Jueces de la Corte Constitucional entran a discutir la propuesta de dictamen para definir si Guillermo Lasso va a juicio político

El proyecto de dictamen que determina la procedencia o no del enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso, está listo para el debate de los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC). Este lunes, 27 de marzo de 2023, a las 10:34, la jueza ponente, Teresa Nuques , notificó a la Secretaría General de la Corte Constitucional con la entrega de su propuesta de dictamen previo de admisibilidad sobre el enjuiciamiento político al jefe del Gobierno, Guillermo Lasso, propuesto por la Asamblea Nacional. La magistrada presentó su documento en cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGCC) que le daba tres días, a partir del sorteo que se realizó el viernes último, para elaborarlo. Es decir, debía presentarlo este lunes.Con ello, el presidente de la CC, Alí Lozada, tiene 24 horas para convocar a sesión y otras 48 horas para emitir el dictamen final en el que se determine si procede el juicio político al primer mandatario, impulsado por los legisladores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de PK), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de ID). El plazo para que los jueces se pronuncien sobre este procedimiento político culminaría e l jueves 30 de marzo. Los asambleístas apelan al artículo 129 numeral 2 de la Constitución para interpelar a Lasso acusándolo de incurrir en los delitos de concusión y peculado por hechos de corrupción que se habrían dado en la administración de la E mpresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), en Petroecuador y en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). La ponencia elaborada por la jueza Nuques se mantiene bajo reserva y solo para conocimiento de sus ocho colegas; y, para aprobarse requerirá del voto de una mayoría de seis.De acuerdo con la norma, el dictamen deberá observar tres reglas:Esta será la primera vez, desde la vigencia de la Constitución de 2008, que la Corte Constitucional se pronuncie sobre un juicio político a un presidente de la República, que en el caso de ser admitido a trámite pasará a conocimiento de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que tendrá 30 días para elaborar un informe que recomiende el enjuiciamiento, cuyo efecto es la censura y destitución.De lo contrario, si en su fallo inadmite la solicitud, el pedido de juicio político será archivado. La expectativa por este proceso dio paso a que organizaciones y actores de la sociedad civil, nacionales e internacionales, presenten amicus curiae a los jueces constitucionales, para que sean tomados en cuenta en su decisión.Hasta el mediodía de este lunes ingresaron once recursos de amicus curiae , de los que siete proponentes conminan a la Corte Constitucional a suscribir un dictamen de inadmisibilidad; y, los otros cuatro, recomiendan admitirlo.Entre los que piden que se inadmita el juicio político están un grupo de investigación Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana de Colombia; la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, el grupo Amaru y juristas como José Chalco Salgado, Jorge Barrera de la Universidad de Chile y Francisco Urbina, de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos; y, un escrito planteado por doce representantes de agrupaciones sociales.Los que están a favor de que haya un dictamen favorable al juicio político son ciudadanos juristas como Néstor Toro y Gabriel Pereira; el presidente del partido político Unidad Popular; la presidenta del movimiento Feminista de Mujeres, Soledad Angus.El profesor Francisco Javier Urbina, de la Universidad de Notre Dame , expone en su escrito que un enjuiciamiento político “se somete a requisitos especialmente severos”, por lo que de acuerdo con organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es importante velar por el respeto a las exigencias de debido proceso, el principio de legalidad, derechos políticos y limitaciones a los derechos que aplican a un proceso sancionatorio de tan “alta consecuencia”.“Todas estas garantías se verán frustradas si el proceso se desnaturaliza”, reseña el docente, quien pide a la CC velar porque este instrumento “no implique una distorsión o abuso de la figura del juicio político, así como evaluar su conformidad con los derechos convencionales aplicables”.Otro escrito es de cinco i ntegrantes del grupo de investigación Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana de Colombia , quienes consideran que no se debe admitir el juicio político porque la solicitud no fue propuesta de acuerdo con la Constitución y se vulneran principios constitucionales y derechos políticos.Añaden que la infracción que se imputa no cumple con las exigencias del principio de legalidad y de motivación y porque no es posible aplicar automáticamente, solo por la solicitud de una mayoría un artículo constitucional.El director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, señaló a los jueces que la propuesta legislativa cumple los requisitos constitucionales y que el control político “es una forma de control que los ciudadanos ejercen mediante sus representantes” en la Asamblea Nacional.“En regímenes presidencialistas como el nuestro, esta forma de control permite el ejercicio de los pesos y contrapesos como sustento de la democracia constitucional. La Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de dar paso a este juicio político y permitir que la sociedad, por medio del Parlamento, pueda conocer y juzgar los hechos de corrupción”, dice su comunicación.Soledad Angus, representante del movimiento Feminista de Mujeres, opinó en el documento enviado a la Corte que a los jueces no les atañe el análisis de fondo de los hechos sobre los que se acusa a Guillermo Lasso, por lo que “es menester que se emita dictamen favorable a la solicitud de enjuiciamiento político” y que el mandatario se defienda en el pleno de la Asamblea Nacional. (I)

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