Su coideario Juan Fernando Flores (CREO) cree que se debería ir más allá y evaluar si lo que dijo Rohón es verdad y qué respuesta están dando a los temas de seguridad ciudadana y generación de empleo.“Cuando vamos a discutir temas importantes ni siquiera participan. Hay legisladores que no les interesa la Asamblea. Se han dedicado a conspirar. ¿La Asamblea está trabajando? Pero quiénes son los asambleístas que están trabajando”, cuestionó, y enfatizó que el presidente Lasso está ocupado en responder en materia de seguridad e impacto social.Por su parte, el Gobierno descarta recurrir a esta herramienta. “No, el Gobierno no ha tomado una decisión sobre la muerte cruzada, todos entendemos que se trata de un instrumento constitucional, previsto para solucionar las crisis políticas cuando estas llegan a un extremo de gravedad que el país no puede salir. Pero no es ese el caso en este momento, el Gobierno busca conversar, priorizar el diálogo con los distintos bloques para buscar medidas civilizadas y de consenso”, aseguró Carlos Jijón, vocero de la Casa de Gobierno, en declaraciones públicas este 14 de marzo.Insistió en que la muerte cruzada es “una última opción si es imposible seguir avanzando, pero no es la situación en este momento”.En todo caso, a la evaluación interna que surge desde las filas legislativas está la que plantean grupos sociales.El detonante fue la aprobación de la resolución legislativa del 10 de marzo pasado, cuando con 99 votos de los asambleístas se aprobó otorgar 268 amnistías, de las cuales 60 se dieron a varios actores políticos que participaron en las violentas protestas de octubre de 2019.Los proponentes son un colectivo conformado por representantes de los sectores comerciales, empresariales, profesionales de Quito, ciudad que fue la más afectada por las paralizaciones que se mantuvieron durante doce días.Uno de los representantes, Milton Castillo, definió como una “aberración” la aprobación de este paquete de amnistías, del que no entiende “cómo los asambleístas por Pichincha dieron sus votos para que se perdone a quienes mancillaron a la ciudad”.La acción apuntaría a legisladores de UNES, Pachakutik y de la Izquierda Democrática (ID) de Pichincha, que con sus votos aprobaron el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Fernando Cabascango (PK) y elegido por el Distrito 3 de Pichincha.“El propio Fernando Cabascango prefirió darle paso a los intereses de su grupo político, por encima de la ciudad y la provincia que le eligió”, refirió Castillo, quien advirtió que si se plantea que se vayan por este mismo hecho asambleístas de otras provincias, se deberá conversar con los pobladores de esas zonas.El artículo 105 de la Constitución señala que la solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada.Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria del mandato y la solicitud deberá respaldarse por un número no inferior al 10 % de personas inscritas en el registro electoral.El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito Patricio Alarcón, otro integrante del colectivo quiteño, afirmó que evalúan iniciar estos procesos luego del 14 de mayo próximo, cuando los legisladores cumplen un año en funciones.Ahí procederán con la recolección de firmas y los trámites necesarios para que se les retire el mandato a aquellos que respaldaron con sus votos una “injusticia” contra la capital, el Ecuador y sus habitantes.“La Asamblea no está trabajando en reformas estructurales, en lo que necesita la ciudadanía. Se pasan en estas discusiones del Consejo de Participación Ciudadana, que tienen que defender el cargo de Guadalupe Llori, que las amnistías para defender cierta mayoría móvil dentro de la Asamblea. Tenemos que exigirle a la Asamblea que trabaje por los ciudadanos y no sigamos con estas rencillas políticas que tanto daño han hecho a los ecuatorianos y ahora peor, dejando libres a una cantidad de delincuentes y terroristas que destruyeron Quito”, apuntó Alarcón.La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que una autoridad puede ser revocada por tres motivos, entre ellos, el incumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. (I)","isAccessibleForFree":false,"hasPart":{"@type":"WebPageElement","isAccessibleForFree":"False","cssSelector":".paywall"}}
La bancada Unión por la Esperanza celebra la votación obtenida la madrugada del 10 de marzo de 2022, donde la Asamblea Nacional concedió amnistía a sus líderes políticos Paola Pabón y Virgilio Hernández. Foto: Cortesía de la Asamblea Nacional. Foto: MAURICIO MUNOZ
Ante la crisis de gobernabilidad desatada en el interior de la Asamblea Nacional surgen nuevamente las voces que plantean dar paso a la denominada muerte cruzada, pero a esto se suma la propuesta de la sociedad civil de iniciar la revocatoria de mandato de 99 asambleístas, en especial de los representantes de Pichincha, que respaldaron la concesión de 268 amnistías.