Debatir sobre los desafíos del sistema penitenciario en Ecuador es lo que juntó nuevamente a los integrantes de la mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen y sumó al embajador de la Delegación de la Unión Europea, Charles-Michel Geurts, y al director del Programa Europeo de Emergencia para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, Paolo Di Sciuva.

La reunión de este jueves en Quito se centró en el análisis para el fortalecimiento del sistema penitenciario y cómo articular acciones para una respuesta efectiva del sistema de justicia. En las mesas participaron autoridades como el general Paco Moncayo, consejero de Gobierno para temas de seguridad; el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública; Katherine Muñoz, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ); Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entre otros.

Mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen plantea a la Asamblea Nacional reformas para corregir errores y vacíos en dos códigos

Moncayo sostiene que la inseguridad y el crimen organizado son un problema nacional. Cree que la mesa que ha juntado a los representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial evidencia que por fin se ha entendido que esta es una situación que no puede enfrentarse desde cada institución por separado.

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“Esto es como tener excelentes músicos, todos son maestros en su instrumento y todos tocando al unísono, es ruido. En Ecuador hemos vivido en seguridad, ruido. Cada quien queriendo hacer lo mejor, cada quien con capacidades de hacerlo, pero no integradas”, explicó el consejero de Gobierno, quien además piensa que se necesita en el tema de seguridad y el combate al crimen organizado un salto paradigmático, entender el problema como realmente es.

Modificar los tipos penales de peculado y lavado de activos, reformar normas rectoras e infracciones en particular, procedimientos penales y diligencias en distintas fases de procedimiento, mejorar al sistema de rehabilitación social y competencia en el juzgamiento de casos especializados en crimen organizado y corrupción son, entre otras, las propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que planteó dos semanas atrás la mesa a la Asamblea Nacional.

Esa fue la segunda iniciativa de reforma presentada por la mesa interinstitucional. La primera fue entregada al Legislativo el 19 de abril último y tenía que ver con modificaciones a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

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Entre las temáticas que se buscaban debatir durante la jornada están: nudos críticos de las reformas y propuestas realizadas por el SNAI en materia de administración de justicia y sistema penitenciario, la clasificación y traslado de personas privadas de la libertad, acceso a beneficios penitenciarios y cambios de régimen, ventajas de las reformas vigentes y perspectivas para mejoras a la normativa, debido proceso en garantías jurisdiccionales y el principio de formalidad condicionada. Además, existió un intercambio de criterios y experiencias entre expertos europeos y funcionarios de diversas instituciones, entre otros.

Entre las autoridades presentes se analizaron también formas para la lucha de manera más eficaz contra el tráfico de drogas y el crimen transnacional. Entre ellas estaría un proyecto de seguridad e inteligencia portuaria para entrelazar a puertos, como el de Guayaquil, directamente con quienes son sus socios europeos en la lucha contra el crimen organizado.

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También, el juez de la Corte Nacional Byron Guillén adelantó que en el interior del máximo órgano de justicia ordinaria del país se está trabajando en una propuesta de reforma para hacer una investigación diferenciada en casos de extralimitación de la fuerza pública. Incluso se estaría hablando de la posibilidad de crear juzgados especializados.

Los planteamientos de este encuentro serán recogidos en una agenda que sintetice los desafíos y nudos críticos del sistema penitenciario, así como las acciones concretas que las instituciones participantes se comprometen a ejecutar. (I)