La detención de Leonidas Iza impacta en los movimientos sociales, quienes cierran canales de diálogo con el Gobierno

La detención de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ahondó la hostilidad en los manifestantes que protagonizan el paro nacional indefinido, quienes anticipan el cierre de mecanismos de diálogo con el Gobierno de Guillermo Lasso.

La noticia se difundió rápidamente en las comunidades de la Sierra norte y sur, que resolvieron incrementar el cierre de carreteras para exigir al presidente Guillermo Lasso la liberación de Iza.

“Exigimos la libertad de Leonidas Iza”, se leía en un pizarrón que obstaculizaba la Panamericana sur, en dirección a Cotopaxi, de donde el dirigente es oriundo.

Desde tempranas horas de la mañana, habitantes de esa provincia empezaron a organizarse. En la salida sur de Quito, comuneros se concentraban en la vía para escuchar las resoluciones de las directivas. Camiones los esperaban para trasladarlos hasta Latacunga para, en horas de la noche, según les informaban, ingresar a la capital y exigir la libertad de su presidente.

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Minutos antes del mediodía, los camiones movilizaban a decenas de personas que empezaron a bloquear con llantas quemadas los accesos a Quito por Tambillo, Santa Rosa, Cutuglahua. El paso se cerró y se formaron largas filas de vehículos, cuyos conductores esperaban con desesperación trasladarse a los destinos, mientras efectivos de la Policía Nacional alertaban de los cierres.

En ellos había recelo de acercarse a los manifestantes para buscar desbloquear los pasos, pues no toleraban ni la presencia de la prensa, a quienes se los amenazaba con quitarles sus cámaras para evitar ser grabados.

El paro nacional se inició a la medianoche del lunes para exigir el cumplimiento de diez demandas al régimen, que dejaron de ser la consigna de esta medida para concentrarse en exigir que Iza sea puesto en libertad.

Iza se concentró desde el lunes en el sector de los Chasquis, vía a Cotopaxi, desde donde coordinaba las medidas de hecho. También se movilizaba a las comunidades para alentar a plegarse a la protesta.

Pasada la medianoche de este martes, 14 de junio, fue detenido en Pastocalle mientras se movilizaba en su vehículo con sus coidearios. Fue trasladado a la Unidad de Flagrancia en Quito, en donde se preveía la audiencia de formulación de cargos.

Para defender la detención, el Ministerio del Interior divulgó un video en el que se observa que le leyeron sus derechos. “Usted ha sido aprehendido en delito flagrante por sabotaje”, le informa un oficial de la Policía. “Tiene derecho a un abogado, derecho a guardar silencio y derecho a comunicarse con un familiar”, se le dijo.

En Quito, la Unidad de Flagrancia se revistió de mallas metálicas y tuvo la presencia de decenas de miembros de la fuerza pública, incluso de las Fuerzas Armadas, para evitar desmanes.

A eso de las 10:30 de la mañana se trasladó a Iza en helicóptero hasta Latacunga, pues su equipo de abogados presentó una acción de habeas corpus para buscar su liberación, alegando que fue detenido de forma ilegal.

Previamente, a eso de las 09:30, la Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que conoció a través de las redes sociales la detención del dirigente, pero que hasta ese momento no había sido puesto a órdenes de la institución y no se le había hecho llegar el parte policial.

Más tarde, la Fiscalía comunicó que llegó a su sede dicho parte policial y que las diligencias se realizarán en la jurisdicción correspondiente, en la que fue aprehendido, es decir, Cotopaxi.

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Esta acción de la Policía Nacional generó rechazo en las dirigencias de varias organizaciones sociales, que se unieron para exigir que Iza sea puesto en libertad, y adelantaron que la posibilidad de entablar un diálogo con el Gobierno se diluye.

“Hoy no habrá diálogo mientras no exista la libertad. Ministros, dejen de estar llamándonos a nuestros celulares; se acabó todo tipo de diálogo mientras no exista la liberación de Iza”, sentenció Marco Toquetón, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Evangélicas del Ecuador (Feine), quien a su vez animó a las bases sociales a unirse a las medidas de hecho. “No nos vamos a echar para atrás ni nos vamos a vender”, mencionó.

Agustín Cachipuendo, dirigente de Fortalecimiento Organizativo de la Conaie, dijo que los diez pedidos al Gobierno cambiaron a once; el primero es exigir la libertad de Iza.

“La gente está enardecida. (…) La agenda de las organizaciones sociales tiene ahora un punto principal: la liberación de Leonidas Iza”, añadió Cachipuendo.

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), exigió la libertad de su compañero, porque fue arbitraria y violatoria de los derechos colectivos y tratados internacionales.

Calificó este suceso de un secuestro de Estado, y advirtió que se mantendrán en pie de lucha. “No vamos a claudicar. Exigimos la libertad inmediata de Leonidas Iza; caso contrario, nos iremos a la autonomía de la Amazonía y no pueden llevarse a Quito y Guayaquil” el petróleo que sea extraído, acotó.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinosa, anotó que desde este martes aumentarán los puntos de cierre en las carreteras y no descartó que los manifestantes lleguen a Quito en las próximas horas.

En tanto, en la capital, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció que suspendía las mesas de diálogo que se mantenían con el Ministerio del Trabajo y las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Ángel Sánchez, presidente del FUT, condenó la detención de Iza y la criminalización de la protesta social.

“Mientras nuestros compañeros estén luchando por defender sus derechos, el FUT no acudirá a las mesas de diálogo que estaban instaladas para elaborar el Código de Trabajo y sobre la situación de la seguridad social”, indicó Sánchez.

En las calles de Quito, estudiantes y dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y del Frente Popular iniciaron una movilización para también rechazar la criminalización de las protestas y la aprehensión de Iza.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, recalcó que se “rompía el diálogo” con el Gobierno mientras no se resuelvan las necesidades del país. (I)