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Juicio político a integrantes del Consejo de la Judicatura trae nuevamente a debate la necesidad de cambios en ese órgano para evitar injerencias

La propuesta de censurar y destituir a tres vocales del CJ no obtuvo los 92 votos para ser aprobada. Solo 87 legisladores respaldaron el planteamiento.

Quito. 02/09/2022. El presidente encargado del CJ, Fausto Murillo (i), fue uno de los tres integrantes de la Judicatura que asistieron al pleno de la Asamblea Nacional para defenderse ante el juicio político planteado ante un supusto incumplimiento de funciones. Cortesía Twitter Asamblea Nacional/El Universo. Foto: El Universo

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Acusaciones de nuevamente querer tomarse la justicia o de tenerla secuestrada es lo que ha escuchado el país las últimas semanas, durante el juicio político llevado a cabo en la Asamblea Nacional. Asambleístas de UNES y el Partido Social Cristiano (PSC) plantearon el proceso contra tres vocales y una expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), ante un supuesto incumplimiento de funciones en la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en 2019.

La correísta interpelante, Viviana Veloz, aseguraba que la justicia hoy estaba “secuestrada” y en eso tenían mucho que ver el presidente temporal del CJ, Fausto Murillo, y los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, al ser funcionales al gobierno de Guillermo Lasso y hacer una evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional, con la consigna de cambiar su conformación y reemplazar a magistrados “incómodos”.

Viviana Veloz: El juicio político a los tres vocales del Consejo de la Judicatura es el primer paso para recuperar la institucionalidad de la Función Judicial

Por su parte, Murillo recordó, como parte de su defensa en el pleno del Legislativo, que entre 2011 y 2018 la justicia estuvo tomada por el correísmo y que metieron las manos en la justicia, a tal punto de que en ese periodo político se enviaban oficios desde la Presidencia de la República, liderada por Rafael Correa, amenazando a jueces con que si no fallan a su favor el CJ de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh estarían tras ellos.

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En la votación del jueves último, la propuesta de censurar y destituir no obtuvo los 92 votos necesarios para ser aprobada. Solo 87 legisladores respaldaron el planteamiento correísta y socialcristiano, mientras que otros 49 asambleístas se abstuvieron por votar.

Este caso aún no se cierra formalmente, pues aún existe la posibilidad de que en el próximo pleno del Legislativo -el cual podría darse esta semana- un asambleísta proponga que exista una reconsideración de esa votación, existiendo como escenarios que se confirmen los números iniciales o en esta segunda oportunidad se alcancen los votos y queden fuera de la Judicatura a los interpelados.

Esta situación entre varios vocales del CJ, que es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, y la nueva mayoría en la Asamblea ha traído una vez más a debate si son o no necesarios cambios en el Consejo de la Judicatura, en cuanto al origen de la conformación o potestades que mantiene actualmente, para así eliminar ese juego político que podría terminar en injerencia.

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En la gráfica legisladores de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), que busca la censura y destitución de tres vocales del Consejo de la Judicatura mediante juicio político. Cortesía Foto: Fernando Sandoval

“En el Ecuador debido a que el poder oscila pendularmente (...) en su momento alguien está en calidad de verdugo y en otro está en calidad de perseguido. Esa es la triste realidad del sistema de justicia en el país: los que ahora son perseguidos, el día de mañana obtendrán el papel de verdugos para precisamente hacer lo mismo, perseguir a sus adversarios. En el tema de la política lo ideal es que entremos a destruir ideas, a destruir ideológicamente posiciones, pero no debe ser la justicia un medio para destruir personas. Y eso es lo que aquí se vive”.

Esa es la visión que tiene el jurista Joan Paúl Egred de lo que ocurre en el país y la injerencia histórica en el sistema de justicia. En lo que tiene que ver con el CJ, él tiene claro que se debería pensar en al menos dos reformas puntuales para que se alejen de alguna forma los intereses políticos de este órgano de gobierno de la Función Judicial.

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Los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, Fausto Murillo y Ruth Barreno, acudieron al pleno para presentar su defensa frente al juicio político presentado en su contra. Cortesía Foto: Christian Medina

La primera tiene que ver con el origen de los miembros del CJ. Egred es partidario de un concurso público de méritos y oposición para seleccionar a esos cinco miembros, en lugar de que sean escogidos de ternas enviadas desde la Presidencia de la República, Fiscalía, Asamblea, CNJ y Defensoría Pública. Así, dice, se garantizaría independencia en el accionar de esos miembros, mas, no responderían a quien los postuló.

