El exministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal pide a la Asamblea Nacional que proceda a archivar el juicio político presentado en su contra y que este 18 de definirá si continúa o no el proceso de interpelación.

La solicitud de juicio la presentó el exlegislador de Pachakutik Mario Ruiz, en diciembre de 2022, pero el inicio del proceso se prolongó por una serie de pedidos de juicios que antecedieron a este y además por la aplicación de la llamada “muerte cruzada”, que implicó el cierre de la Asamblea y, por lo tanto, la suspensión de plazos en la tarea legislativa y de fiscalización del Parlamento.

El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, convocó para las 15:30 de este lunes, 18 de diciembre, al pleno de la Asamblea para conocer y resolver sobre el contenido de un memorando presentado por la Comisión de Fiscalización, donde resolvió trasladar la petición de juicio contra el exministro Esteban Bernal, para que resuelva lo pertinente.

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Asamblea Nacional es convocada para ratificar la prelación de juicios políticos contra Esteban Bernal y miembros del Consejo de la Judicatura

Según el exfuncionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el procedimiento aplicado por la Comisión de Fiscalización y el contenido del juicio político en su contra existe una serie de vulneraciones y vicios de procedimiento.

En el documento sostiene que el inicio y la motivación del juicio político presentado por el entonces asambleísta Mario Ruiz desconoce la normativa que rige los bonos y pensiones que se entregan como ayuda social a las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Bernal señaló que la actuación de la Comisión de Fiscalización en la sesión del 13 de diciembre de 2023, con respecto a los seis juicios políticos represados, fue en extremo discrecional en su contra, pues entiende plenamente que, al no existir proponentes, la ley no faculta su reemplazo, pues la mesa resolvió archivar cuatro juicios.

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Además, recuerda que en derecho público se hace exclusivamente lo que está escrito, y cambiar de proponente no existe en la normativa jurídica; por ello se archivaron los juicios a sus excolegas de gabinete; pero que, cuando se trata del juicio a Bernal, agrega, la comisión aprueba de manera ininteligible que sea el pleno quien resuelva, generando así una fiscalización selectiva.

También observó que el oficio remitido al presidente de la Asamblea Nacional por parte de la Comisión de Fiscalización se desprende de una incongruencia entre lo resuelto y lo recogido en el acta que adjuntan, pues lo aprobado es que el pleno de la Asamblea resuelva lo pertinente en cuanto al cambio de proponente, algo inexistente en nuestra legislación. Además, la resolución no tiene motivación, como lo exige todo tipo de procedimiento jurídico, manifiesta.

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Bernal considera que esto es una clara vulneración de todo procedimiento y derechos consagrados en la Constitución de la República, y que lo único que se busca, a su criterio, es bloquear su participación política para el 2025; y segundo, atropellar toda norma jurídica para avanzar lo más rápido posible, para llegar al juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, planteado por el movimiento Revolución Ciudadana. (I)