La política de seguridad de Guillermo Lasso va de los estados de excepción a declarar el terrorismo como amenaza

El gobierno de Guillermo Lasso recurrió a una segunda alternativa considerada como una estrategia para la seguridad pública a aplicarse en contra del crimen organizado, como es la de declarar como actos terroristas los que cometan grupos violentos.Este 27 de abril de 2023, por una decisión política unánime de los titulares de las funciones del Estado que conforman el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) resolvieron declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado; así como declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado.En esa cita reservada que se desarrolló en la Casa de Gobierno, participaron los titulares de la Función Legislativa Virgilio Saquicela; de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela; de la Fiscalía General Diana Salazar; los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ministros de Estado.Para ejecutar las acciones se está a la espera de que el presidente de la República Guillermo Lasso suscriba el decreto ejecutivo en el que se precise las medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales.Esto implicará una actuación directa de las Fuerzas Armadas, quienes podrán hacer uso legítimo de la fuerza y, si es necesario el de armas letales para responder a los ataques, manifestó el ministro de la Defensa Luis Lara Jaramillo , sin que hasta el momento, se mencione cuáles son esos grupos delincuenciales con los que iniciarán el contraataque.“Las Fuerzas Armadas no vacilarán en poner en práctica su experiencia. ¡Es hora de decir basta!”, a hechos criminales, apuntó Lara en una declaración de prensa realizada este 28 de abril de 2023.A las acciones de la institución castrense se unirán los miembros de la Policía Nacional, en un trabajo “coordinado”, indicó el ministro del Interior Juan Zapata.La autoridad explicó, este viernes, que no se ha mencionado los nombres de aquellos grupos criminales a los que se consideren terroristas; al contrario, lo que se busca es dar la posibilidad a la fuerza pública para que tome acciones inmediatas y urgentes en las que se pueda hacer uso de dispositivos letales frente a “cualquier hecho de intimidación y terror”, acotó Zapata.En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el terrorismo está tipificado en el artículo 366 que señala: a la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos. Quienes incurran en este delito será sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años.La norma precisa diez acciones sobre las cuales puede determinarse el delito del terrorismo, como las estipuladas en el numeral 9, que recae en “la persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa”.Y, también la del numeral 10, que se refiere a la “realización de estos actos y se produzca la muerte de una o más personas”, que será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.A propósito de esta declaratoria, la Presidencia de la República divulgó una cadena nacional la noche del jueves en la que resaltó dos “decisiones” en el marco de la seguridad ciudadana.La primera, la designación de los generales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Paco Moncayo, como consejero de Seguridad del jefe de Estado y Wagner Bravo como secretario de Seguridad Pública y del Estado, en reemplazo de Diego Ordóñez.La segunda decisión, es la declaratoria al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado.Esta se consideraría como una segunda alternativa a la que se acoge el gobierno de Lasso, pues en sus dos años de administración ha optado por recurrir a los estados de excepción, que hasta la actualidad s uman alrededor de diez decretos ejecutivos sustentados en la existencia de una “grave conmoción interna”. Para el catedrático y analista en temas de seguridad, Daniel Pontón, esta decisión muestra la intención del régimen de dar un mensaje de “fuerza, fortaleza al crimen; y, por otro lado, recomponer su imagen alicaída frente a este tema”.No obstante, la pregunta es: “hasta qué punto esto va a servir para un control efectivo, pues puede tener efectos a corto plazo, no de mediano y largo plazo, porque este tipo de estrategias se mimetizan rápido en el ambiente y la cotidianidad y estos grupos criminales lo saben y saben cómo atacar”, se preguntó Pontón.El catedrático señaló que el Ejecutivo ha adoptado como su estrategia de confrontación a este problema los estados de excepción y la militarización de las calles, por lo que desconfía de la medida.“Esto parecería más de lo mismo, aunque se eleva al nivel del Cosepe para darle fuerza. Sin embargo, la estrategia no ha sido efectiva en un gobierno poco resiliente y poco capaz de adoptar otro tipo de estrategias para enfrentar este problema”, cree Pontón, quien advierte que estas estructuras no están “bien delimitadas y eso puede generar excesos”.Ejemplificó que en el gobierno de Rafael Correa se procesó a activistas políticos por el delito de sabotaje y terrorismo, porque el objetivo era tenerlos en las cárceles. Aunque, en la actual coyuntura, al producirse un evento violento, quienes sean procesados por asesinato se añadiría el agravante del terrorismo.De su lado, el coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, Alberto Molina, cree que esta medida debió haberse adoptado mucho tiempo atrás, pues existe un cobijo legal que permite actuar frente a actos que podrían considerarse como terroristas, con base en los numerales 9 y 10 del COIP.A criterio de Molina la aplicación de estados de excepción ha sido positiva para confrontar hechos criminales, aunque su limitante es el tiempo y las restricciones legales.“Con esta declaratoria de actos terroristas, las medidas tendrán más alcance, como en el caso de un ataque con fusiles, las Fuerzas Armada no van a responder con pañuelos”, opinó el coronel, quien recordó que en el gobierno de León Febres Cordero se convocó a la institución militar para contrarrestar las acciones del movimiento político Alfaro Vive Carajo (AVC).“En ese entonces, el expresidente utilizó a las Fuerzas Armadas cuando era una cuestión ideológica; y ahora, con más razón que es una cuestión delictiva, con condimento de bandas de narcotráfico y mafias que cometen actos de terrorismo”, reflexionó el coronel. (I)

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