Otra reforma en la que se debería pensar, según Egred, es que se determine el ámbito específico de acción del CJ para que este organismo se dedique únicamente a la parte administrativa y no a la sancionatoria.

Ya en enero pasado el presidente Guillermo Lasso anunció su intención de una reforma a la justicia que sea resuelta vía consulta popular. La idea planteaba era una nueva arquitectura institucional del sistema de justicia en la que podría desaparecer el Consejo de la Judicatura. Para el primer mandatario lo que tiene Ecuador hoy es producto de la “novelería” y se inclinaba por una Función Judicial sin CJ.

Fausto Murillo: Estamos conscientes de que es un juicio político y esto es cuestión de votos, más allá de razones

Hace pocos días volvió a hablarse de una consulta popular y del envío de al menos diez preguntas a la Corte Constitucional (CC). Las preguntas que se entregarán para que la CC emita un dictamen versarían sobre seguridad, economía e institucionalidad del Estado. No se ha confirmado aún si el tema de la Judicatura estará incluido en ese paquete que estaría por darse a conocer por el propio presidente Lasso.

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El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Gómez, recuerda que en su tiempo existía el CJ, pero como un órgano administrativo y siempre bajo las directivas del pleno de la CSJ. Por eso defiende que la actual CNJ debe ser el máximo organismo de la Función Judicial y no el CJ que, dice, solo debe ser un ente administrativo. De no ser así, afirma, todo se prestaría para el “manejo político”.

El abogado penalista Miguel Revelo cree que si se piensa en una reforma, esta debe ir encaminada a que la Función Judicial tenga una independencia económica. “La realidad es que en nuestro país siempre se ha tenido sometida a la justicia desde el poder político y eso va a ser difícil de cambiar. Los intentos que se han hecho por cambiar el sistema lastimosamente siempre desembocan en lo mismo: el Ejecutivo, la política manejando el Poder Judicial. (...) El CJ en la teoría nace siendo un órgano administrativo, pero en la práctica se convierte en un órgano de presión”.

Revelo critica por un lado a la Asamblea por “jugar con las necesidades que tiene el pueblo de justicia e interpone sus intereses”, pero también piensa que el accionar de los miembros de la Judicatura no ha sido el adecuado al someterse al poder de turno. Él sostiene que el problema no es el sistema, sino las personas que llegan a él, pues, explica, si serían personas honestas que no responden a los intereses de quienes los proponen, ahí el sistema sí funcionaría. “Si no cambian las personas, la misma sociedad, cualquier sistema que pueda existir, este o cualquier otro, va a fracasar si no hay ese cambio”. (I)

Las posiciones durante el juicio político

“Defendemos la independencia judicial. De ninguna manera la Revolución Ciudadana se tomará la justicia, pues de ser censurados los personeros de la Judicatura entrarán sus suplentes, abiertamente anticorreístas”. Viviana Veloz, legisladora de UNES.

“Basta de pisotear con la institucionalidad del país, basta de pisotear la Ley y la Constitución de la República”. Sofía Espín, asambleísta de UNES

“Los vocales del Consejo de la Judicatura le faltaron el respeto al país con sentencias a la carta”. Jorge Abedrabbo, asambleísta Partido Social Cristiano (PSC).

“Si antes se cuestionó la injerencia del poder político en la justicia, debemos hacerlo también el día de hoy. Hay que ser coherentes”. Esteban Torres, asambleísta del PSC.

“No puedo estar con la justicia odiadora, perseguidora y politizada”. Ricardo Vanegas, legislador de Pachakutik (PK).

“El pacto de la regalada gana parece que nuevamente ha vuelto a este Parlamento. Nadie puede defender a estos vocales que son impresentables, pero tampoco debemos olvidar persecuciones pasadas”. Mario Ruiz, asambleísta de PK.

“El proceso fue técnico y transparente, no como los concursos amañados y sesgados que se realizaban durante la administración de Gustavo Jalkh, durante el correísmo. (...) Liberamos a la administración de justicia de jueces incompetentes”. Fausto Murillo, presidente encargado del CJ.

“La exitosa evaluación a la Corte Nacional de Justicia en 2019 hoy nos cuesta un juicio político y un ataque feroz de actores interesados en filtrarse en la administración de justicia”. Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura. (I)

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