Hernán Ulloa defiende su presidencia en el Consejo de Participación Ciudadana por efecto de una acción de protección

Hernán Ulloa Ordóñez ratificó su designación como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), luego que una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón (Guayas) aceptó una acción de protección y declaró válidos los actos dados en la sesión ordinaria permanente 3, de este miércoles, 9 de febrero.

En dicha sesión, los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Ulloa resolvieron remover de sus cargos de presidenta y vicepresidente a Sofía Almeida y David Rosero, respectivamente; y en su lugar posesionar a Ulloa y Rivadeneira en esas dignidades.

La jueza de dicha unidad judicial Larissa Ibarra declaró la vulneración de los derechos de protección de Ulloa estipulados en los artículos 75 y 76 de la Constitución, y ordenó que “las resoluciones adoptadas por el CPCCS el miércoles 9 de febrero se presuman legítimas y que sus decisiones futuras sean cumplidas por los destinatarios”.

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Ulloa dijo que está ejerciendo la presidencia del organismo, puesto que ha tomado decisiones ejecutivas al haber sido incluido en el sistema interno documental como presidente, por lo que ha removido a los funcionarios del nivel jerárquico superior nombrados por Almeida.

No obstante, se restringirá de tomar posesión del cargo en la oficina del Consejo en Quito para no “caer en provocaciones” o afectar la “honra del Consejo”, manifestó. En esa línea, llamó a la “calma” al país.

“Llamo a mis compañeros a que depongan esta medida de tomarse el Consejo, con funcionarios removidos de sus cargos y otras ajenas y nos pongamos a trabajar para avanzar en los concursos públicos y dar la legitimidad que se necesita”, comentó en una rueda de prensa virtual de este 10 de febrero.

Se refirió a la legalidad de las decisiones, y ratificó que lo actuado ha sido legal y legítimo.

Reconoció que la decisión de la jueza ha sido apelada ante un órgano superior lo que podría incidir en su salida de la presidencia, pero a su criterio será difícil revertir los resultados por los argumentos expuestos en dicha sentencia.

“Podría ser el escenario, pero de la forma en la que se ha planteado la acción de protección y se ha litigado, pienso que será difícil que otro juez pueda revocar la sentencia, sobre todo de una presidencia que ha sido reconocida por otras instituciones”, explicó.

No obstante, anunció que solicitará a la Procuraduría General del Estado un pronunciamiento respecto de la legalidad de lo actuado en esa sesión y se esclarezca si han actuado de forma legítima o no, de lo contrario, si se declara que es ilegítimo volverá a ser solo consejero del CPCCS.

Recordó que esta sesión llevaba trece días sin reinstalarse, luego que el vicepresidente David Rosero la suspendió el pasado 27 de enero y no la convocó hasta este 9 de febrero, cuando los cuatro vocales resolvieron instalarse al tener la mayoría.

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En esa sesión estaba incluida la moción para discutir la remoción de Almeida y reformar todos los reglamentos aprobados de los concursos para la selección de autoridades.

La autoridad cree que los consejeros Almeida, Rosero y Javier Dávalos estaban “ganando tiempo” para que la Asamblea Nacional proceda con el juicio político a los cuatro consejeros de mayoría y en ese tiempo “pensaban quedarse sin accionar y no podíamos permitir que se burlen del país”.

Insistió en que él es el presidente, y que si Almeida intenta convocar a los consejeros suplentes para tener mayoría en la instalación de las plenarias “no va a tener la oportunidad de hacerlo”, ya que requiere que en los oficios institucionales conste el sello con la designación de presidenta del Consejo.

Respecto del juicio político que oficializó la asambleísta de Pachakutik (PK) Mireya Pazmiño, con el respaldo de 72 firmas de las bancadas del PSC, UNES y de varios legisladores de PK, cree que para ese entonces habrán concluido con las reformas legales a los reglamentos para designar autoridades, entre ellos, para la elección del titular de la Contraloría General del Estado.

Por su parte, Sofía Almeida se aferra a la presidencia, amparándose en una medida cautelar dictada este 10 de febrero por la jueza de la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas) Karly Vargas, que dejó sin efecto las resoluciones de la sesión del miércoles.

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“Me ratifico íntegramente en la medida cautelar otorgada y con efecto modulatorio dispongo que se deje sin efecto cualquier acto administrativo o actuación posterior al otorgamiento de esta medida cautelar y la permanencia de la accionante como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana”, cita la resolución judicial de Karly Vargas, expedida este jueves, 10 de febrero.

Esto mientras en contra de Vargas la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dio paso a la declaratoria jurisdiccional previa para el inicio del sumario administrativo, por sus actuaciones dentro de un proceso judicial por error inexcusable.

Esta declaratoria jurisdiccional previa la solicitó la Coordinación Provincial del Guayas, en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura en noviembre del 2021, por una denuncia presentada en contra de Vargas por el abogado Jorge Cedeño, quien buscaba cobrar un pagaré por más de medio millón de dólares por honorarios, señala un comunicado emitido por la Corte Provincial del Guayas, la noche del 9 de febrero.

El denunciante señaló que Vargas habría prevaricado y también lo había maltratado de palabra durante una audiencia judicial.

Almeida respondió a esta acción contra la jueza, considerando que hay “tentáculos” políticos en la función Judicial que quieren removerla porque le ha dado la razón.

“No se puede permitir más injerencia de otras funciones del Estado al Consejo de Participación Ciudadana. Espero que se actúe apegados al derecho, a la razón, a la Constitución. No podemos permitir amedrentamientos a funcionarios por hacer lo correcto”, dijo en una declaración difundida en sus redes sociales este jueves. (I)