los jueces constitucionales y, a la vez, enviar el caso a la Comisión de Fiscalización para que inicie la sustanciación de la interpelación. (I)