A poco de cerrarse los 90 días de instrucción fiscal dispuestos en el proceso penal en el caso Reconstrucción de Manabí, al exvicepresidente Jorge Glas y otros dos procesados por el delito de peculado la Fiscalía General sumará al exministro de Transporte (MTOP) Walter Solís y a cinco exfuncionarios del periodo correísta. La audiencia de vinculación está definida para este lunes, 1 de abril, a las 14:00, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El proceso penal arrancó teniendo a cargo al juez nacional Luis Rivera, pero, tras su salida de la CNJ, la jueza Rita Bravo avocó conocimiento de la causa abierta el 5 de enero pasado contra Glas como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

En estos casi tres meses de investigaciones, la fiscal general, Diana Salazar, ha obtenido elementos de convicción que le hacen presumir la participación en el delito de peculado analizado del exministro Solís; Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y un exfuncionario de Inmobiliar, Milton Daniel M.

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Tribunal de Corte Nacional ratifica pena de ocho años de cárcel contra exministro Walter Solís por peculado que lo inhabilita para ejercer cargo público a perpetuidad

La fiscal Diana Salazar ha explicado que los hechos imputados al ex compañero binomial de Rafael Correa y a los otros exfuncionarios de ese periodo de gobierno radican en el abuso del dinero público que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Para la Fiscalía, Glas y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana fueran usados y destinados en obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas.

“Respondieron a un ejercicio abusivo para decidir qué obras sí y qué obras no. Se hicieron las obras a dedo. Dichas obras mal priorizadas y, obviamente, abusivamente financiadas con dineros de todos los ecuatorianos ascienden a la cantidad global de $ 367′478.972,30 aproximadamente, sin que ni siquiera varias de estas, al día de hoy, hayan sido concluidas o constituyan alguna utilidad para la población afectada. Se cayeron las casas, pero no construyeron casas; hicieron parques. ¿Para qué? Para beneficiar a sus amigos a dedo”, apuntó la fiscal general.

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Rafael Correa, Ricardo Patiño y Vinicio Alvarado son parte de los correístas a los que Fiscalía convoca a rendir versión en caso Reconstrucción de Manabí

Walter Solís mantiene dos sentencias vigentes. Una de ocho años de cárcel por peculado, ratificada hace poco en segunda instancia, por el uso de recursos públicos que eran parte de una deuda del entonces Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), que pasó a conocerse luego como Secretaría del Agua (Senagua), con la empresa Ondeo Degremont de Francia, pero que fueron desviados para pagar una deuda entre particulares. Solís era en ese momento el titular de la Senagua.

También cuenta con una sentencia en firme de ocho años de cárcel y el pago de $ 778.000 por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016, en el que fueron condenados los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas.

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Desde el 2021, Walter Solís mantiene la condición de refugiado en México. El estatus fue otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego de que el 6 de marzo del 2020 se admitiera a trámite la solicitud de quien se ha mantenido en condición de prófugo de la justicia ecuatoriana.

Con las vinculaciones, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días más, es decir, duraría 120 días en total y concluiría los primeros días del mes de mayo próximo. (I)