Corte Nacional niega al conjuez Julio Inga excusa en el caso Reconstrucción de Manabí y lo ratifica para la audiencia preparatoria de juicio

Que el conjuez nacional Julio Inga deberá seguir a cargo del caso Reconstrucción de Manabí, proceso penal en el que uno de los nueve procesados por peculado es el exvicepresidente Jorge Glas, fue la decisión que tomó la también jueza de la Corte Nacionalde Justicia (CNJ), Daniella Camacho, al negar la excusa planteada por su colega de la Sala Penal.Inga presentó su excusa el 6 de septiembre pasado explicando que lo hace porque contra él planteó una denuncia por delito de prevaricato el líder del correísmo y procesado Jorge Glas. Según el conjuez, la excusa estaba relacionada con artículo 572.3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual habla sobre las causas de excusa y recusación, y entre las que está el tener juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años precedentes, si el juicio es civil, y cinco años, si el juicio es penal.Luego de la jueza Camacho verificar si el el conjuez Inga se encuentra inmerso o no dentro de la causal invocada como fundamento jurídico para sustentar su excusa, la magistrada ponente llegó a la conclusión de que la causal de excusa en el presente caso no se adecua a la realidad. Camacho sostuvo que el proceso por el delito de prevaricato se encuentra en etapa de investigación previa, es decir, no constituye un proceso penal aún, mucho menos un juicio como tal.“El doctor Julio Inga Yanza, juez nacional (e), no ha justificado la existencia de la causal 3 del artículo 572 del COIP, pues la existencia de una denuncia por el delito de prevaricato en su contra no constituye ni proceso penal, mucho menos un juicio, por lo que evidentemente no se encuentra causa alguna que ponga en duda su imparcialidad respecto de los sujetos procesales. (...) Se niega la excusa formulada por el mentado Magistrado, quién deberá continuar en el conocimiento de lapresente causa, como ponente en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 082018 del pleno de la CNJ”, sostiene la providencia de la jueza Camacho.El 12 de mayo pasado se cumplieron los cuatro meses definidos para la etapa de instrucción fiscal, en la que se obtuvieron los elementos de cargo y de descargo para definir si todos o solo algunos de los nueve sospechosos deben recibir un dictamen acusatorio que los lleve a fase de juzgamiento. Hasta el momento se han definido por dos ocasiones fechas para la instalación de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero por diversas circunstancias la diligencia no se ha podido concretar.Junto a Glas también son procesados Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del Gobierno de Rafael Correa; Pablo Ortíz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y el exfuncionario de Inmobiliar, Milton Daniel M.Sobre Bernal y Solis pesan órdenes de prisión preventiva, medida cautelar ordenada dentro del caso Reconstrucción de Manabí y permanecen fuera del país. El primero estaría en Miami, Estados Unidos, y el segundo en México.La Fiscalía investiga en esta causa la supuesta desviación de fondos públicos recaudados mediante la Ley de Solidaridad aprobada luego del terremoto de abril de 2016, recursos que debían destinarse exclusivamente a la atención de las zonas afectadas. Básicamente se ha explicado que los hechos imputados a los nueve sospechosos radican en el abuso ejercido al dinero que los ecuatorianos entregaron para recuperar las zonas gravemente afectadas por el terremoto.La teoría manejada por Fiscalía habla de que pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación) fueron adjudicados y establecidos como prioritarios, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto que afectó a varias provincias costeras de Ecuador.En enero pasado, la fiscal general Diana Salazar anotó que la investigación realizada hasta ese momento ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron proceso de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada a familiares de, por ejemplo, apuntó la fiscal, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones. (I)

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