Judicatura destituye a cuatro exjueces que ya fueron sentenciados en el caso Plaga por actos de corrupción

Ángel Lindao, Simón García, Joffre Rivera y Byron Orejuela son los cuatro exjueces que fueron declarados culpables y sentenciados a penas de cárcel por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Plaga, a los cuales el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), por unanimidad, destituyó de sus cargos.

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Lindao fue juez de La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, y vía procedimiento abreviado se lo sentenció en Plaga a 35 meses de cárcel; García ocupó el cargo de juez de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no Penales y Adolescentes Infractores de Paján y fue condenado a 28 meses de prisión; Joffre Rivera, exjuez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone, recibió una pena de privación de la libertad de 26 meses; y, Byron Orejuela fue juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Flavio Alfaro y se lo condenó a 36 meses de cárcel. Los tres últimos jueces correspondían a jurisdicciones ubicadas en la provincia de Manabí.

Las sanciones administrativas impuestas imposibilitan el retorno de los profesionales del derecho a la Función Judicial.

Al exjuez de La Concordia, quien además de la condena de Plaga se lo sentenció a 40 meses de prisión en el caso Metástasis, se lo relaciona con actos de corrupción al haber liberado a personas a pesar de estar procesadas por sicariato. Las cuentas del entonces juez se habrían incrementado debido a múltiples depósitos y transferencias de dinero relacionadas con el caso Plaga, entre ellas, una de $ 30.000 de 2023 y otra de $ 2.000 en 2022.

Del exjuez García Tello, la Judicatura analizó que colaboró en calidad de coautor de una organización delictiva. Usando su cargo liberó a integrantes de la organización criminal a cambio de dinero. Su esposa habría recibido transferencias de $ 20.000 en 2022 y $ 730 en 2023. Asimismo, la suegra del entonces juez recibió $ 10.000 y una tercera persona $ 800, todo en 2022. Según la autoridad, todos esos depósitos y transferencias coinciden con la liberación de detenidos.

Respecto del exjuez de Chone Joffre Rivera, se dio que en 2023, un abogado que era nexo entre los procesados y él le depositó $ 10.000. También se dijo que obtuvo $ 15.700 de una mujer que se benefició de medidas constitucionales emitidas.

Finalmente, del exjuez de Flavio Alfaro Byron Orejuela se analizó que a cambio de dinero también liberó a privados de la libertad captados o que eran parte de una organización delictiva. Existiría la evidencia de que en 2023 una de las personas que fueron liberadas de forma irregular le depositó al entonces juez $ 31.000.

Desde el Consejo de la Judicatura se resaltó que las destituciones llegaron debido a que con sus actuaciones los jueces involucrados pusieron en “tela de duda la imparcialidad y honestidad con las que debían actuar en cumplimiento de sus funciones”.

Varios de estos jueces han recibido sentencias penales por otros delitos, son investigados por actos de corrupción en el sistema de justicia o se analiza su comportamiento administrativamente en el CJ.

El 7 de abril pasado, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Édison Cantos llamó a juicio a trece de los catorce procesados dentro del caso Plaga que llegaron a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Todos fueron ubicados como autores directos del delito de delincuencia organizada, pero dos fueron llamados a etapa de juzgamiento en calidad de líderes y otros once como colaboradores. Este grupo se sumaba a los catorce ya condenados por procedimiento abreviado.

La decisión llegó una vez que Cantos determinó que existen los elementos de convicción suficientes para presumir la participación de los trece llamados a juicio en los hechos y la “estructura criminal” investigada dentro de Plaga desde el 3 de abril de 2024. El conjuez recogió lo dicho por la Fiscalía respecto a que la finalidad de esta organización era “destrozar a la administración de justicia” mediante una serie de delitos destinados a la obtención de beneficios económicos y otros de orden material.

En el auto de llamamiento a juicio se explicó que los trece procesados obtuvieron beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de ciudadanos privados de la libertad sentenciados por delitos de robo con muerte, abuso sexual y en otros casos relacionados con organizaciones criminales, para lo cual la cúpula criminal a cargo pudo mover los hilos de esta estructura y se valió de la colaboración de varias personas desde diferentes aristas, tanto en la función pública como en el ámbito privado.

El fiscal subrogante refirió que en el año 2022 se empezó a gestar esta “estructura criminal” liderada por Christian Giovanni R. M., el exabogado del narcotraficante Leandro Norero y quien habría tenido como uno de sus principales coidearios al abogado Lenín Vimos, ya sentenciado en esta causa por procedimiento abreviado. (I)