Al debate sobre el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre la investigación de los denominados Pandora Papers se sumó el dictamen de la Contraloría del Estado, que archiva el examen en contra de Guillermo Lasso, presidente de la República, por no encontrar elementos que demuestren que era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en paraísos fiscales.

La Asamblea Nacional, este 7 de diciembre, a las 16:00, reinstaló la sesión 747 con la presentación del legislador José Cabascango (PK), presidente de la mesa legislativa, quien explicó parte del informe aprobado en que se determina que el presidente de la República, Guillermo Lasso, violó el pacto ético establecido en la consulta popular del 2017; aunque no se refirió a las recomendaciones.

Asamblea Nacional se define frente al informe sobre los papeles de Pandora

Durante la primera parte del debate se planteó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, debe ser llamado a decir su verdad si posee o no bienes en paraísos fiscales; que se convoque al contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío, para determinar en qué se basó su decisión para archivar el caso sobre el examen de los paraísos fiscales.

Desde el correísmo se planteó la aprobación de una moción para que se aplique lo previsto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y se proceda con la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, y que con el trámite pertinente se destrabe la grave crisis política.

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La segunda intervención del pleno fue para Sofía Sánchez, delegada de Pachakutik ante la Comisión de Garantías, quien afirmó que en el informe sobre Pandora Papers se cometieron errores que deben ser corregidos, por eso pidió al presidente de la comisión que se hagan los correctivos. Que los pocos que acudieron a las comparecencias no ayudaron para sustentar la investigación.

Que tampoco la comparecencia de una periodista de Página 12 de Argentina, aportó en la investigación porque solo tenía datos hasta marzo del 2017, cuando la consulta popular sobre el pacto ético se dio ese año.

Que nunca llegaron a la comisión los más de 10.000 documentos de los periodistas de investigación y que tampoco se obtuvieron mayores pruebas, que el 25 de octubre se aprobó una solicitud de prórroga de 20 días, pero sorpresivamente dos días después se dijo que ya el informe estaba avanzado y no se necesita prórroga. Además afirmó que los anexos del informe se presentaron dos días después de aprobado el documento.

Los legisladores Paola Cabezas (UNES) y Darwin Pereira (Pachakutik) cuestionaron la resolución de la Contraloría del Estado.

Pereira manifestó que el bloque Pachakutik espera apoyar las recomendaciones hechas por la Comisión de Garantías, pero que habrá modificaciones parciales en la primera recomendación de destitución del primer mandatario por grave crisis política y conmoción interna.

Lo peor que le puede pasar a la Asamblea Nacional, dijo, es que se archive el informe más aún cuando la Contraloría recomienda el archivo de un examen al presidente Guillermo Lasso, lo cual constituye es una burla y ofensa a la inteligencia de 600 periodistas de investigación, anotó.

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Que pedirá información al contralor subrogante, Carlos Riofrío, sobre las pruebas y los argumentos que llevaron al organismo de control a archivar el caso.

Cabezas comentó que preocupa la decisión del contralor Riofrío, porque los hallazgos que se encontraron en la investigación legislativa no permiten que se archive el caso, pues hay mucha información que empieza a difundirse en el mundo.

En el debate dio validez a la revelación que hicieron 600 periodistas de investigación a nivel mundial que vinculan al presidente de la República, Guillermo Lasso, con “guaridas fiscales”, por la cual se conoce que Lasso y su entorno familiar está vinculado con paraísos fiscales. Que estos son hechos revelados por un consorcio internacional de periodistas, que no es invento correísta ni una trama armada por la comisión.

Cabezas propuso a la sala que “ante los graves hechos que la Comisión de Garantías Constitucionales ha podido encontrar en su investigación, se requiera la presencia del presidente de la República, para que de una vez por todos brinde explicaciones al pueblo ante el pleno de la Asamblea, y que se aplique lo previsto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución y se proceda con el trámite pertinente para que se destrabe la grave crisis política“.

Desde el correísmo se anunció que el contralor subrogante será llamado a la Asamblea para que informe sobre los argumentos que llevaron al archivo del examen sobre la vinculación de Guillermo Lasso con paraísos fiscales.

El legislador Francisco Jiménez, del bloque oficialista de CREO, indicó que la existencia de diez mil hojas de un informe no acreditan la comisión de un delito o de doce millones de hojas de investigación de la prensa internacional tampoco constituyen imputación de un cometimiento de infracciones por parte de un mandatario, eso hay que probarlo, anotó.

Que los informes manipulados tampoco constituyen delito, los vídeos aunque se les ponga música tétrica no acreditan per se la comisión de un delito, todo eso hay que probarlo, de lo contrario los convierte en actores políticos irresponsables que lo único que buscan es la desestabilización política del país por el pecado de haber ganado las elecciones.

Haber tenido negocios legítimos internacionales, afirmó Jiménez, no es lo mismo que tenerlos, tras cuestionar que en esta investigación se han mezclado videos e información con el objeto de desestabilizar el país, sin importar a quien se afecte y por esa vía desestabilizar a un gobierno y a un presidente que ha probado que no tiene nada que esconder.

Desde el PSC, Esteban Torres ratificó que su bancada no apoya el informe de la Comisión de Garantías y cuestionó la resolución del contralor de archivar el caso, y dijo que fiscalizarán esa decisión porque no se convence que en menos de dos meses se leyeron 12 millones de documentos.

Gisella Molina, de la bancada Pachakutik, dijo que está cansada de escuchar incoherencia e hipocresía en el pleno. Se refirió a lo señalado por la legisladora Paola Cabezas, de que la legisladora Sofía Sánchez (PK) no observó ni leyó lo publicado por los periodistas sobre este caso, que cada vez la legisladora de UNES hace referencia a los diarios y las noticias, pero que no tiene una contundencia clara que legitime a través de un punto estricto que rija la Ley.

Que hay un grupo de legisladores que buscan que voten como ellos quieren, porque quieren causar revuelta y el caos; que hay que sentarse a analizar lo que se está haciendo.

“No me vengan aquí a decir que un Pandora Papers supuestamente es por el pueblo, sino simplemente es para negociar y presionar cosas muy oscuras”, afirmó la legisladora Molina, de Cotopaxi.

Virgilio Saquicela (BAN), miembro de la mesa de Garantías Constitucionales, dijo que nunca se dio lectura a un documento sobre los Pandora Papers, y cómo se puede recomendar que se aplique la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, y que a esto se suma que la Contraloría del Estado archivó el examen especial abierto en contra del actual presidente, Guillermo Lasso, en el cual se señala que no hubo pruebas de que tenga bienes y capitales en paraísos fiscales.

Añadió que no es posible que con una investigación basada en una Página 12, hecha en los primeros meses del 2017, se quiera inducir a determinar que se cumple el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, lo cual dijo que es una falta de respeto a la función Legislativa.

Pierina Correa (UNES) cuestionó la resolución de la Contraloría del Estado, que esa investigación solicitada por el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, debía tomarse mínimo unos seis meses; y que si bien los resultados de las investigaciones realizadas por el consorcio internacional de periodistas no constituyen pruebas en sí, pero es material suficiente para que la Fiscalía y la Contraloría actúen. (I)